Sindicatos, colectivos sociales y vecinos exigen actuaciones inmediatas para frenar los precios y poner en uso las viviendas vacías

Una manifestación recorrió este sábado las calles de Gijón para reclamar el derecho a una vivienda digna y denunciar la especulación inmobiliaria que, según los convocantes, está agravando la crisis habitacional. Bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida. Su negocio, nuestra ruina’, la movilización partió a las 12.00 horas desde la Plaza del Humedal y reunió a cientos de personas.
La protesta fue convocada por el Sindicato de Inquilinos y el Sindicato de Vivienda con el objetivo de exigir soluciones urgentes ante el incremento de los precios del alquiler y las dificultades de acceso a una vivienda. Entre las principales reivindicaciones de los organizadores figuraban la implantación de contratos indefinidos de alquiler, el fin de los desahucios, la desmercantilización de la vivienda pública, la ilegalización de las empresas de desocupación y la expropiación de viviendas vacías y destinadas al uso turístico.
A lo largo del recorrido, los participantes mostraron también su apoyo a varios inquilinos que, según denunciaron los convocantes, están siendo presionados para abandonar sus hogares con el fin de transformar los inmuebles en pisos turísticos.
La movilización contó con el respaldo de asociaciones vecinales, colectivos sociales y formaciones políticas, así como con la presencia de representantes de los dos sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CCOO.
Durante la marcha, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, reclamó la adopción de medidas «extraordinarias, inmediatas y valientes» para hacer frente a la crisis de vivienda. «La vivienda no es un negocio», afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de incrementar el parque público residencial, disponer de más suelo público y fomentar la promoción de vivienda privada a precios sociales.
No obstante, Fernández Lanero advirtió de que este tipo de actuaciones requieren tiempo y que sus efectos podrían tardar entre seis y ocho años en hacerse visibles. Por ello, insistió en la necesidad de impulsar actuaciones urgentes. Entre ellas, destacó la conveniencia de movilizar las viviendas vacías para incorporarlas al mercado del alquiler, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos.
Por su parte, la responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, aseguró que la vivienda «se ha convertido en un problema estructural» que genera desigualdad y limita la capacidad de muchas personas para afrontar otros aspectos esenciales de la vida cotidiana.
García señaló que existen diversas herramientas para abordar esta problemática más allá de la construcción de nuevas viviendas. En este sentido, defendió que la vivienda sea reconocida como un derecho subjetivo fundamental para que toda la ciudadanía pueda reclamar su acceso efectivo. Asimismo, apostó por poner en circulación viviendas vacías, recuperar inmuebles deshabitados y fomentar la rehabilitación del parque residencial existente.
La representante sindical alertó además sobre el impacto que tienen los grandes fondos de inversión, los grandes tenedores y otros actores del mercado inmobiliario en el encarecimiento de la vivienda. Según afirmó, es necesario impedir que la vivienda continúe siendo objeto de un negocio que perjudica especialmente a las personas más vulnerables y a quienes, pese a contar con un empleo, no pueden acceder a una vivienda en condiciones asequibles.