Del Albergue Covadonga a los patinetes, la alcaldesa ha desautorizado a sus propios concejales delegados, alejándose cada vez más de los populares y creando frustración en las filas de Foro
La polémica por la nueva regulación de los patinetes eléctricos ha vuelto a poner de manifiesto una dinámica que se repite desde hace meses en el Ayuntamiento de Gijón. Después de que los concejales Pelayo Barcia y Nuria Bravo presentaran las restricciones a la circulación de estos vehículos en buena parte del centro urbano, fue Carmen Moriyón quien acabó marcando el mensaje definitivo, trasladando una posición más prudente desde Alcaldía y enmendando la plana a sus propios ediles.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco parece una excepción. De hecho, el episodio de los patinetes se ha convertido para muchos en el último ejemplo de una forma de gobernar que ha marcado buena parte del actual mandato: cuando surge una controversia política o un asunto especialmente sensible, la alcaldesa termina corrigiendo, modulando o asumiendo personalmente decisiones inicialmente defendidas por sus propios concejales.
A menos de un año para las elecciones municipales, las relaciones entre Foro y el Partido Popular atraviesan uno de sus momentos más delicados desde la constitución del gobierno de coalición. Al mismo tiempo, dentro del propio Foro tampoco se ocultan ya los síntomas de desgaste provocados por una creciente concentración de decisiones en torno a la figura de Moriyón. Y si hay algo que resume la evolución política de estos tres años es precisamente la sucesión de episodios en los que distintos miembros del ejecutivo han acabado siendo corregidos, desplazados o relegados por la propia alcaldesa.
La pregunta empieza incluso a escucharse en ámbitos políticos y municipales: si las grandes decisiones terminan corrigiéndose desde Alcaldía, ¿qué margen real tienen los concejales para dirigir sus áreas? Porque la sensación que se ha ido consolidando durante la legislatura es que, cuando surge una crisis, parece que todos se equivocan menos la alcaldesa.
La situación ya se había producido meses antes con uno de los proyectos urbanísticos más relevantes planteados durante el mandato: el estudio para analizar el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo. Pese a tratarse de una iniciativa directamente relacionada con las competencias de Movilidad, el concejal responsable del área, Pelayo Barcia, quedó prácticamente relegado a un papel secundario.
Para numerosos observadores, aquel movimiento evidenció la escasa autonomía de algunos concejales cuando se trata de iniciativas consideradas estratégicas por Moriyón.
Pero incluso dentro de los grandes proyectos de ciudad han aflorado diferencias similares. Uno de los casos más comentados ha sido el de Naval Azul, la gran apuesta urbanística y económica del mandato para transformar los antiguos terrenos de Naval Gijón en un polo vinculado a la economía azul.
Dentro del Partido Popular existía desde el inicio interés en reforzar el componente económico y empresarial del proyecto. La propia Ángela Pumariega participó activamente en la presentación de la iniciativa y defendió su potencial como motor de desarrollo económico y social para la ciudad. Sin embargo, con el paso de los meses el protagonismo político del proyecto fue concentrándose cada vez más alrededor de Carmen Moriyón, que terminó convirtiéndose en la principal imagen pública de Naval Azul y en la encargada de marcar sus líneas estratégicas.
La situación recuerda a otros episodios de la legislatura en los que los concejales presentan o impulsan iniciativas que posteriormente quedan absorbidas por la figura de la alcaldesa.
Otro ejemplo significativo fue la crisis del Museo Nicanor Piñole. Aunque la responsable política directa del área era la concejala de Cultura de Foro, Montserrat López Moro, el crecimiento de la polémica llevó a que fuera la propia Moriyón quien acabara asumiendo la gestión política del conflicto. A medida que aumentaban las críticas y el debate ciudadano sobre el futuro del museo, la alcaldesa fue ocupando el espacio político y mediático que inicialmente correspondía a la concejala, reforzando una dinámica que se repetiría posteriormente en otros conflictos.
Algo parecido ocurrió con los comedores escolares. La implantación del nuevo modelo de servicio provocó una fuerte contestación por parte de familias y asociaciones, situando al concejal de Educación, Jorge Pañeda, en el centro de las críticas.
Sin embargo, a medida que aumentaba la presión social, la interlocución política dejó de recaer en la concejalía y pasó directamente a manos de Carmen Moriyón. Fue la alcaldesa quien acabó liderando los contactos institucionales y quien asumió el protagonismo en la búsqueda de soluciones. Desde la oposición se interpretó aquella intervención como una desautorización implícita del responsable del área.
Más significativo aún fue el episodio del Albergue Covadonga. La decisión de trasladar temporalmente a parte de sus usuarios al Hogar de San José desencadenó una de las mayores crisis vecinales y políticas del mandato. Durante semanas, todas las miradas apuntaron al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, como principal responsable de una operación que provocó un fuerte rechazo en distintos barrios de la ciudad.
Sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos dejó claro que la iniciativa no había sido una actuación aislada de la concejalía. Moriyón conocía desde el principio la operación vinculada al Hogar de San José y estaba al corriente de las gestiones realizadas para llevarla a cabo. Cuando la polémica alcanzó su punto máximo, fue la propia alcaldesa quien asumió progresivamente el control político del asunto, desplazando a Pendás de la primera línea y convirtiendo la gestión de la crisis en una cuestión pilotada directamente desde Alcaldía.
Aquel episodio marcó un antes y un después dentro del gobierno municipal. No sólo por la dimensión de la controversia, sino porque consolidó la percepción de que los concejales quedan expuestos en los momentos de conflicto para que posteriormente sea Moriyón quien tome el control de la situación.
Las tensiones no tardaron en trasladarse también a las áreas gestionadas por el Partido Popular.
La polémica surgida en torno al contrato de recogida de ropa usada que históricamente venía prestando Cáritas constituye uno de los ejemplos más recientes. La licitación impulsada desde Emulsa, empresa municipal dependiente del área de Medio Ambiente que dirige Rodrigo Pintueles, concluyó con la exclusión de Cáritas después de que otras entidades presentaran ofertas económicamente más ventajosas.
La empresa municipal defendió públicamente que el procedimiento se había desarrollado conforme a la legislación vigente y que el expediente había quedado cerrado dentro de los plazos administrativos establecidos. Sin embargo, cuando el asunto parecía definitivamente resuelto, la Alcaldía promovió un informe jurídico que cuestionaba aspectos esenciales de la adjudicación y abría la puerta a una eventual anulación del concurso.
La reacción de Emulsa fue especialmente significativa. Desde la empresa municipal se llegó a expresar públicamente la sorpresa por lo que consideraban un intento de reabrir un procedimiento ya concluido. Más allá del debate jurídico, la lectura política fue inmediata: Moriyón volvía a intervenir para corregir una actuación respaldada por un concejal de su propio gobierno.
La acumulación de estos episodios ha ido dejando huella en las relaciones internas del ejecutivo. Las discrepancias entre Foro y Partido Popular son visibles y frecuentes, especialmente en asuntos relacionados con la gestión municipal y la toma de decisiones estratégicas. Lo que en los primeros compases del mandato se presentaba como una coalición sólida se ha ido transformando en una convivencia marcada por los recelos y las diferencias.
Pero el desgaste tampoco se limita a la relación entre ambos socios. Dentro del propio Foro son cada vez más las voces que observan con preocupación una forma de gobernar crecientemente centralizada y una dinámica en la que las decisiones de mayor relevancia política terminan concentrándose alrededor de la figura de la alcaldesa. Más allá de Nuria Bravo o Pelayo Barcia, este diario ha podido saber que otros concejales foristas cada vez están más lejanos de la forma de mando de Moriyón.
La sucesión de acontecimientos dibuja una realidad difícil de ignorar. A falta de un año para las elecciones municipales, la fotografía política del mandato aparece cada vez más definida: un gobierno desgastado por las tensiones internas, unas relaciones crecientemente deterioradas entre Foro y el Partido Popular y una alcaldesa que ha terminado concentrando en su despacho la gestión de las principales crisis y de buena parte de los proyectos estratégicos de la ciudad. En su ejercicio de control, ha sido de especial utilidad para Carmen Moriyón la utilización política de la oficina de recursos humanos del Ayuntamiento, según cuentan fuentes a miGijón. A través de ella, ha ejercido una influencia decisiva en el devenir de todas las concejalías.
Lo que comenzó como un gobierno de coalición entre Foro y Partido Popular ha terminado derivando en un modelo donde las principales crisis, los proyectos estratégicos y las decisiones más sensibles acaban concentrándose en torno a la figura de Carmen Moriyón, dejando a varios de sus concejales en una posición cada vez más secundaria. La legislatura que comenzó con la promesa de un gobierno compartido ha terminado convirtiéndose, para muchos de sus protagonistas y observadores, en la legislatura de las desautorizaciones.
