Las familias del Río Piles responden: «No queremos expulsar a nadie, queremos soluciones»

El colectivo acusa a Educación de actuar con medidas «insuficientes», cuestiona los informes de inspección y denuncia que la violencia sigue presente en las aulas

El colectivo de familias del Colegio Público Río Piles ha respondido a las declaraciones realizadas en los últimos días por la madre de un alumno con necesidades educativas especiales y por responsables de la Consejería de Educación para aclarar que su reivindicación no persigue la salida del menor del centro, sino la adopción de soluciones eficaces ante los problemas de convivencia que denuncian desde hace meses.

En un comunicado difundido este miércoles, las familias aseguran que «nunca» han puesto en duda «el derecho de su hijo a la escolarización en un centro público», ni tampoco se han referido al menor como un “criminal”, tal y como, a su juicio, se ha dado a entender en algunas informaciones. Según explican, cuando detallaron los episodios de agresiones ocurridos en el colegio lo hicieron para trasladar “la gravedad de la situación” y el “estrés y miedo” que esas acciones generan entre parte del alumnado.

El colectivo insiste además en que comparte la idea de que trasladar al estudiante de un centro a otro no resolvería el problema. “Trasladar a su hijo de centro en centro no es la solución y además va en contra del principio de inclusión”, señalan. Por ello, rechazan “tajantemente” las acusaciones de que pretendan expulsarlo del colegio y afirman que su protesta se centró en denunciar que “no se están tomando soluciones efectivas” y que la respuesta de la administración se limita a la aplicación de un protocolo que, según sostienen, “no se ajusta a la realidad que se vive en este centro”.

Las familias consideran que tanto ellas como la madre del menor persiguen el mismo objetivo: conseguir “una verdadera inclusión” que permita atender las necesidades del alumno sin descuidar “la seguridad y bienestar del resto del alumnado”.

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Buena parte del comunicado está dirigida también a las declaraciones realizadas por responsables del área de Inclusión Educativa de la Consejería de Educación. A juicio del colectivo, sus palabras reflejan una falta de recursos para afrontar adecuadamente la situación existente en el colegio.

En este sentido, recuerdan que la administración educativa lleva ocupándose del caso desde el inicio del curso y consideran difícil entender que, cuando el año académico está próximo a concluir, los episodios conflictivos continúen produciéndose. Como ejemplo, citan un altercado registrado a finales de mayo que requirió la presencia de efectivos policiales. También califican de “sintomático y preocupante” que varias bajas médicas de las docentes responsables del grupo se hayan concentrado durante los últimos meses.

Las familias muestran además su malestar por las medidas adoptadas hasta ahora. De hecho, lamentan que las actuaciones descritas por la propia administración consistan en “haber intentado poner un poco más de apoyo” y que una especialista dedique “un poquito más de atención” al menor. En opinión del colectivo, “los términos hablan por sí solos” y evidencian que los recursos destinados al centro son insuficientes para abordar una problemática que ya habían trasladado a la Consejería en noviembre y que entonces calificaron de “muy grave”.

Asimismo, cuestionan los criterios utilizados por la inspección educativa para concluir que la evolución del caso es positiva. Las familias consideran que esa valoración “no parece ajustarse a la realidad vivida en el centro en las últimas semanas”.

En la recta final del comunicado, el colectivo asegura haber seguido todos los cauces institucionales disponibles antes de optar por la movilización pública. Afirman que han mantenido la paciencia, la confianza en los profesionales y la esperanza de que se encontrara una solución, pero denuncian que la falta de comunicación, la ausencia de resultados y el aumento de las bajas entre el profesorado les han llevado a expresar públicamente su “desesperación”.

Por ello, reiteran su llamamiento a la Consejería de Educación y a las administraciones competentes para que se dote al colegio de más recursos humanos y materiales. A su juicio, la estrategia actual no puede seguir consistiendo en “intentar haciendo un poquito”, sino en actuar “con todo lo que sea necesario” para garantizar tanto el derecho a la inclusión como el derecho de todos los alumnos a recibir educación en un entorno “seguro y libre de violencia y agresiones”.