UCE-Asturias acusa a la concesionaria Aucalsa de un presunto delito de estafa por el peaje de la AP-66 y sostiene que la prórroga hasta 2050 es ilegal, mientras el conflicto institucional y judicial en torno a la autopista se intensifica
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la concesionaria Aucalsa por un presunto delito de estafa relacionado con el cobro del peaje de la autopista del Huerna (AP-66). La organización sostiene que existe un “abuso sistemático y continuado” hacia los usuarios y calcula que las cantidades recaudadas de forma “ilícita” superan los 200 millones de euros en los últimos cinco años. El anuncio fue realizado este viernes por el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, en rueda de prensa, donde explicó que la entidad ha optado por la vía penal tras haber acudido previamente a la vía administrativa. Según señaló, los hechos denunciados “rozan lo delictivo” y deben ser analizados bajo el Código Penal.
Uno de los principales argumentos de la denuncia se centra en el cobro íntegro del peaje pese a que, según la organización, alrededor del 40% del trazado de la autopista se encuentra actualmente en obras. La UCE considera que esta situación supone una “cláusula abusiva”, al entender que se estaría cobrando un servicio que no se presta en su totalidad. En este sentido, la organización recuerda que hace dos meses ya presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias, en la que estimaba en unos 12 millones de euros las cantidades cobradas de más por este motivo. En ese procedimiento también solicitaba una sanción de cerca de 60 millones de euros, aplicando el multiplicador previsto en la normativa de consumo para infracciones graves.
UCE-Asturias ha instado además al Gobierno autonómico a abrir expedientes sancionadores, al considerar que existen indicios suficientes basados en documentación e inspecciones realizadas. La organización reclama no solo sanciones a la empresa concesionaria, sino también la devolución de las cantidades que, a su juicio, habrían sido cobradas indebidamente a los usuarios. Otro de los ejes de la denuncia se refiere a la prórroga de la concesión de la autopista hasta el año 2050. Según el presidente de la UCE, esta extensión ha sido calificada de “manifiesta ilegalidad” por la Comisión Europea, lo que, a su entender, refuerza la tesis de que los cobros posteriores a 2021 podrían haberse producido en un marco irregular.
La organización sostiene que desde ese año los usuarios han abonado en torno a 200 millones de euros en concepto de peaje que considera “ilegal”. En este contexto, Alonso cuestionó que el Ministerio de Transportes no haya revisado de oficio la decisión adoptada en el año 2000 que permitió la ampliación de la concesión. Asimismo, criticó la postura del Gobierno central, al que acusó de “mirar para otro lado”, y calificó de “indolente” la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que no se ha dado respuesta suficiente a las demandas planteadas tanto por el Ejecutivo asturiano como por la Comisión Europea.
