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“No vamos a aceptar que jueguen con la salud de nuestros hijos”: la FAPA acusa a Serunion de nuevos incumplimientos y señala al Ayuntamiento

Paula G. Lastra por Paula G. Lastra
23/05/26
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Las familias denuncian el uso de aceite de girasol, la desaparición de los menús ecológicos y la “pasividad” municipal en plena crisis de los comedores escolares

Las familias denuncian el uso de aceite de girasol en las comidas. / Cedidas

La crisis de los comedores escolares públicos de Gijón suma un nuevo episodio de tensión. La Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado (FAPA) Miguel Virgós ha denunciado públicamente nuevos incumplimientos de Serunion, empresa adjudicataria del servicio municipal, y ha cargado duramente contra el Ayuntamiento por lo que considera una “grave desidia” en el control del contrato que afecta diariamente a miles de escolares. Según el comunicado difundido por la federación, las familias han recopilado pruebas de que la empresa estaría utilizando aceite de girasol en la elaboración de los menús escolares, incumpliendo las condiciones del servicio. La FAPA recuerda que esta situación “no es nueva” y que el pasado curso ya derivó en una sanción económica de 500 euros contra la compañía.

“El tiempo nos da la razón: si incumplir sale barato, la empresa seguirá haciéndolo”, advierten las familias, que consideran que las sanciones aplicadas hasta ahora han sido “ridículas e insuficientes”. La denuncia añade además un nuevo elemento de preocupación: la desaparición, desde el mes de abril, de los menús ecológicos semanales contemplados en el calendario escolar: “De confirmarse, estaríamos ante un nuevo incumplimiento contractual y ante otro retroceso intolerable en la calidad del servicio”, señala la federación. En el comunicado, la FAPA insiste en que el problema trasciende lo administrativo y afecta directamente a la salud infantil. “No hablamos de una cuestión menor ni de un detalle administrativo. Hablamos de la alimentación de nuestros hijos e hijas, de su salud y de un servicio público que debería estar sometido a un control estricto, constante y transparente”, sostienen.

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Las familias acusan directamente al Ayuntamiento de no haber ejercido el control que le corresponde sobre la empresa adjudicataria: “Quien adjudica un contrato público tiene la obligación de vigilar que se cumpla, no de mirar hacia otro lado”. La federación denuncia además falta de transparencia tanto por parte de Serunion como del propio Consistorio. Según explican, han tenido que acceder “por sus propios medios” a información que ni la empresa ni la administración municipal les facilitaron pese a las reiteradas peticiones realizadas por las AMPAS.

Acusaciones de “paternalismo” y opacidad

Uno de los apartados más duros del texto se centra en las respuestas ofrecidas por Serunion a las solicitudes de información formuladas por las familias. La FAPA denuncia que la empresa llegó a justificar la negativa a facilitar documentación básica alegando que “no todo el mundo sabe leer o interpretar el etiquetado”, remitiendo las fichas técnicas únicamente a la entidad contratante “si esta lo estima oportuno”. “Estas respuestas son inadmisibles. Las familias no necesitamos tutela ni excusas: tenemos derecho a saber qué comen nuestros hijos e hijas”, responde la federación. Además, recuerdan que la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria establece que la información sobre los productos utilizados en los menús debe estar a disposición de las familias y tutores de los menores: “Por tanto, la opacidad no solo es una falta de respeto: es una vulneración del derecho de las familias a estar informadas”.

El enfrentamiento se produce además en un momento especialmente delicado para el futuro modelo de comedor escolar en Gijón. La implantación de la llamada “línea caliente” lleva meses generando fricciones entre las familias, el Ayuntamiento y la oposición política. La FAPA denuncia que el gobierno municipal incumplió el compromiso adquirido para informar antes del 21 de mayo sobre los nuevos pliegos de licitación. “Ese plazo ha pasado y seguimos sin información concreta, sin garantías suficientes y sin compromisos firmes”, lamentan.

Aunque las familias han sido convocadas a una reunión el próximo 27 de mayo, aseguran que llevan “ya un mes esperando explicaciones” y exigen que el encuentro “no vuelva a ser una maniobra para ganar tiempo”. La federación insiste en que la línea caliente no puede convertirse en una solución permanente: “Nuestro objetivo siguen siendo las cocinas de proximidad, vinculadas al entorno, con mayor control público, más calidad y más garantías”. Por ello, reclaman que la nueva licitación sea únicamente “un contrato puente para la línea caliente: corto, transitorio y orientado únicamente a evitar que el servicio siga en manos de una empresa que acumula incumplimientos”.

Un conflicto que ya golpea al Gobierno municipal

La polémica de los comedores escolares se ha convertido en uno de los principales focos de desgaste político para el área de Educación del Ayuntamiento de Gijón. Hace apenas unos días, durante el pleno municipal, el concejal de Educación, Jorge Pañeda, denunció haber sido víctima de una campaña de acoso relacionada con este conflicto. El edil aseguró haber sufrido “señalamientos”, “insultos” y ataques dirigidos incluso contra su entorno familiar. “Han señalado a mis hijas y a mis padres, que están enfermos y no pueden defenderse”, afirmó entonces Pañeda, quien llegó a asegurar que lo vivido “no debería suceder en un Estado de derecho”.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate político sobre la implantación de la línea caliente y el futuro modelo de cocinas de proximidad, defendido tanto por la FAPA como por grupos de la oposición. Mientras tanto, las familias mantienen la presión y elevan el tono de sus críticas. “Las familias estamos hartas de incumplimientos, de opacidad, de sanciones simbólicas, de respuestas paternalistas y de una administración que no ejerce el control que le corresponde”, denuncian. Y concluyen con una advertencia directa tanto a la empresa como al Ayuntamiento: “No vamos a aceptar que una empresa adjudicataria juegue con la salud de nuestros hijos e hijas mientras el Ayuntamiento permanece impasible”.

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