Reitera que se trató de una «decisión arbitraria» por parte del Patronato, considera que se han vulnerado su honor y el de su familia, y confirma que recurrirá a la fórmula de la demanda de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales
Ha sido la gran pregunta que los muchos que le han profesado su apoyo, como aquellos favorables a lo ocurrido, se han hecho una y otra vez durante el último mes… ¿Emprenderá Pablo de Soto algún tipo de acción legal tras su cese unilateral y fulminante como director de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, ocurrido el pasado 3 de febrero? Pues bien, tras largas semanas de dudas, teorías, opiniones y quinielas, esa cuestión ya ha obtenido respuesta. En un comunicado remitido esta misma mañana a todos los medios de comunicación, el también artista ha confirmado que presentará una demanda de despido nulo contra la Consejería de Cultura del Principado, cuya titular, Vanessa Gutiérrez, ostenta la presidencia del Patronato que gestiona LABoral, por vulneración de derechos fundamentales. Una maniobra con la que De Soto espera, de algún modo, revertir los efectos de lo que continúa asegurando que fue una «decisión arbitraria» por parte del citado organismo.
«Mi despido no responde a criterios de gestión o desempeño profesional, sino a la preservación de pequeñas parcelas de poder, amistades políticas e intereses ajenos a la misión del centro», afirma De Soto en su mensaje, incidiendo en un supuesto que este diario ya puso sobre el tapete en la semana posterior a su cese: el que, «tras la comunicación de mi baja por paternidad, la Consejería, en connivencia con tres trabajadores, orquesta la tramitación de un informe con la imputación de hechos y circunstancias falsas, con el único fin de despedirme». Desde entonces, continúa el autor del comunicado, «se ha vulnerado también mi derecho al honor, así como el de mi familia, causándome graves perjuicios tanto a nivel profesional como personal, con el único fin de eludir responsabilidades políticas y dar apariencia de legalidad al despido». Por todo ello reclama, como parte de la reparación de los daños, «que se hagan públicas mis alegaciones y las pruebas objetivas que las acompañaron, así como la auditoría contable».
Tal como reitera De Soto, esos documentos, a los que miGijón tuvo acceso, desmienten buena parte de los contenidos del informe realizado por la Inspección General de Servicios del Principado, y que el Patronato ha utilizado como única prueba para sostener su decisión de cese, negándose a ampliar la información disponible. Un silencio que al exdirector de LABoral también le suscita dudas. «¿Por qué se me despide justo después de aprobar mi plan de actuación económico y de contenidos para el 2025? Si ha habido irregularidades económicas en la gestión… ¿Por qué las auditorías muestran todo lo contrario? Si había dudas sobre algún aspecto de mi gestión… ¿por qué la Consejería no convocó ni una sola Comisión Ejecutiva, como está en sus funciones según los Estatutos, o respondió a mis peticiones de reunión y llamadas?», se pregunta. Frente a todo ello, «la única respuesta clara que ha dado la Consejera públicamente al respecto es que no han convocado a la Comisión Ejecutiva en tres años porque yo estaba de baja por paternidad».
A la espera de comprobar el recorrido de esta demanda, De Soto concluye matizando que el suyo no es un caso aislado en la historia de LABoral. «He sido la cuarta dirección en menos de diez años, lo que permite entrever una clara dinámica de injerencias y falta de rumbo en la gestión cultural del Gobierno del Principado. Tal proceder impide una mínima continuidad a los proyectos de dirección. La cultura y sus instituciones deberían estar protegidas de decisiones políticas que comprometan su buena gobernanza», finaliza.
