La adolescente se quedó inconsciente en el domicilio del procesado, según sostiene el Ministerio Fiscal, que reclama además una indemnización de 30.000 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia en Oviedo
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita diez años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en su vivienda de Avilés. Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2021, cuando la menor se encontraba en el domicilio del procesado junto a otros jóvenes y, según el relato del Ministerio Fiscal, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y marihuana. El juicio se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, y ha quedado visto para sentencia. Según sostiene la Fiscalía, el acusado, nacido en Rumanía en 1998, se encontraba aquella tarde, sobre las 16.00 horas, en su vivienda avilesina con su sobrino y varios amigos de este, todos ellos menores de edad. Durante el encuentro bebieron una botella de tequila y algunos de los presentes fumaron marihuana.
En un momento dado, el hombre habría pedido a una de las adolescentes que le acompañase a su habitación para buscar una cajetilla de tabaco. La joven accedió y, una vez en el dormitorio, el procesado habría aprovechado que se encontraba inconsciente por los efectos de las sustancias consumidas para agredirla sexualmente, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal. Dos días después de los hechos, el 31 de marzo de 2021, un auto judicial estableció una orden de alejamiento que prohibía al acusado aproximarse a la menor o a su domicilio a menos de 200 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y reclama una condena de diez años de prisión, además de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena. También solicita que se le prohíba durante 15 años ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual y directo con menores y que quede inhabilitado durante ocho años para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. A estas penas se sumarían ocho años de libertad vigilada y una prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio, centro de estudios o lugares que frecuente a menos de 500 metros durante once años. La medida incluiría también la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía.
En el apartado de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a la adolescente con 30.000 euros, además de los intereses legales. También interesa que se abonen las costas procesales y que se inscriba su perfil genético en la base policial de datos de ADN, al apreciar un posible riesgo de reiteración delictiva.
