Cerca de 30 miembros plantean revisar los estándares éticos de la organización coincidiendo con la distinción a Robert F. Kennedy Human Rights por su defensa de la dignidad, la justicia y la igualdad
Un grupo de cerca de 30 miembros de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) ha impulsado una solicitud de revisión de los criterios de representación institucional, transparencia y diligencia ética de la organización a raíz de la trayectoria empresarial internacional de su presidenta, Begoña Fernández-Costales Muñiz. La iniciativa pone el foco en sus vínculos profesionales con Guinea Ecuatorial y plantea que la federación examine los mecanismos internos que aplica a quienes ostentan sus cargos de máxima representación.
La petición, recogida en un documento de diez páginas, no atribuye a Fernández-Costales ninguna conducta ilícita ni reclama su dimisión. El grupo promotor solicita que FEDA determine si dispone de procedimientos suficientes para evaluar posibles riesgos éticos y reputacionales y que, en caso de existir, se apliquen con los mismos criterios a todas las integrantes de sus órganos de gobierno.
Según la documentación aportada, Fernández-Costales desarrolla parte de su actividad profesional a través de Bego Costa África & Worldwide, compañía de la que figura como fundadora y CEO. Asimismo, aparece vinculada como directora general a Opera Trading SL y Beco Supplies SL en Guinea Ecuatorial.
La empresaria también ocupa responsabilidades en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y en el Consejo de Administración de ASTUREX.
Entre los proyectos incluidos en la cartera pública de Bego Costa África & Worldwide figuran Asonga TV y BANGE, dos entidades cuya vinculación con el entorno institucional ecuatoguineano constituye uno de los principales elementos recogidos en la solicitud.
En el caso de Asonga TV, el documento cita al Committee to Protect Journalists, organización que identificó RTV-Asonga como una cadena perteneciente a Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente del país, Teodoro Obiang Nguema.
Respecto a BANGE, la compañía de Fernández-Costales incluye en su cartera un proyecto realizado para el National Bank of Equatorial Guinea, fechado el 24 de febrero de 2023. La documentación también recoge que el Departamento de Estado estadounidense atribuyó al Gobierno ecuatoguineano una participación del 51% en la entidad bancaria.
El escrito insiste en que la realización de estos proyectos no implica irregularidad alguna y que la inclusión de Asonga TV en la cartera empresarial tampoco acredita quién contrató o financió los trabajos.
La cuestión que plantea el grupo es si FEDA dispone de mecanismos para identificar y gestionar posibles riesgos reputacionales derivados de las relaciones comerciales de sus representantes con entidades públicas extranjeras o vinculadas a dirigentes políticos.
Los derechos humanos, en el centro de la petición
La iniciativa coincide con la celebración de los VI Premios FEDA 2026, previstos para este martes, en los que la federación ha anunciado una Mención Especial a Robert F. Kennedy Human Rights y a su presidenta en España, María de la Cebosa.
El reconocimiento distingue su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la dignidad, la justicia, la igualdad y los derechos de las mujeres y las niñas.
Precisamente, el grupo plantea si esos mismos valores se trasladan a los procedimientos internos de gobernanza de FEDA y a los criterios exigidos a quienes representan públicamente a la organización.
El documento cita informes de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, así como documentación estadounidense relativa a la transparencia y el entorno empresarial del país.
No obstante, subraya que ese contexto no permite atribuir a Fernández-Costales participación alguna en corrupción, vulneraciones de derechos humanos o conductas delictivas.
¿Qué piden los miembros de FEDA?
La solicitud plantea que la Junta Directiva examine si la federación dispone de un código ético, políticas de conflictos de interés y procedimientos de evaluación reputacional aplicables a sus órganos de gobierno.
También propone valorar si las relaciones empresariales con entidades públicas extranjeras deben declararse cuando puedan generar riesgos reputacionales y si estos criterios se aplican de manera homogénea a todas las integrantes de la dirección.
El grupo no solicita ninguna sanción ni una condena pública contra la presidenta. Su objetivo declarado es que FEDA determine si sus mecanismos internos resultan suficientes y, en caso contrario, estudie la posibilidad de establecer nuevos estándares de transparencia y diligencia institucional.
