Un hombre ha sido condenado por hurtar joyas, amenazar a la mujer que le acogió y realizar 46 extracciones de su cuenta por más de 54.000 euros; también deberá indemnizarla con 54.010 euros
Le abrió las puertas de su casa cuando no tenía dónde vivir y, según la sentencia, acabó aprovechándose de su confianza hasta llevarla a una situación de ruina económica. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado una condena de ocho años y ocho meses de prisión para un hombre declarado culpable de hurto, estafa, amenazas y un delito leve de maltrato de obra contra la mujer que le había dado alojamiento en su vivienda de Gijón.
Además de la pena de prisión, el condenado deberá abonar 54.010 euros de indemnización a la víctima y hacer frente a una multa de 6.600 euros. La resolución también mantiene una condena de un año de cárcel para la pareja sentimental del acusado por haber recibido bienes procedentes de los robos. La sentencia, que todavía no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, considera acreditado que el acusado aprovechó la relación de confianza que había establecido con la mujer para hacerse con sus bienes y acceder posteriormente a su dinero.
La acogió en su casa al no tener dónde vivir
Los hechos se remontan a principios de 2019, cuando la mujer decidió acoger gratuitamente en su vivienda de Gijón al acusado después de conocer que no tenía un lugar donde vivir. La convivencia se prolongó hasta abril de 2020. Según recoge la resolución judicial, durante ese periodo el hombre se apoderó de varias joyas propiedad de la mujer. Algunas fueron vendidas directamente por él y otras se las entregó a su pareja para que las vendiera y ambos repartieran posteriormente las ganancias, siendo conocedores de su procedencia ilícita.
Pero los hechos no se limitaron, según la sentencia, al robo de las joyas. El acusado también habría intimidado a la mujer con amenazas de hacerle daño tanto a ella como a sus animales. La situación llegó a tal punto que, según los magistrados, la víctima terminó solicitando un préstamo de 25.000 euros para el acusado.
Vendió su vivienda y perdió más de 54.000 euros
La situación económica de la mujer se agravó posteriormente hasta el punto de que decidió vender su vivienda. Tras la operación, depositó el dinero sobrante, 55.731,19 euros, en una cuenta bancaria en la que el acusado figuraba como autorizado. Según considera probado la sentencia, el hombre aprovechó entonces su acceso a la cuenta para realizar 46 extracciones en cajeros sin el consentimiento de la titular, hasta hacerse con un total de 54.010 euros. La Justicia considera que estas operaciones formaban parte de una actuación continuada destinada a obtener un beneficio económico a costa de la víctima.
Los jueces ven un plan premeditado
Uno de los aspectos destacados por los magistrados en la resolución es que los hechos no responderían a actuaciones aisladas, sino a un plan premeditado. La sentencia considera que el acusado se acercó a la víctima, a la que describe como una persona influenciable, consiguió instalarse en su vivienda, ejerció presión sobre ella y utilizó amenazas para posteriormente hacerse con sus joyas y conseguir que solicitara un préstamo.
El tribunal considera además que terminó utilizando el acceso autorizado a su cuenta bancaria para realizar las extracciones que provocaron la pérdida de prácticamente todo el dinero que había obtenido tras vender su vivienda. Los magistrados también destacan la declaración de la mujer, que consideran constante durante todo el procedimiento y respaldada por pruebas objetivas. Entre ellas figuran contratos de venta de las joyas sustraídas que aparecían a nombre del acusado y que incluían tanto su DNI como fotografías de los objetos.
Su pareja también fue condenada
La resolución mantiene igualmente la condena de un año de prisión para la pareja sentimental del acusado, al considerar acreditado que recibió algunas de las joyas sustraídas para venderlas y repartirse posteriormente el dinero obtenido. En conjunto, el principal acusado deberá cumplir ocho años y ocho meses de prisión, abonar una multa de 6.600 euros e indemnizar a la víctima con 54.010 euros, además de afrontar las costas correspondientes.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no es firme. Contra ella todavía cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
