Los acusados reconocieron los hechos ocurridos en la previa del derbi en Oviedo, donde se lanzaron bengalas, botellas y sillas contra la Policía y un agente sufrió una fractura en la mano
Nueve acusados por los desórdenes públicos registrados en Oviedo en la antesala del Real Oviedo-Real Sporting de octubre de 2021 han reconocido este viernes los hechos que les atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias y han aceptado las penas acordadas en la audiencia preliminar celebrada en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3. Las condenas incluyen penas de prisión, multas e indemnizaciones, aunque la ejecución de las penas privativas de libertad ha quedado suspendida durante dos años para la mayoría y tres años para dos de los acusados. Entre las condiciones impuestas figura una especialmente llamativa: no podrán acceder a campos de fútbol de ninguna categoría durante el periodo de suspensión. Solo los dos acusados que actualmente están federados podrán entrar, y únicamente para entrenar y disputar los partidos para los que sean convocados.
Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2021, cuando alrededor de las 19.15 horas se congregó una multitud en la calle Alejandro Casona de Oviedo con motivo del recibimiento al Real Oviedo antes del partido contra el Sporting, declarado de alto riesgo. Según los hechos reconocidos, los nueve acusados, junto a otras personas no identificadas, se enfrentaron a los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona y rompieron la línea de seguridad. Durante los incidentes se lanzaron bengalas encendidas, botellas de cristal, sillas y otros objetos contra los agentes y los vehículos policiales. Uno de los acusados lanzó una bengala hacia la cabeza de un policía, que consiguió esquivarla, y posteriormente una botella de cristal que le golpeó en la mano izquierda. El agente sufrió un traumatismo y una fractura de la base del quinto metacarpiano, además de secuelas de parestesia en el cuarto y quinto dedo.
Otro de los acusados lanzó una bengala encendida contra un agente, que impactó en la zona del pecho, cerca del cuello, provocando daños en su uniforme. Además, profirió expresiones de carácter sexual y amenazante contra una agente. Un tercer acusado llegó a intentar arremeter contra un policía y finalmente le propinó una patada en la espinilla. Los disturbios provocaron además más de 4.000 euros en daños materiales: 3.554,67 euros en un vehículo policial, 392,04 euros en un casco, 18,51 euros en una defensa y 42,35 euros en el pantalón de un agente. Los nueve acusados han sido considerados responsables de un delito de desórdenes públicos y otro de daños, mientras que tres de ellos responden además por delitos de atentado contra agentes de la autoridad. En el caso del primero, los hechos incluyen también un delito de lesiones por las heridas provocadas al policía.
Prisión, multas e indemnizaciones
Todos los acusados han aceptado tres meses de prisión por los desórdenes públicos y otros tres meses por los daños, además de una multa de tres meses a razón de ocho euros diarios por este último delito. Para el acusado que lesionó al agente se suma una pena de un año y seis meses de prisión y una multa por las lesiones; otro acusado acepta también un año y seis meses de prisión por atentado, mientras que un tercero asume otros tres meses de prisión por el mismo delito. Además, los nueve deberán indemnizar conjuntamente al Ministerio del Interior con 4.007,57 euros más los intereses legales por los daños materiales. El primer acusado deberá abonar también 3.474,20 euros al agente lesionado, además de la cantidad que se determine por las secuelas, mientras que el segundo indemnizará al Ministerio del Interior con 18,50 euros.
En todos los delitos se ha aplicado como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que en los daños y en las lesiones del primer acusado se ha tenido en cuenta también la reparación del daño. La suspensión de las penas de prisión queda condicionada a que los condenados no vuelvan a delinquir y abonen las responsabilidades civiles, que ya han sido consignadas. A ello se suma la prohibición de acceder a terrenos de juego durante el periodo establecido, una medida que afectará a los nueve acusados salvo las excepciones previstas para los dos que actualmente están federados.
