En su poder se hallaron sesenta envases de droga, repartidos por su sujetador, una riñonera, una cajetilla de tabaco y una caja de mascarillas
Pluriemplearse se ha convertido en la balsa salvavidas para miles de familias de este país cuando, en momentos de penuria, un único salario no era suficiente. Sin embargo, parece que ese concepto ha sido pervertido por cierta camarera de Gijón, empleada en una sidrería de la ciudad, a la que se acusa de haber vendido cocaína a los clientes del local en el ejercicio de su trabajo. De revelarse cierto, podría encarar una pena de hasta siete años de cárcel, tal como solicita la Fiscalía. La vista tendrá lugar a las 10 horas de mañana, en la Sección Octava de la Audiencia Provincia.
Según el relato presentado por el Ministerio Fiscal, entre agosto y septiembre de 2021 la mujer, nacida en 1957, aprovechó para distribuir estupefacientes mientras se desempeñaba como camarera en un establecimiento hostelero de la calle Eleuterio Quintanilla. Una presunta carrera delictiva que terminó de golpe el 10 de septiembre de ese año; ese día, alrededor de las 9.50 horas, la acusada fue detenida cuando, estando detrás de la barra, se disponía a proporcionar a una persona una papelina de cocaína que llevaba en su mano izquierda; de hecho, al ver a los agentes de la Policía Local entrar en la sidrería, la arrojó al suelo.
Una vez aprehendida, los uniformados encontraron diecinueve envases de la misma sustancia ocultos en su sujetador, a razón de trece en la copa izquierda y seis en la derecha. Así mismo, en una riñonera que llevaba en su cintura escondía dos envoltorios de cocaína, amén de los otros doce que se le encontraron en una cajetilla de tabaco, y de los veintisiete restantes, esta vez escondidos en una caja de mascarillas. En conjunto, las papelinas contenían 22,6 gramos de cocaína, con una pureza del 50,6% y 0,18 gramos de cocaína, una riqueza del 0,18%, y que podrían haber alcanzado un precio en el mercado de 3.457,65 euros. Por último, se le requisaron 350,76 euros provenientes de la venta de la droga.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que causan grave daño a la salud cometido en establecimiento abierto al público por empleado del mismo. En consecuencia, solicita que se condene a la acusada a siete años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a pagar una multa de 4.000 euros, más las costas del proceso.
