María Calvo, presidenta de FADE, reclama que el absentismo entre en la negociación de los convenios y advierte de que Asturias alcanza una tasa del 9,3%, mientras las empresas asumen buena parte del coste de las bajas
El absentismo laboral vuelve a colocarse en el centro del debate empresarial asturiano. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, reclamó este miércoles que las bajas laborales se aborden «con naturalidad» en la negociación de los convenios colectivos y defendió que las empresas tengan mayor capacidad para participar en los procesos de recuperación de sus trabajadores. «No pedimos invadir competencias médicas. Pedimos que se nos escuche», afirmó Calvo durante la apertura de la jornada organizada por FADE bajo el título Absentismo, un enfoque práctico para las empresas, celebrada en la sede de la organización en Oviedo.
La presidenta de FADE puso sobre la mesa un dato que considera especialmente preocupante: Asturias mantiene una de las tasas de absentismo más elevadas de España y alcanzó el 9,3% en el primer trimestre de 2026, según el último informe de The Adecco Group Institute. La cifra supone ocho décimas más que un año antes. Para Calvo, existe una «paradoja» en el funcionamiento actual del sistema. La baja la expide el médico del servicio público de salud, mientras que el alta depende de los servicios sanitarios, la inspección médica y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las mutuas pueden realizar propuestas, pero no tienen capacidad para decidir.
Mientras tanto, según ha señalado, la empresa queda fuera de esas decisiones aunque es quien «organiza, sustituye, reprograma y paga». «Un sistema en el que quien soporta el coste no tiene ninguna capacidad de intervenir es un sistema con margen de mejora», ha defendido.
«Analizar no es culpabilizar»
Calvo también ha rechazado que reclamar un debate sobre el absentismo implique cuestionar el derecho de los trabajadores a estar de baja cuando están enfermos: «Es injusto decir que cuando las empresas hablamos de absentismo lo que queremos es que la gente enferma vaya a trabajar. Eso no es cierto». En su opinión, después del propio trabajador y su familia, «nadie pierde más que la empresa cuando alguien trabaja sin estar en condiciones». Por ello, ha defendido que hablar de absentismo debe servir también para analizar «que las personas se curen antes y mejor».
La presidenta de FADE ha reclamado que este debate se traslade a los convenios colectivos. En este sentido, ha recordado que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2023 por organizaciones empresariales y sindicales, contempla la creación de espacios paritarios para analizar las causas, incidencia y duración de las bajas. «Esa firma está ahí. Lo que pedimos es sencillamente que se cumpla», ha señalado. «Analizar no es culpabilizar», ha insistido.
El coste de las bajas para las empresas
FADE ha puesto también el foco en el impacto económico del absentismo. Según ha recordado Calvo, desde 1992 las empresas asumen el pago de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de baja por enfermedad común, además de continuar cotizando durante todo el proceso y afrontar los complementos establecidos en numerosos convenios. En muchos casos, esos convenios contemplan complementos hasta alcanzar el 100% del salario durante la baja.
«Se pactaron de buena fe, en otro contexto y con otros niveles de absentismo», ha señalado Calvo, que considera necesario revisar conjuntamente cómo afrontar la situación actual. «No se trata de recortar derechos. Se trata de que lo que pactamos siga siendo sostenible para quien lo paga y justo para quien lo recibe», ha defendido.
Las listas de espera y el atasco del INSS
Durante la jornada también intervino el director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García, quien vinculó el incremento de la incapacidad temporal con problemas que afectan a la organización de las empresas, la productividad y la sostenibilidad del sistema de protección social. Según los datos aportados por Santos, el gasto de la Seguridad Social en esta prestación ha pasado de unos 6.000 millones de euros hace una década a más de 18.000 millones, mientras que el coste directo para las empresas habría aumentado de unos 5.000 a 16.000 millones.
Santos ha apuntado además a varios factores que, a su juicio, contribuyen al aumento de las bajas: las listas de espera sanitarias, la falta de profesionales -especialmente en salud mental- y el atasco del INSS. Según sus datos, actualmente habría unos 180.000 expedientes pendientes de calificación, frente a unos 30.000 antes de la pandemia. También ha señalado como problema la escasa utilización en España de fórmulas de reincorporación parcial o adaptación del puesto de trabajo que sí existen en otros países europeos.
Entre sus propuestas figura revisar dentro de la negociación colectiva los complementos que elevan la prestación hasta el 100% del salario, con la posibilidad de destinar esos recursos al salario ordinario, así como eliminar autorizaciones que considera innecesarias para que las mutuas puedan realizar determinadas pruebas y tratamientos cuando el trabajador los acepta voluntariamente.
