La defensa advierte que la decisión del Principado «puede incardinarse en supuestos y presuntos ilícitos penales, como prevaricación, malversación de fondos públicos y delito ambiental«
El anuncio ayer en el BOPA del trámite de información pública para el vertido al mar de la nueva estación de depuración de aguas residuales de la zona Este de Gijón, con la subsiguiente inminente puesta en servicio de la depuradora, ha vuelto a poner a los vecinos de la zona del Pisón en guardia.
La defensa de la comunidad de propietarios, que desempeña el abogado Marcelino Abraira, no acierta a entender «esta petición de la Administración que sinceramente, roza la absoluta incongruencia y arbitrariedad, pudiendo incardinarse en supuestos y presuntos ilícitos penales, por ejemplo, prevaricación, malversación de fondos públicos y delito ambiental entre otros». En una circular informativa a los vecinos a la que ha tenido acceso miGijón, Abraira explica:
«¿Cómo se puede aprobar en febrero de 2020 el estudio de impacto ambiental realizado por Taxus, junto con la licitación de las obras pendientes (lo que denota deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental), y venir a estas alturas, a realizar un tramite de información publica sobre la autorización de vertido al mar de las aguas residuales, una vez depuradas, según ellos en esa zona del Pisón y cuando acabe de construirse, cuando en todo caso esta autorización de Costas debería haber sido la primera a solicitar incluso antes del periodo de consultas del articulo 34 de la ley ambiental de 2013 (hace más de dos años)?»
«Esta solicitud a la autoridad de costas de vertidos al mar, una vez seguidos los trámites de depuración, ¿cómo se compadece con los años y años que llevan vertiendo al mar directamente sin depuración alguna por el mismo emisario, submarino de Peñarrubia, sin que podamos hablar de un posible delito ambiental continuado por haber insistido una y otra vez en ubicar la depuradora del Este de Gijon, totalmente innecesaria, en la zona del Pisón, pese a que desde la primer legalización de la Plantona en 1996, antecedente de la EDAR, más que sentencias contrarias a tales plantas, no ha tenido la administración y no ha seguido criterios de sus propios técnicos y se ha mantenido en el capricho político en el que siguen en la actualidad que a toda costa pretenden terminar de construir y poner en funcionamiento incurriendo de nuevo a la arbitrariedad?«
Por último, el abogado asegura a los vecinos que, con independencia de efectuar las alegaciones oportunas, y procedimientos judiciales en su caso, se «pondrá en conocimiento de las autoridades comunitarias, para que no financien obras como la que aquí nos ocupa, recordándoles lo que ya se ha dicho en otras comunicaciones y que es, de persistir la Administración en su actitud injusta e injustificada con ustedes, se llegará judicialmente a donde haya que llegar, incluida la vía penal».
Por Agustín Palacio/David Pérez
TE EXPLICAMOS LA HISTORIA DEL CONFLICTO
La gran chapuza del saneamiento en Gijón: Depuradora Este
