El sindicato USIPA habla de caos interno, falta de personal y un «hecho grave» que podría tener consecuencias judiciales
El sindicato independiente USIPA ha elevado el tono contra el concejal de Educación, Jorge Pañeda, tras la polémica asamblea con familias por la situación de los comedores escolares. La organización sindical no solo cuestiona la actuación del edil durante el encuentro, sino que anuncia acciones legales en defensa de una trabajadora municipal cesada, en un conflicto que suma un nuevo frente al ya abierto con padres y madres.
Según explicaron desde USIPA, su presencia en la asamblea no respondía a una acción sindical organizada, sino al interés por “escuchar” ante la posibilidad de que se produjeran nuevas declaraciones que afectasen a su afiliada. En este sentido, critican que el concejal utilizara la presencia de sindicatos como argumento para evitar dar explicaciones públicas. “Si lo que dice es verdad, puede decirlo sin problema; si es falso, entonces tendrá consecuencias”, advirtieron.
El sindicato confirmó que ya ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo contra la resolución del cese de esta trabajadora, y avanzó que prepara también acciones en la vía civil y penal. Estas medidas, subrayan, no se impulsan como organización, sino a través de sus servicios jurídicos en representación de la afectada.
Más allá del caso concreto, USIPA dibuja un escenario de “falta de previsión” e “incompetencia” en la gestión de la Concejalía de Educación. Denuncian un grave problema estructural de personal, con una plantilla de ocho personas en la que existen dos vacantes clave —jefatura de servicio y jefatura de sección— y el resto de puestos ocupados por personal temporal con escasa antigüedad.
La situación, explican, se arrastra desde 2024, cuando la anterior jefa de servicio abandonó su puesto y no fue sustituida, al igual que ocurrió con otro perfil técnico clave jubilado ese mismo año. A pesar de la creación posterior de una jefatura de sección, esta tampoco ha sido cubierta hasta la fecha. “El servicio está sostenido por personal temporal que, en muchos casos, no tiene ni la capacidad ni la responsabilidad que se le está exigiendo”, señalan.
En relación al cese de su afiliada, el sindicato cuestiona la legalidad del procedimiento. Asegura que el concejal argumentó una “pérdida de confianza”, un motivo que, según defienden, no es válido para destituir a una funcionaria de este nivel. Además, apuntan que la decisión no puede recaer directamente en un concejal, sino en el área de personal, lo que, a su juicio, añade más dudas sobre la actuación administrativa.
USIPA también pone el foco en la falta de responsables en puestos clave. Recuerdan que la jefatura de personal cesó en febrero y que, desde entonces, no ha sido cubierta, lo que genera incertidumbre sobre quién asume la firma y responsabilidad de decisiones relevantes dentro del departamento.
Sobre las circunstancias concretas del cese, el sindicato alude a un “hecho grave” ocurrido el pasado diciembre, que habría desencadenado la pérdida de confianza. Este pronunciamiento de USIPA se produce en un contexto de creciente tensión en el área de Educación, tras una asamblea marcada por los reproches de las familias a la gestión municipal y la salida anticipada del concejal. Con la vía judicial ahora en marcha, el conflicto amenaza con prolongarse y escalar tanto en el ámbito político como en el administrativo.
El conflicto se enmarca además en un mandato marcado por la polémica en torno a la figura del concejal Jorge Pañeda, cuyo estilo de gestión ha generado fricciones constantes tanto dentro como fuera del Ayuntamiento. A las tensiones con familias por la crisis de los comedores escolares se suman choques con la oposición en el pleno —con episodios de gran dureza verbal—, controversias en el ámbito deportivo y decisiones cuestionadas. Este clima también ha derivado en roces con otros miembros del propio gobierno municipal, evidenciando una gestión rodeada de conflictos que, lejos de apaciguarse, han ido encadenándose a lo largo del mandato.
