El militante Fran López exige explicaciones al Secretario General y alerta sobre el riesgo de debilitar los protocolos de igualdad
El militante socialista Fran López, antiguo contendiente en el proceso interno por la Secretaría General de la agrupación local del PSOE en Gijón, ha alzado la voz en plena crisis interna del partido para exigir explicaciones políticas, reforzar la defensa de los protocolos de igualdad y marcar posición ante un caso que sigue generando una profunda inquietud en la organización.
Sus declaraciones llegan después de que este jueves el Grupo Municipal Socialista formalizase el despido disciplinario de Iván Álvarez Raja como asesor, una decisión adoptada siguiendo directrices de la dirección federal del partido y que se interpreta internamente como un posible anticipo de la resolución del expediente abierto por un presunto caso de acoso. El cese se produce, además, con dos semanas de retraso administrativo respecto al anuncio de su salida, lo que obligará a devolver parte de la subvención pública correspondiente a ese periodo.
En este contexto, López ha querido comenzar trasladando un mensaje de confianza en los órganos internos del partido, encargados de resolver el expediente disciplinario. “Estamos a la espera de lo que decidan los órganos del partido con los protocolos establecidos, en los cuales confiamos plenamente y somos la formación política con protocolos más avanzados en materia de acoso y de igualdad. Sabemos que sabrán y que harán bien su trabajo”, afirmó.
Sin embargo, ese respaldo convive con una exigencia clara de rendición de cuentas en el plano político. El militante insiste en que la cuestión clave no está en los detalles del caso, sino en cómo se gestionó internamente antes de que se adoptaran medidas formales. “Creemos como hace 15 días que la militancia merece una explicación por parte del Secretario General, no sobre los detalles del asunto, sino sobre la gestión política previa a la apertura del expediente o de la contratación como asesor”, señaló.
López plantea directamente las dudas que, a su juicio, deben resolverse ante la militancia: “Si había indicios o no y en caso de que los hubiese cómo se actuó”. Para ello, propone una vía concreta: la convocatoria de una asamblea extraordinaria que permita abordar la situación de forma abierta.
“Creemos que la mejor fórmula es una asamblea extraordinaria de las y los militantes, como ejercicio de transparencia también ante la ciudadanía. Para las y los socialistas la igualdad y los derechos de las mujeres son la base fundamental de nuestro ideario. Este tema no es un caso menor. Tenemos que ser ejemplo y tolerancia cero”, defendió, situando el debate en el plano de los principios del partido.
Uno de los puntos donde López se muestra más contundente es en la defensa de los protocolos internos en materia de acoso, ante el debate surgido en algunos sectores sobre su posible revisión. El exaspirante a la Secretaría General rechaza de plano cualquier modificación que pueda debilitar la protección de las víctimas.
“En lo que queremos mostrar nuestro gran rechazo es a un replanteamiento de los protocolos internos en materia de acoso y de protección de las supuestas víctimas, tal y como se ha llegado a plantear. Los protocolos funcionan y tienen un objetivo fundamental, proteger los derechos y la privacidad de las víctimas”, subrayó.
En esa línea, advierte del riesgo de adaptar las normas a conveniencia según las circunstancias: “No vale eso de que los protocolos de actuación se cambien cuando los hechos nos afectan a nosotros o a alguien cercano. No vale eso de cambiar la norma para amoldarla a intereses individuales”.
Finalmente, López introduce una reflexión de fondo sobre el debate generado en torno a este caso, apuntando a un patrón que considera preocupante dentro y fuera de la organización: “Es curioso que las únicas normativas o protocolos que se cuestionan siempre son los relativos a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género”.
Sus palabras se producen en paralelo a la cautela mantenida por la dirección socialista. La portavoz municipal, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha insistido en el carácter reservado del proceso, defendiendo la actuación “escrupulosa” de los órganos federales y asegurando que en el momento de la contratación de Álvarez Raja no existía denuncia formal.
