IU y Podemos sostienen que el nuevo contrato empeora aspectos clave del servicio y no garantiza una supervisión eficaz

Izquierda Unida y Podemos han mostrado este miércoles su rechazo al nuevo contrato de comedores escolares impulsado por el Ayuntamiento de Gijón al considerar que no incorpora mejoras sustanciales en la prestación del servicio ni medidas que permitan amortiguar el impacto económico que supondrá para las familias la subida de precios prevista.
El concejal de IU-Más País-IAS, Alejandro Farpón, y la portavoz de Podemos en el Consistorio gijonés, Olaya Suárez, han calificado los nuevos pliegos como una “ocasión perdida” para dar respuesta a las principales reivindicaciones planteadas tanto por las familias usuarias como por la plantilla encargada de desarrollar el servicio.
Entre las cuestiones que más preocupan a ambas formaciones figura el incremento previsto en el coste de los menús. Según han señalado, el precio mensual del comedor podría aumentar hasta un 45 por ciento sin que el Ayuntamiento haya contemplado ninguna fórmula de cofinanciación o ayuda que permita evitar que ese sobrecoste recaiga directamente sobre las familias.
En este sentido, Suárez ha lamentado que el nuevo contrato no incorpore medidas que garanticen una mayor accesibilidad económica al servicio. “Los horarios fijados para el personal siguen sin corresponderse con la naturaleza real de su labor, y nos tememos que eso seguirá traduciéndose en horas extra sin reconocer y sin remunerar”, ha advertido la portavoz de Podemos.
La edil también ha cuestionado que las ratios establecidas entre alumnado y personal no tengan en cuenta las necesidades especiales de determinados escolares, una circunstancia que, a su juicio, puede repercutir negativamente tanto en la atención prestada como en las condiciones de trabajo de la plantilla.
Otro de los aspectos criticados por ambas organizaciones es la reducción de la presencia de productos ecológicos en los menús. Según han explicado, mientras que en el modelo anterior se contemplaba un menú ecológico semanal, la nueva propuesta limita su presencia a dos platos al mes. Para Suárez, esta modificación supone un “retroceso” en una línea de trabajo que había permitido avanzar hacia una alimentación más saludable y sostenible en los centros educativos.
A ello se suma, según han apuntado, la falta de concreción respecto al uso de productos de cercanía. Aunque los pliegos hacen referencia a este tipo de suministros, IU y Podemos consideran que no existen compromisos claros ni mecanismos suficientes que garanticen su presencia real en los comedores escolares.
Las dos formaciones también han reclamado una mayor transparencia en el funcionamiento del servicio. En concreto, han pedido que se establezca un procedimiento claro para que las familias puedan conocer y probar los menús que consumen los menores, una medida que consideran necesaria para reforzar la confianza y la participación de los usuarios.
Por su parte, Farpón ha incidido en la importancia de preservar los estándares alcanzados en los últimos años en materia de alimentación escolar. “Ni la calidad ni la seguridad alimentaria son negociables. No se trata solo de cumplir la normativa estatal, sino de no dar pasos atrás respecto a avances que aquí ya se habían conseguido”, ha señalado.
El concejal de IU también ha mostrado su preocupación por la ausencia de mecanismos de supervisión más efectivos por parte de la Administración local. A su juicio, el nuevo contrato no garantiza un control suficiente por parte del Ayuntamiento, que es la institución responsable de velar por el correcto cumplimiento de las condiciones pactadas con la empresa adjudicataria.
Asimismo, ha criticado que los pliegos no incluyan medidas orientadas a contener el coste del servicio para las familias, una cuestión que considera especialmente relevante en el actual contexto económico.
Más allá de las críticas al contrato, IU y Podemos han defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo diferente de gestión de los comedores escolares. Ambos representantes han coincidido en señalar que el objetivo “irrenunciable” a medio plazo debe ser la implantación de cocinas de proximidad, preferentemente ubicadas en los propios centros educativos.
Según han argumentado, este sistema permitiría mejorar la calidad de los alimentos, favorecer el consumo de productos locales y ofrecer mejores condiciones para el conjunto del servicio, al tiempo que acercaría la elaboración de los menús a las necesidades reales de cada comunidad educativa.