La fundación en defensa de los animales denuncia que desde 2016 se han producido quince incidentes similares, y afea la «inacción» del Gobierno autonómico a la hora de atajar la cuestión; el caso ha sido elevado a la Fiscalía de Medio Ambiente
¿Debería figurar el lobo ibérico en el catálogo de especies protegidas? ¿O, tal vez, no debería estar integrado en dicho documento? La cuestión es espinosa, desde luego, capaz de alentar opiniones para todos los gustos e, incluso, de exacerbar los ánimos más templados. Lo que ni este tema, ni ningún otro debería motivar es la decisión de tomarse la justicia por la propia mano, una aparente obviedad que, sin embargo, el reciente hallazgo de dos ejemplares de dichos animales colgados de un cartel en el término municipal de Ponga ha hecho tambalearse. Y no es la primera vez. Así lo ha denunciado la organización internacional WWF (World Wide Fund for Nature, o Fondo Mundial para la Naturaleza), que este lunes ha alzado la voz para denunciar la «impunidad» con la que en Asturias se desarrollan lo que sus miembros entienden como «reiteradas prácticas mafiosas«. Tal es la gravedad que dicha fundación percibe en la cuestión, que ya ha elevado el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.
«Desde el año 2016 se han producido una quincena de crímenes similares, con lobos muertos y decapitados tirados en supermercados, colgados de señales de tráfico o puentes, o arrojados a piscinas, sin que nadie haya sido llevado ante la justicia por ello», recuerdan desde la WWF. El mismo concejo de Ponga ha sido escenario de eventos análogos en el pasado; baste señalar que en mayo de 2023 dos cabezas de lobo fueron colocadas en las escaleras de acceso al Ayuntamiento, precisamente el día en que iba a celebrarse una reunión del Gobierno autonómico. De ahí que en el Fondo exijan al Principado, a la Fiscalía y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) una investigación a conciencia. Por su parte, la organización se personará en los procedimientos judiciales y administrativos que se abran al respecto, y «trabajará sin descanso para que los responsables reciban una condena ejemplar».
Paralelamente, la WWF rechaza la reacción del Gobierno autonómico ante el suceso acontecido el pasado fin de semana. Sus miembros entienden que el Ejecutivo presidido por Adrián Barbón «ha aprovechado este nuevo crimen para reclamar la desprotección de la especie y la vuelta a un modelo de gestión basado en matar lobos, que se ha demostrado inútil para reducir los ataques al ganado, en lugar de impulsar de forma decidida medidas de coexistencia y de prevención de daños». Todo ello, concluye el secretario general del Fondo en España, Juan Carlos del Olmo, contribuye a dibujar un panorama desolador, según el cual «el furtivismo campa a sus anchas en Asturias desde hace demasiado tiempo, y los lobos se están matando de manera totalmente impune». Así las cosas, instan a que el Principado «acabe con estos crímenes macabros, que solo pretenden chantajear a las Administraciones y a la sociedad», y a que «trabaje en serio para asegurar la coexistencia con el lobo, una especie que merece la máxima protección por su papel clave en los ecosistemas».
