Es uno de los diferentes delitos que la Guardia Civil les atribuye tras la intervención de la UPRONA hace dos semanas en la que fueron rescatados 347 perros; antes se habían realizado hasta tres inspecciones, la primera el 14 de abril
Dos semanas después de la intervención de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil en un centro canino de Gijón en la que se rescataron 347 perros, muchos de ellos en muy mal estado, el cuerpo armado detuvo por presunto delito continuado contra los animales y supuesto delito de pertenencia a grupo criminal a cuatro personas. Los agentes prosiguen con la investigación sobre un caso que causó un fuerte impacto dentro y fuera de las fronteras de Asturias.
Los perros más enfermos fueron trasladados el 21 de abril, día en el que se produjo la operación policial, a clínicas de la comunidad, mientras que el resto se repartieron entre el Centro de Protección de Animales, albergue municipal con sede en Serín, el de Oviedo y la Fundación Protectora de Animales de Siero. Al día siguiente, diferentes protectoras y criaderos asturianos y de Madrid colaboraron acogiendo a algunos de los afectados. Estos canes no pueden darse en adopción al estar sujetos a un procedimiento judicial, aunque los dueños que habían adquirido a algunos de estos animales sí han podido recoger a sus mascotas tras demostrar que su documentación estaba en regla.
La investigación, no obstante, comenzó con una denuncia formulada por la representante de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa de la Comunidad de Madrid (FAPAM). En la misma se ponía de manifiesto que, desde enero de 2024, se venía produciendo de forma sistemática maltrato animal en dos centros de cría de animales caninos situados en Gijón y en la población extremeña de Don Benito, de la misma propiedad. El maltrato «consistía en la cría de perros en unas condiciones irregulares, existencia de enfermedades de diversa patología, falta de atención veterinaria y elevada mortandad por nacimiento con deformidades», informa la Guardia Civil.
Ante la gravedad de los hechos, se estableció un dispositivo formado por efectivos de la UPRONA y la Unidad Orgánica de Policía Judicial, asistidos por personal veterinario del Centro de Protección de Animales, un perito forense veterinario e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La primera inspección tuvo lugar el 14 de abril «en materia de bienestar y sanidad animal» para investigar una serie de conductas y actividades que supuestamente se realizaban en las instalaciones de dicho criadero y que supondrían los delitos mencionados. «Se comprobó el estado de todos y cada uno de los perros y sus crías, las condiciones de salubridad, sanidad y bienestar, tanto en las zonas de estancia como de cría y cuarentena, así como la documentación obligatoria (cartilla veterinaria) de cada can y medicación existente. Funcionamiento de la empresa, número de empleados, su alta en la Seguridad Social, horario de trabajo, etc.», explica el cuerpo armado. A ésta le seguirían otras dos hasta el citado traslado de los 347 animales producido el martes 21 de abril.
«Fruto de las actuaciones llevadas a cabo, se pudo constatar que los perros se encontraban en unas condiciones de bienestar pésimas y presentaban un menoscabo de su salud, mostrando algunos de ellos lesiones y patologías que requerían un tratamiento veterinario, suponiendo un peligro a corto-medio plazo», explican. Además, «algunos de los perros mostraban secuelas psicológicas que dejarán huella imborrable, como eran las muestras de miedo ante determinados actos humanos que denotaban haber sufrido maltrato físico». «Era frecuente que los perros presentaran abundante suciedad, cerumen acumulado, periodontitis, halitosis marcada, irregularidades como tejidos inflamados e infecciones intestinales que podrían llegar a transmitirse a los humanos», añade la Guardia Civil, que relata que «durante la inspección llevada a cabo, se pudo localizar en la instalación dedicada al lavado de los perros y corte del pelo, en el interior de una papelera junto con gasas y guantes clínicos, restos orgánicos correspondientes a un tumor extirpado, procedente de uno de los perros que fue localizado y sometido a control veterinario». Este animal tenía «dolor, infección y un deterioro general».
Fruto de los reconocimientos veterinarios a los que fueron sometidos los canes, se pudo detectar que varios de ellos tenían una infección causada por un parásito que produce la giardiasis, circunstancia que fue puesta en conocimiento del veterinario de la Oficina Comarcal de Gijón de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, el cual decretó en vía administrativa la retirada de todos los animales por zoonosis, complementando con ello la que ya se venía realizando en el transcurso de las inspecciones. Paralelamente, y desde el punto de vista administrativo, se han detectado 18 infracciones en materia de calidad ambiental, contra la protección de los derechos y bienestar animal; contra la normativa que regula las garantías y el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; contra la normativa de residuos y suelos contaminados, sanidad animal; y contra los consumidores y usuarios, por lo que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) efectuó la cuatro detenciones.
Igualmente, se practicó una entrada y registro con la correspondiente autorización judicial en la oficina del centro para la obtención de otras pruebas documentales, quedando en libertad dichos detenidos tras la práctica de estas actuaciones. La investigación continúa su curso y no se descartan nuevas detenciones o investigaciones. Por otro lado, la Guardia Civil de Badajoz realizó de forma paralela otra inspección en instalaciones del mismo criador en la localidad de Don Benito, «que arrojó resultado negativo al no existir ya en la actualidad», afirma el cuerpo armado.
