Tras la amnistía de 1977, todavía hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver
Concentración de @sortuEH en Bilbao para felicitar a los etarras Harriet Iragi y Beatriz Echevarría, ambos condenados por asesinato.
— COVITE (@CovitePV) February 1, 2024
Portan sus fotos mientras les cantan «feliz cumpleaños» en euskera.
Indignante que esta exaltación a ASESINOS suceda en el espacio público. pic.twitter.com/Xy31892LIE
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo contabilizó, en 2023, 466 actos públicos de apoyo a ETA, entre los que se encuentran 48 homenajes a miembros fallecidos de la banda terrorista y 5 a aquellos que están hoy en prisión. Esta semana, el Congreso rechazaba prohibir por ley estos homenajes sin intervención judicial antes de que se produzcan.
En paralelo, el partido Sortu (integrado en EH Bildu), convocó hace pocos días a cerca de 50 personas en Bilbao para cantarle el ‘Cumpleaños Feliz’ a los etarras Harriet Iragui y Beatriz Etxebarría, ambos con asesinatos a sus espaldas.
El goteo incesante de estos actos hace mella en los profesionales que estuvieron en primera línea combatiendo el terror: “Dentro de la Guardia Civil, hay mucho desánimo”, explica el asturiano Pedro García, exguardia civil y socio fundador de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), de 9.000 miembros, que muestra su preocupación por la situación política actual respecto al mundo abertzale.
Hasta 2019, el presidente Pedro Sánchez dijo públicamente que se negaba a pactar con Bildu; en 2020 logró que el partido independentista se abstuviera en la quinta prórroga del estado de alarma de la pandemia y, finalmente, en 2023 Bildu votó a Sánchez como presidente del Gobierno y el PSN apoyó a Bildu en Pamplona para que gobernara la ciudad. “A nivel de los que estuvimos involucrados en las fuerzas de seguridad, tenemos la sensación de que hemos perdido el tiempo -lamenta García-. Fui escolta de Consuelo Ordóñez, Jaime Mayor Oreja, María San Gil o Patxi López. Por este último me jugué la vida para que luego negociase con los que le querían matar. Los que han ganado han sido ellos”.
Fue en la casa cuartel de Irún, el 24 de diciembre del año 2000, cuando distintas explosiones ocasionadas por granadas y un coche bomba, hicieron que Pedro García sufriera múltiples heridas, dejándole secuelas para toda la vida. El exguardia civil y residente en Gijón denuncia que, en el País Vasco, se ha dejado al cuerpo “para servicios muy restringidos y mero trabajo de oficina”. Según él, “es vergonzoso que miembros de fuerzas de seguridad del Estado no pinten nada en determinadas comunidades”.
Por su parte, Antonio Mancera, guardia civil retirado tras un accidente en acto de servicio y director de la revista Tribuna Benemérita, tiene claro que “no se quiere a la GC porque es un organismo que vertebra el Estado; y para acabar con ella lo que hacen es dejarla sin recursos; ahora mismo hay un déficit de 10.000 personas en todo el país mientras la delincuencia sigue avanzando”.
Mancera vivió de primera mano los ochenta, con más de 30 asesinatos de media al año. “Ver homenajes a etarras en los que se les llama héroes es muy desagradable -comenta-. ¿De qué sirve el trabajo de tantos compañeros asesinados? Pese a lo que dijo Josu Ternera, nuestro trabajo no es morir, es proporcionar seguridad a la sociedad. Estos homenajes son sin duda una derrota. Un héroe es el que se enfrenta a los problemas e intenta solucionarlos. Tengo la sensación de que una parte de la sociedad vasca, la más radical, ha perdido el norte. Es una moral que no sabe distinguir entre el bien y el mal, y que eleva a la categoría de héroes a asesinos como el ‘carnicero de Mondragón’, que decía que no asesinaba, sino que ‘ejecutaba’”.
Finalizada la política de dispersión por el Gobierno de Pedro Sánchez, el separatismo vasco apunta ahora a minimizar la intervención de la legalidad española en las cárceles, denunciando el papel de Fiscalía y Audiencia Nacional a la hora de revocar el tercer grado a los presos. Con competencia en materia penitenciaria desde 2021, el Ejecutivo vasco cerró 2023 con 61 terceros grados para presos de ETA, diez de ellos repetidos tras ser revocados. “El objetivo es que salgan todos a la calle -afirma Antonio Mancera-. Esta gente sale de prisión sin pedir perdón, sin indemnizar a sus víctimas ni ayudar a esclarecer las investigaciones pendientes. Hay terroristas por ahí que no han pisado la cárcel”. Tras la amnistía de 1977 y a día de hoy, todavía hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. En total, la banda asesinó a 853 personas, dejó 2.600 heridos y organizó cerca de 90 secuestros, según datos del ministerio de Interior. 243 de las personas asesinadas pertenecían a la Guardia Civil.
Mancera acude al término ‘Damnatio memoriae’, el castigo romano al recuerdo público de alguien, para explicar que “la gente joven no sabe lo que ha hecho ETA y no se estudia en la historia de España”. No se enseña, argumenta, porque “se intenta legitimar a ciertos partidos relacionados con la banda”, y advierte: “Ya hay terroristas que han pedido que su nombre no aparezca en Google. Quieren borrar la historia”.
