«Gijón es el triste paradigma de que el precio del alquiler de la vivienda está por las nubes. El Ayuntamiento debe presionar y concienciar para que, por ejemplo, se pongan en el mercado las más de siete mil viviendas vacías»
“Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler”, dice el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuyo partido va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda anunciada por el Gobierno. Además, ha asegurado que no se aplicará en las comunidades y en los ayuntamientos gobernados por el partido. Casado considera que la ley anunciada ataca la libertad y la seguridad jurídica y supone un intervencionismo que, según su opinión, va a hacer que los propietarios no pongan pisos en alquiler y va a subir el precio.
Cito a Casado por si sus asesores tienen a bien leer migijón.com y de esa manera enterarse de que en muchas más ocasiones de las que pueda imaginar el presidente del PP, tener una nómina y un puesto de trabajo no garantiza el acceso a una vivienda adaptada a las necesidades vitales de cada uno (no hablo de lujos, sino de que una familia con dos hijos no puede vivir en un piso de 40 metros y pagar por él 800 euros al mes).
Y no solo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Gijón es el triste paradigma de que el precio del alquiler de la vivienda está por las nubes. El precio medio ronda los 576 euros para pisos de 70 metros cuadrados, el alquiler más económico es de 350 euros por una vivienda en El Cerillero y los más altos, ubicados en barrios como Viesques o en el centro, oscilan entre los 650 y 1.000 euros al mes. Estos datos componen un estudio encargado por el Ayuntamiento de Gijón a la Universidad de Oviedo y cuyas conclusiones han encendido las alertas de profesionales de la intervención social quienes advierten de que, si no se prorrogan las medidas de protección aprobadas a causa de la pandemia, los desahucios aumentarán considerablemente.
Estos precios desbocados en Gijón no se quedan en las viviendas, sino que también complican el alquiler de un local para emprender un negocio que permita tener un ingreso suficiente como para poder pagar un alquiler. Esta pescadilla sí que se muerde la cola. Un ejemplo clarificador que me contó una familia de hosteleros en unos de mis paseos habituales: llevan pagando desde hace casi diez años 1.275 euros+IVA por la renta de un local de 80 metros en la zona de Ceares-Viesques. Son amables, atentos y prestan un buen servicio. Pagan religiosamente y mantienen el local arredrando como los chorros del oro. Pues bien, después del cierre obligado por el confinamiento en el que el propietario siguió cobrando la renta como si la máquina de café estuviese en activo, ahora la recuperada normalidad anima al titular de la plaza a plantear a sus inquilinos que para continuar con el negocio deberán pagar 1.600 euros al mes. Pero es que en el mismo barrio, el local dejado por un conocido negocio de restauración sale ahora con un alquiler de 1.800 euros al mes (lógicamente sigue cerrado).
Yo no sé -y el señor Casado seguro que tampoco- cuántos cafés hay que vender para pagar la renta y que te quede para pagar a los proveedores, la luz, el agua (del local y de casa), poder comer y vestirse. Lo que sé es que incrementar el alquiler de forma incontrolada es, además de un claro ejemplo de insolidaridad social, un arma de doble filo para propietarios que prefieren jugársela a la avaricia que mantener inquilinos serios y pagadores en tiempo y forma. La familia de la que les he hablado tendrán que dejar el negocio por el que llevan peleando una década por ese arrebato de avaricia.
Ha llegado el momento de la política, y aunque su capacidad está muy limitada, el Ayuntamiento de Gijón debe presionar y concienciar para que, por ejemplo, se pongan en el mercado las más de siete mil viviendas que están vacías y sin uso en la ciudad. Establézcanse medidas que salvaguarden los derechos del propietario, pero aplíquense también a éstos los deberes pertinentes para que el aserto de Pablo Casado se convierta en un axioma y realmente con una nómina y un puesto de trabajo se puedan alquilar una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada familia. El control que pretende el Gobierno, señor Casado, no es comunismo, como usted dice, sino solidaridad y empatía social. Quien piense lo contrario, sin duda vive en las nubes.
P.D. Me alegra mucho que me hayan hecho caso y hayan comenzado las obras de mantenimiento y desbroce de la senda del Peñafrancia, la senda fluvial del Piles y la vía verde de La Camocha. Hacía mucha falta.