La situación de la Policía Local de Gijón divide a la izquierda mientras SIPLA-CSLA mantiene sus protestas

La propuesta del PSOE de reorganizar y ampliar el cuerpo se topa con el rechazo de IU y Podemos, que acusan a los socialistas de «populismo» y de asumir el discurso de Vox; el Gobierno responsabiliza al Principado de su necesidad de recurrir a interinos

Son tiempos tensos los que se viven en el seno de la Policía Local de Gijón. Con la parte de la plantilla representada por el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias-Confederación de Seguridad Local y Autonómica (SIPLA-CSLA) en pie de guerra por la falta de una adscripción de puestos de trabajo definitivos, sus protestas siguen sucediéndose mes a mes ante ante la Casa Consistorial, coincidiendo con la celebración de los Plenos. Así, la jornada de este jueves no fue una excepción… Aunque, esta vez, el debate no se limitó a la plaza Mayor. Porque una propuesta del Grupo Municipal Socialista para acometer la ampliación y reorganización del citado cuerpo, incluida la atención a las demandas sindicales, finalmente rechazada, degeneró en un airado intercambio de acusaciones entre los autores de la idea, por un lado; la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, por otro, y el tándem IU-Podemos, como tercer actor. Todo ello, tan solo tres días después de que se presentase un Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana que no acaba de convencer ni a la oposición, ni a los agentes, y mientras, a pocos metros, en la plaza, los silbatos, bocinas y vuvuzelas de los concentrados atronaban.

Si la piedra angular del citado plan es la ampliación del número de efectivos de la Local hasta un máximo teórico de 350, la edil socialista Marina Pineda arrancó su exposición dejando claro que la ratio recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para una ciudad con la densidad poblacional de Gijón «nos sitúa en unos 420 policías, cifra lejana de los 327 que figuran en la plantilla actual, y muy alejada de los efectivos reales, que son en torno a 275, más 31 interinos». No obstante, prosiguió Pineda, «los problemas (del cuerpo) más allá de incrementar la plantilla». Efectivamente, a su juicio es precisa una reestructuración integral de la fuerza, incluyendo «plantillas, servicios, turnos, equilibrar los efectivos de cada una de las necesidades específicas, determinar los medios materiales…». A ese respecto, la socialista puso el foco en cuestiones como el escaso adiestramiento que los agentes reciben en el manejo de su arma corta reglamentaria, o el excesivo recurso a la interinidad. Flancos todos ellos necesitados de una atención pormenorizada, toda vez que «el índice de criminalidad, en Gijón, se ha ido incrementando progresivamente un 8,03% en el último año, y un 14,4% desde 2022».

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«Lo que pedimos es una planificación seria a corto, medio y largo plazo», resumió Pineda, antes de afear tanto la apertura de la nueva comisaría, que «inauguraron en un gran acto sin tener en cuenta que el edificio aún tiene muchos problemas en materia de prevención de riesgos», como la incapacidad del área de Bravo para aprobar «siquiera la valoración de puestos». Elementos todos que, a su parecer, contribuyen a conformar un balance muy pobre. Y a ello se sumaría, aseveró en tono virulento, el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana antes mencionado, del que, criticó, «solo hemos recibido tres páginas, con diez puntos; casi da vergüenza ajena, y no sabemos cuál es el presupuesto, quién ha participado en su elaboración…». Fue el último argumento necesario para que la edil del PSOE rematase su presentación de la propuesta lanzando una andanada directa a la actual titular de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. «No sé si su osadía se debe al desconocimiento o al desinterés más absoluto, pero no ha engañado a nadie con este plan improvisado», apostilló.

Sobra aclarar que la aludida, Nuria Bravo, no se quedó de brazos cruzados… Pese a no hacer mención alguna al plan en cuestión, argumentando que a los socialistas «parece no importarle» -aunque sí dejó constancia de que esas cuatro páginas «eran solo una presentación, un PowerPoint»-, la edil forista pasó al contraataque cargando sobre terreno político, indicando a Pineda que «esa ratio recomendada por la FEMP también debería haber existido entre 2019 y 2023, cuando ustedes gobernaron, pero no hicieron nada». Es más, Bravo criticó que fue durante mandatos socialistas cuando la plantilla de la Policía «descendió hasta 274 agentes, un mínimo histórico», y se defendió de la acusación de excesivo uso de interinos alegando que, dada la escasa oferta de plazas emitida por el Principado, aunque «no es nuestra figura favorita, no nos queda otra». Pero los asaltos contra la posición del PSOE no provinieron solo del Gobierno… Con Vox fuera de la ecuación, al estar su portavoz ausente del Pleno en ese momento, Olaya Suárez, portavoz de Podemos, reconvino a Pineda por «traer, literalmente, un asunto que trajo Vox el Pleno pasado»; por ir «a rebufo de la ultraderecha», y por haber incurrido «en varios errores de enfoque». Por su parte, el concejal de IU Alejandro Farpón sentenció que «la defensa de los servicios públicos es incompatible con el sensacionalismo y el populismo», e instó a, en primer lugar, «completar la plantilla; a partir de ahí, habrá que analizar si está dimensionada, o no, y tomar decisiones».

Finalmente, los votos en contra del Ejecutivo y las abstenciones de las dos formaciones a su izquierda dejaron al PSOE como único defensor de su fracasada propuesta, pero no sin que antes Pineda librase un tenso duelo dialéctico no con Bravo, sino con la alcaldesa, Carmen Moriyón. Poco después de que la edil socialista acusase a la titular de Seguridad Ciudadana de ser poco creíble, y de que defendiese la gestión de la Policía Local hecha por su partido en tiempos pasados -incluido, citó, el aumento de los efectivos hasta los 325 actuales-, la regidora tomó la palabra en defensa de su concejala, afeando a Pineda que, en lo referente a credibilidad, «usted nunca la tuvo». Moriyón también reprendió a la socialista por no haber firmado un convenio con los agentes cuando el PSOE ostentaba el poder, y preguntándole por qué, algo a lo que la interpelada respondió aduciendo que los sindicatos «no me lo pidieron». Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la alcaldesa. Visiblemente alterada, Moriyón pasó al asalto desempolvando hechos como que «fue el PSOE el que paralizó la obra» de la nueva comisaría, y Foro, la fuerza que «aprobó el modificado y relanzó la obra». Y terminó con una reflexión: «da vergüenza ajena que lo que el comisario pidió como gesto para sentarse a hablar para cesar las protestas fue que se les devolviese al informático que tenían. ¡Si hasta les quitaron un informático! Con eso se resume todo lo que trabajaron por la Local».

No obstante, a esa misma Local -o, al menos, a parte de ella- no pareció importarle semejante cruce de reproches, acusaciones y miserias, pasadas o presentes. Porque, para los concentrados en la plaza Mayor, todo se resumen en la necesidad urgente de esa valoración de puestos de trabajo tan largamente pedida. Sobre el particular, representantes del SIPLA-CSLA relataron a este diario que «el concurso de traslados lo paralizó la directora general de Recursos Humanos de la actual Corporación», aunque reiteraron estar abiertos a «sentarse y negociar», incluyendo en las conversaciones la igualmente reclamada «subida del componente variable, que está pactada en el convenio para 2027». Y todo ello, antes de noviembre. Eso sí, por el momento no se han registrado avances… Y el recientemente presentado Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana tampoco convence. «Sencillamente, no nos salen los números; ahora mismo no somos 311, sino 307, y si este año hay previstas catorce jubilaciones…», ahondan. Además, de esos 307, «31 son interinos, de los que veintidós están ocupando plazas hasta que se incorporen los que se están formando en La Morgal, así que llegar a 350 agentes con funcionarios de carrera es imposible».