Ni en terrazas, ni en playas: el Gobierno promueve una Ley Antitabaco más restrictiva, y el Principado le da su bendición

El Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley 28/2005, de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo, que amplía los espacios sin humo; a la espera de que las Cortes inicien su tramitación, Gimena Llamedo ya ha reconocido que «lo principal es la salud de las personas»

Fumar fuera del ámbito privado se está convirtiendo en una actividad cada vez más difícil. Once años después de la entrada en vigor de la Ley 28/2005, de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo, el Consejo de Ministros aprobaba este martes un proyecto de ley para modificar dicho texto, aumentar su alcance y, de paso, ampliar los espacios libres de humo, entre los cuales pasarán a estar las terrazas y las playas de toda la nación. La pelota está ahora en manos de las Cortes Generales, encargadas de iniciar su tramitación parlamentaria, pero ha bastado que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciase dicha intención para polarizar la opinión de los ciudadanos y de las Administraciones, con no pocas voces críticas, sí, pero también con un buen número de defensores. Y entre estos últimos se halla el Principado; de hecho ayer miércoles su vicepresidenta y, en estos momentos, presidenta en funciones, Gimena Llamedo, daba la bendición del Ejecutivo autonómico a la pretensión nacional, al considerarla un paso adelante en la defensa de la salud.

En esencia, el texto remitido a las Cortes prevé incorporar a la lista de espacios libres de humo -de tabaco o de vapeo- las terrazas de bares y restaurantes, y las playas marítimas y fluviales, sí, pero también las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, los vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal- y los recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, estén o no al aire libre, lo que incluye teatros, cines, áreas para conciertos y otros eventos. En paralelo a lo anterior, no estará permitido fumar a menos de quince metros de los accesos a edificios públicos, complejos sanitarios públicos y privados, centros sociales y educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales y deportivos, y parques o recintos infantiles. A mayores, quedará terminantemente prohibido fumar, vapear o consumir bolsas de nicotina a los menores de 18 años; se endurecerán las restricciones sobre la publicidad de tales productos y, finalmente, se reactivará el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014. Todos los detalles pueden consultarse en este enlace.

Como se ha dicho, la voluntad de García y su equipo ha dividido a la opinión pública, pero ha convencido al Principado de su validez. Llamedo, en sus declaraciones de ayer, sentenciaba que «la prioridad es la salud de las personas«, por encima de cualquier crítica vertida por productores, distribuidores o consumidores de tales productos; sobremanera, en aquellos espacios en los que hay, o puede haber, «familias y niños». Unas palabras, las suyas, dichas como respuesta al rechazo expresado por la patronal de hostelería, y por políticos como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, del PP, quien tachó el proyecto como un «corte a la libertad», y afirmó que, pese a no ser fumador, «hay gente que necesita echar ese cigarrillo». Ahora bien, ayer Llamedo trató de ser conciliadora. «Yo entiendo las críticas, entiendo los miedos antes de conocer cuál va a ser la realidad, pero estoy segura que el sector, igual que se ha ido adaptando, sabrá hacerlo de nuevo», vaticinó la presidenta en funciones. Y concluyó dando un voto de confianza a «los ciudadanos; que igual que se cumplieron todas las leyes antitabaco y, cuando hacemos balance, vemos lo positivo de todo eso, ahora vayan en la misma dirección».

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