La Unión de Consumidores prepara reclamaciones agrupadas para abaratar los costes y evitar el colapso de los juzgados
El conflicto por el cobro del peaje del Huerna entra en una nueva fase que podría acabar en los tribunales. La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha anunciado que prepara demandas colectivas contra Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista AP-66, con más de 10.000 afectados. El objetivo es reclamar la devolución de los importes abonados por los usuarios, en un procedimiento que podría apoyarse en el expediente sancionador que tramita el Gobierno del Principado de Asturias.
La organización ha dado a conocer sus próximos pasos tras mantener un encuentro con representantes de la Dirección General de Consumo y de la Consejería de Derechos Ciudadanos. Según ha explicado la UCE, el Ejecutivo autonómico prevé resolver durante el mes de noviembre el expediente abierto contra la concesionaria, que podría concluir con una sanción económica de 1,1 millones de euros.
Esta resolución administrativa será una de las piezas fundamentales de la estrategia judicial de los consumidores. La asociación pretende utilizar el informe que sustente la sanción como prueba en las reclamaciones para conseguir que los afectados recuperen el dinero pagado por circular por la autopista.
Demandas colectivas para evitar miles de procedimientos individuales
La Unión de Consumidores de Asturias ha diseñado una fórmula para canalizar las reclamaciones de los más de 10.000 afectados sin provocar una avalancha de procedimientos independientes en los juzgados.
La estrategia consiste en agrupar a los usuarios en diferentes demandas colectivas, buscando reducir los costes judiciales y facilitar la tramitación de las reclamaciones. Según la organización, esta alternativa permitirá «abaratar el proceso y no colapsar los juzgados».
El presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, ha explicado que la intención es organizar los grupos de afectados de manera que la cuantía de cada demanda no supere los 2.000 euros.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Alonso, esta fórmula permitiría acogerse a procedimientos en los que no resulta obligatoria la intervención de abogado ni procurador, con el consiguiente ahorro económico para los consumidores.
Además, el responsable de la asociación sostiene que estos procedimientos podrían resolverse en un plazo aproximado de cuatro o cinco meses, aunque los tiempos dependerán de la carga de trabajo de los órganos judiciales y de las circunstancias de cada reclamación.
La posibilidad de recurrir las resoluciones también dependerá del procedimiento utilizado y de los requisitos establecidos por la legislación procesal.
Noviembre, una fecha clave para las reclamaciones
La organización de consumidores permanece ahora pendiente de la decisión definitiva del Principado. La previsión de que el expediente sancionador quede resuelto durante noviembre convierte ese mes en una fecha importante para determinar los siguientes pasos judiciales.
En cualquier caso, la eventual imposición de una multa a Aucalsa no supondría automáticamente la devolución de los peajes cobrados. Para conseguir el reintegro de las cantidades reclamadas, los afectados deberán acudir a las vías correspondientes y acreditar sus pretensiones.
Con más de 10.000 usuarios implicados, la iniciativa de la Unión de Consumidores abre así un nuevo capítulo en el conflicto por el peaje del Huerna, una de las principales conexiones por carretera entre Asturias y la Meseta.
