Al mismo tiempo, ambos partidos registran proposiciones para que la Sindicatura de Cuentas fiscalice todos los contratos de la empresa de festejos desde 2023, y para crear una Comisión de Investigación municipal; se votarán en el Pleno de septiembre
Mes y medio después de que el conocido como ‘caso Divertia’ estallase en Gijón, su onda expansiva continúa creciendo y amenazando con cercar en los tribunales al Gobierno de la ciudad. Dando cumplimiento a su advertencia lanzada en julio, al poco de desatarse la crisis, los Grupos Municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos registraban ayer una denuncia conjunta ante la Fiscalía del Principado para solicitar la apertura de diligencia de investigación en hasta catorce contratos -de un total de quince analizados- suscritos por la empresa, y en los que ambos partidos han detectado presuntas «irregularidades». Una maniobra de alcance que va de la mano de otras dos acciones: por un lado, la petición al Ayuntamiento de que inste al Tribunal de Cuentas a que fiscalice la actividad de Divertia desde 2023; por otro, la reclamación al mismo Consistorio de que se cree una Comisión de Investigación que contribuya a esclarecer el alcance político de lo ocurrido. Ambas cuestiones serán votadas en el Pleno del 16 de septiembre.
Tal como el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, y su homóloga de Podemos, Olaya Suárez, detallaron ayer, los contratos se distribuyen a razón de cinco firmados en 2024, tres en 2025 y seis este mismo año. Tras haber sido estudiados a lo largo del mes de agosto, en todos ellos se ha identificado un patrón común: la adjudicación directa del entonces presidente de Divertia, Oliver Suárez, con o sin connivencia de su gerente, el también cesado Fernando Losada, sin que los pliegos hubiesen sido elevados al Consejo de Administración de la entidad, algo fuera de sus respectivas competencias. Y no solo eso; los dos partidos en la oposición creen haber hallado pruebas de que, en varios contratos, «se simuló el visto bueno del Consejo», afirmando que pasaron por el mismo pese a no haber sido así, o asegurando falsamente que durante la firma había presentes representantes del citado órgano. Dos acusaciones de extrema gravedad que, de ser ciertas, probarían que Suárez y Losada «incurrieron en delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental». De ahí que se pida la intervención de la Fiscalía para que investigue los contratos y, de ser necesario, eleve el asunto a instancias judiciales.
Un espectáculo «al más puro estilo Esperanza Aguirre»
No obstante, como se ha indicado anteriormente, el acudir al Ministerio Fiscal no implica que IU y Podemos den por perdida la batalla en la arena municipal. En realidad, es todo lo contrario. De ahí que, paralelamente, de cara al próximo Pleno ordinario se hayan registrado sendas propuestas destinadas a implicar al Tribunal de Cuentas en el control de las actividades de contratación de Divertia desde el inicio del mandato, y a crear una Comisión de Investigación municipal que dirima hasta dónde llegaron, o aún llegan, las ramificaciones políticas del escándalo. Por lo que respecta a la primera de ambas propuestas, Suárez Llana recordó ayer que el Tribunal de Cuentas «es un órgano público, independiente, con una metodología de auditoría, que da audiencia a las personas y entidades investigadas, que aprueba sus informes y recomendaciones de forma pública, y que está sometido a control parlamentario». Razones todas que lo convierten en el agente más idóneo para analizar los detalles de los contratos de Divertia, cómo se planificaron tales contrataciones, si se cumplió con las atribuciones y si se infringieron normas y leyes, entre otros puntos. «Se trata de conocer qué ocurrió, durante cuánto tiempo, cuál fue su alcance y por qué fallaron los mecanismos de control», resumió el portavoz de IU.
Eso, dicho de forma sencilla, sería un trabajo ‘macro’, estratégico, de amplio alcance. ¿Cómo aterrizarlo en el espacio del ‘caso Divertia’ que dinamitó la realidad cotidiana de la empresa municipal de festejos? La clave está en la segunda propuesta que irá al Pleno del 16 de septiembre, y que se encargó de detallar la portavoz de Podemos, Olaya Suárez: la creación de una Comisión de Investigación que baje hasta el más nimio detalle de la crisis. «No se puede obviar que el escándalo en Divertia es consecuencia de la decisión del Gobierno de mantener como presidente de una empresa pública que maneja millones de euros al año a una persona con una capacidad de gestión empresarial públicamente cuestionada», aseveró, tajante, la edil ‘morada’, sin dejar de lado esa igualmente polémica derivada que es «el descontrol» demostrado por los órganos internos de la empresa, que permitió que todo aquello ocurriera. La gran duda ahora es si el Ejecutivo y, más concretamente, su alcaldesa, Carmen Moriyón, estarán por la labor de abrir las puertas a ese esclarecimiento, aunque tanto Podemos como IU consideran que debería. «En julio nos ofreció un espectáculo al más puro estilo Esperanza Aguirre, anunciando a bombo y platillo que había destapado un escándalo; si de verdad lo hizo, ahora que facilite su esclarecimiento», sentenciaron ambos ediles, que reclaman al Consistorio «colaboración y transparencia».
