La gran chapuza del saneamiento en Gijón: Depuradora Este

1.000 euros de multa cada hora y una depuradora en el Supremo

Controversia: «¡Ya conseguimos que los ricos laven su mierda, la depuradora la van a tener que tragar!»

por David Pérez

En el tiempo que se tarda en leer este reportaje, alrededor de quince minutos, la ciudadanía tendrá que pagar unos 234 euros de multa a la Unión Europea por el vertido reiterado sin depurar de las aguas residuales del este de Gijón al mar Cantábrico. Dentro de una hora, serán 936 euros. Al final del día, cerca de 22.500 euros. En el plazo de un mes, 675.250 euros. Cuando pase medio año, algo más de cuatro millones de euros.

Esa es la suma a la que asciende la factura disuasoria semestral impuesta a España por la UE hasta la resolución de un problema que comenzó hace tres décadas con una decisión política «arbitraria», según el término utilizado por el Tribunal Supremo, mantenida en el tiempo por distintos gobiernos y administraciones: construir las grandes infraestructuras de saneamiento de la cuenca este de la ciudad al lado de una urbanización de viviendas en el entorno de El Pisón, en el barrio de Somió.

Porque existe, por supuesto, una depuradora en el este de Gijón. Ha costado, al menos, según los carteles de propaganda institucional, 36,06 millones de euros. Y, como en toda buena historia del municipalismo nacional, jamás ha funcionado.

El Tribunal Supremo ordenó en 2019, incluso, paralizar el pretratamiento de aguas autorizado un año antes por la Audiencia Nacional, como medida de gracia. Para que el Alto Tribunal acepte que el mar Cantábrico sea la cloaca de una población superior a 150.000 personas, asumiendo el vertido de las aguas residuales de media ciudad sin ningún tratamiento previo, tiene que ocurrir, como mínimo, una cosa.

Bienvenidos a la historia de la gran chapuza del saneamiento en Gijón.

Tiene el honor este relato, entre otros récords, de representar el 37% de la mayor sanción medioambiental de la historia impuesta desde las instituciones europeas al Estado español. Solamente en penalizaciones económicas, la situación del saneamiento en el este de la ciudad más poblada de Asturias ha costado a nuestro país alrededor de 20 millones de euros desde 2018 (y subiendo).

De otro lado, en el oeste de la ciudad serán necesarias en los próximos años obras valoradas en 15 millones de euros para evitar nuevas sanciones de la UE, puesto que la depuradora de La Reguerona, ubicada en Aboño, la única operativa actualmente en Gijón, fue inaugurada en 2005 sin cumplir la normativa europea de 1991, un asunto que ya ha sido puesto en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Érase una vez La Plantona

Fue ese mismo año, en el 91, cuando el ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, todos gobernados por el PSOE, acordaron un programa integral de saneamiento de Gijón, con el objetivo de construir una serie de infraestructuras esenciales. En el este, una planta de pretratamiento, un emisario submarino en Peñarrubia y una depuradora. En el oeste, otro emisario submarino y otra depuradora.

El acuerdo se publicó en el BOE del 17 de junio del 91. «En la ciudad de Gijón, las aguas residuales se vierten directamente al mar, provocando un deterioro del medio especialmente grave y que afecta a la primera línea de costa e incluso a su principal playa, la de San Lorenzo; lo que significa decir que se ve dañado su patrimonio más importante. Esta situación constituye el obstáculo más serio para la mejora urbanística de la ciudad, basada en la recuperación de su fachada marítima. Paliar esta situación exige cuantiosas inversiones y planteamientos técnicos complejos», exponía en preámbulo del acuerdo.

Lo que ocurrió a continuación te sorprenderá

Entre todas las ubicaciones posibles, al menos tres más (la vaguada de Peñarrubia, la playa de El Rinconín y la playa de Cagonera), se eligió la zona de El Pisón, a unos metros de una urbanización de viviendas unifamiliares, para construir la planta de pretratamiento de aguas (EPAR) de la cuenca este, un equipamiento de menor magnitud que una depuradora (EDAR), donde se llevan a cabo procesos de desengrasado y desarenado.

Pronto empezaría a ser conocida con el nombre de «La Plantona«. Desde el primer momento se encontró con la oposición de los vecinos de la urbanización de El Pisón. Entonces no sabían que aquella infraestructura se convertiría en un elemento inseparable de su vida cotidiana, a través de numerosos pleitos con la administración que aún hoy, tres décadas después, permanecen abiertos.

Tampoco sabían que, con el tiempo, La Plantona se convertiría en un símbolo de la lucha de clases, ni que una parte de la opinión pública les haría sentirse culpables por vivir en aquellos chalets de Somió, ni que desde las esferas políticas iban a ser estigmatizados de forma sistemática por no aceptar una estación de pretratamiento primero, y después una depuradora, al lado de su casa, decididos a mantener una batalla judicial mientras el agua residual de media ciudad seguía vertiéndose directamente al mar.

«Churruca nos llamaba la burguesía del Este»

Manuel Llano es uno de los vecinos de El Pisón que ha vivido este proceso desde el inicio. Su casa está, precisamente, a unos metros de la estación depuradora. «El primer año, ya se empezó a rumorear que iban a hacer una depuradora en el este. Pronto se dijo que en Somió, y enseguida salió el nombre de El Pisón. Era una urbanización nueva y estaba muy de moda. No hay duda de que gustaba a la gente porque era una especie de pueblín grande, muy cerca de Gijón. Gustaba y sigue gustando. ¿Y por qué no? ¿Es que hay que avergonzarse?», se pregunta el vecino en conversación con miGijón.

Y añade: «Entonces, la urbanización era un caramelo ideal para la demagogia política: una depuradora y, encima, en El Pisón… Que se fastidien los de Somió, que se fastidien los ricos… Primero te estigmatizan, te convierten en un insolidario. Después ya te venden el producto. ‘Churruca’ [Jesús Montes Estrada, concejal de Izquierda Unida en el gobierno bipartito liderado por la alcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso] nos llamaba la burguesía del este. En fin, había que acarrear con todo eso. Y luchar. Yo, desde luego, nunca me rendí ante la injusticia que estaban cometiendo», explica Manuel Llano.

¿Qué fue primero, El Pisón o La Plantona?

¿Las casas estaban allí cuando se decidió construir la planta de pretratamiento?

Marcelino Abraira, el abogado que ha representado a la comunidad de propietarios de El Pisón desde el comienzo, aporta los datos a miGijón, por otra parte recogidos en las diferentes sentencias judiciales.

«Las licencias del ayuntamiento para construir cien viviendas unifamiliares son de 1988. En los pleitos me he cansado de decirlo. Si tú vas a vivir a un sitio y ya existe una planta de pretratamiento de aguas, te la tragas, pero no es el caso», apunta el abogado. Y continúa: «En el año 88, la promotora El Pisón S.L. hace la urbanización de la zona: preparan los elementos de alcantarillado, traída de aguas, aceras… Luego contratan a otra empresa para la construcción de los chalets, pero las licencias son de 1988. Primer reproche que ha ido en múltiples demandas: vamos a ver, si ustedes en el 88 dan licencia de construcción de casi cien viviendas en la zona, en el año 91, cuando participan de ese acuerdo tripartito, tendrían que haberlo pensado; y luego, no permitas que se construya en 1994 una planta de pretratamiento, porque la gente estaba viviendo ahí ya», expone Abraira.

«Su baza siempre fue que allí ya existía una pequeña estación de bombeo»

«Las obras de La Plantona acabaron en 1994, tres años después de la preparación del plan de saneamiento de Gijón, pero seis años después de las licencias y cinco años después de que ya hubiera 60 viviendas. Cuando empiezan a construirla ya hay más de 90 chalets. Y eso es muy importante, de ahí la relevancia que ha tenido en los tribunales», señala el abogado. «Su baza siempre fue que allí ya existía una pequeña estación de bombeo. Es cierto que existía desde los años 30 del siglo pasado, pero en numerosos pleitos se presentaron periciales que mostraron que nada tenía que ver aquella estación de bombeo, prácticamente manual, como la que puede tener un chalet, con la monstruosidad de La Plantona», sostiene Abraira.

Cuatro sentencias consecutivas favorables

El ayuntamiento otorgó la primera licencia de funcionamiento a la planta de pretratamiento en octubre de 1996, con la infraestructura ya funcionando desde el año anterior. Los vecinos recurrieron esta legalización al Tribunal Superior de Justicia. Y ganaron.

La primera contienda judicial se centró en la interpretación de dos artículos del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP), una norma de 1961 vigente en Asturias por la ausencia de una ley medioambiental propia.

Los vecinos, de una parte, se ampararon en el artículo 4, según el cual las instalaciones de este tipo deben situarse a un mínimo de dos kilómetros de un núcleo habitado. Del otro lado, la administración se aferró al artículo 15, según el que es posible, excepcionalmente, en caso de que resulte imposible cumplir con la condición de la distancia, y con un informe bien fundamentado, proceder a determinadas edificaciones.

«Es curioso que saliese El Pisón como la mejor ubicación posible… la zona más poblada, con tres fases de construcción de viviendas, además de otros chalets aislados en la zona, y con el colegio Piles al lado, la Feria de Muestras detrás, el Molinón cerca… En fin, una auténtica vergüenza, y así lo reconocieron los tribunales», explica Marcelino Abraira.

La administración, no satisfecha, recurrió la sentencia del TSJ al Tribunal Supremo. Y perdieron. Los vecinos obtuvieron así su segunda victoria.

Un año después, el ayuntamiento, dispuesto a mantener el enfrentamiento con los vecinos, otorgó una nueva licencia de funcionamiento a La Plantona, hecho recurrido en el Juzgado de lo contencioso número 1 de Gijón. Los vecinos ganaron de nuevo, pero la administración recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, que, por cuarta vez consecutiva, dio la razón a la comunidad de propietarios de El Pisón en un nuevo fallo.

Un cambio de ley inesperado

Ahora ya estamos en 2006. Entre proceso y proceso judicial, ya han transcurrido doce años a lo largo de los cuales la planta de pretratamiento nunca ha dejado de funcionar, pese a la sucesión de cuatro sentencias favorables para los vecinos. Y aún lo estaría dos años más. Porque cuando se confirma la última sentencia y la comunidad de propietarios de El Pisón solicita la demolición de La Plantona, se encuentran con un repentino cambio en la ley que, de hecho, lo impide.

El nuevo objetivo era construir una depuradora en el mismo lugar. Si los vecinos de El Pisón no querían taza, entonces taza y media.

«Las malas lenguas, o las buenas, dicen, vamos a dejarlo en esos términos, que el Principado de Asturias aprobó la ley 11/2006 como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2007 para evitar la demolición. En esa ley, que ya nadie hacía, y que eliminó Zapatero, no es ni medio normal que se eliminen los artículos 4, 15 y 20 del RAMINP. Entonces ocurre que cuando pedimos la ejecución de la sentencia, el juez nos dice que no se puede por el cambio normativo. En definitiva, nos quedamos con La Plantona después de cuatro sentencias ganadoras», recuerda Marcelino Abraira.

Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia volvió a decidir a favor de los vecinos, pero entonces ya no importaba. Solo fue una victoria moral. La segunda ofensiva de la administración ya estaba en marcha: el nuevo objetivo era construir una depuradora en el mismo lugar. Si los vecinos de El Pisón no querían taza, entonces taza y media.

De la Audiencia Nacional al Supremo

Con el salvoconducto de un estudio ambiental que, de nuevo, señalaba El Pisón como la mejor de las ubicaciones posibles para la construcción de una depuradora en el este, en 2012 comenzaron las obras de la EDAR al lado de la antigua planta de pretratamiento, mientras los vecinos se resignaban de nuevo a esperar.

En 2014, la Audiencia Nacional les dio otra vez la razón, anulando la aprobación del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la depuradora. Quinta victoria.

Dos años después (sexta victoria), en febrero de 2016, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la administración central, considerando «arbitraria» la elección de la ubicación en El Pisón y condenando a los recurrentes al pago de las costas. «Carece de motivación suficiente, no reúne la razonabilidad exigible y no responde a un legítimo ejercicio de la discrecionalidad técnica, por lo que no puede quedar aquélla inmune al control judicial», argumenta la sentencia. «Se distrae la atención sobre los criterios con mayor relevancia para la discriminación entre las diversas alternativas por razones de su afección negativa ambiental, como son los criterios relacionados con la salud humana y la calidad de la vida de los ciudadanos, que se ven acompañados de aquellos otros que son irrelevantes o de escasa significación», añadía.

Se trataba, esta vez, de un fallo inapelable, pero las obras, en cambio, siguieron adelante. Marcelino Abraira tuvo que presentarse con un notario para levantar acta y enviar un escrito a la Audiencia Nacional para su paralización. «Pretendían acabarlas, los vecinos me decían que trabajaban hasta por las noches. Querían conectarla a toda costa», recuerda el abogado. «Porque si la depuradora está conectada, a lo mejor a algún magistrado le tiembla más la mano. Yo creo en la justicia, por eso hemos llegado hasta aquí, pero no es lo mismo parar una obra que está sin acabar que detener una instalación que está sacando todos los vertidos de Gijón limpios a la playa. Los jueces son también seres humanos, yo no quería que me pasara eso», expone Marcelino Abraira.

El rodillo de la Administración

Tras permanecer tres años paralizada a la espera de nuevos estudios que pudieran auspiciar el funcionamiento de la depuradora, la situación se reactivó en noviembre de 2019, cuando el Ministerio de Transición Ecológica dio la orden de publicar el BOE una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para legalizar la EDAR de El Pisón, a partir de los estudios realizados por la empresa asturiana Taxus, que de nuevo ratificaron la zona como la ubicación idónea para la polémica instalación sanitaria.

Unos meses después, en febrero de 2020, se hizo pública la licitación para contratar las obras de «terminación y puesta en servicio de la EDAR este de Gijón». Es decir, para terminar la depuradora y conectarla, con un presupuesto extra de 5,6 millones de euros, de los cuales 2,7 corresponden a remates pendientes, 800.000 a mejoras y 2 millones a la explotación durante seis meses. Cinco empresas presentaron ofertas.

«Hasta hace poco, los malos de la película eran ellos. Al final, la culpa la van a tener las víctimas. Insolidarios, ¿quién?»

En los últimos meses, los vecinos han recurrido cada uno de los actos administrativos anteriores. La Audiencia Nacional los ha admitido a trámite. Actualmente, esperan una respuesta. «El artículo 103.4 de la ley 29/98 dice que serán nulos de pleno derecho todos los actos administrativos que se dicten con ánimo de eludir la ejecución de una sentencia firme», apunta Marcelino Abraira.

Y agrega: «Yo tengo claro que están haciendo un fraude de ley. Pero, aunque la Audiencia Nacional no lo acepte, iríamos al Supremo. Y aunque sigan adelante con la licitación y el Secretario de Estado decida conectar la depuradora, entonces se encontrará con una querella criminal. Porque yo creo que ya está bien, desde 1996 hasta 2020 han pasado 24 años y los vecinos ya tienen una mochila. Tú no puedes ir a la primera de cambio a lo penal en materia administrativa, pero ya son muchas sentencias ganadoras en la misma línea. La querella está preparada. Contra Hugo Morán, Secretario de Estado, como cabeza visible, y de ahí para abajo contra los técnicos, contra los encargados del estudio ambiental, contra todos aquellos que estén involucrados», expone el abogado.

Abraira, lamenta, especialmente, la condena pública a la que se ha sometido a los vecinos durante todos estos años. «Hasta hace poco, los malos de la película eran ellos. Al final, la culpa la van a tener las víctimas. Insolidarios, ¿quién? El que tuvo el capricho de poner la depuradora a los ricos de El Pisón, que de ricos nada, por otra parte: profesores, transportistas, gente de clase media, hay de todo… Pero, con independencia de eso, hoy nadie quiere hacerse responsable de la situación, pero la ubicación de El Pisón fue un capricho político, y no lo digo yo».

Lo dice, en realidad, mucha gente, algunos viejos conocidos de la administración local, que hoy critican con dureza el proceso.

Una decisión contra los técnicos

En marzo de 2015, el ingeniero Fernando González Landa, presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) de 2001 a 2004, así como jefe del Servicio de Obras Públicas del ayuntamiento de Gijón entre 1975 y 2001, dijo al diario El Comercio: «El PSOE desoyó a los técnicos que aconsejamos depurar todas las aguas residuales del municipio en Aboño en varias ocasiones».

En octubre de 2018, Julio Gómez Rivas, concejal del PSOE de 1983 a 1999 en el ayuntamiento de Gijón, además de exdirector de la Junta de Saneamiento del Principado desde 1999 a 2005, dijo al diario La Nueva España: «Cuando estaba en la Junta de Saneamiento tenía una solución que no quisieron. Lo consulté con los técnicos que tenía y les parecía bien, hasta se hizo un pequeño proyecto, pero Churruca quería una depuradora en la zona de los ricos y si solo había depuradora en la zona de los pobres no quería. Se lo comenté a Mapi, pero no me dejaron que se lo plantease a Churruca. Técnicamente era factible, pero políticamente no. Paz Felgueroso dijo que no se podía molestar a Churruca. Le dije que yo hablaría con Izquierda Unida, pero se enfadó mucho conmigo y ahí se quedó el problema, no hubo manera».

En cambio, en noviembre de 2019, Aurelio Martín (IU), actual concejal de Medio Ambiente del ayuntamiento de Gijón, dijo en una reunión cuyo contenido fue recogido por la prensa lo siguiente:

«Soy muy respetuoso con los derechos individuales, pero como gobierno municipal me preocupan más los derechos colectivos que hacen ciudad y que afectan, en este caso, al medio ambiente. Los primeros no pueden quedar por encima de los segundos. Debería siempre haber funcionado, aunque fuera provisionalmente, hasta que haya una sentencia definitiva. Preservar los derechos de unos pocos no puede poner en cuestión el de todos».

También en 2019, la alcaldesa Ana González (PSOE) resumió así su posición al respecto de la sentencia cuando el Tribunal Supremo ordenó paralizar los procesos de pretratamiento de aguas den la depuradora de El Pisón: «Acatarla y enfadarme con el mundo, pero acatarla. Esta ciudad no puede estar sin depurar sus aguas. Sé que el Ministerio lo tiene avanzado y espero buenas noticias para superar este capítulo desgraciado».

Hace una década, el vecino de El Pisón Manuel Llano asistió como oyente a un acto político en la Asociación Cultural Gijonesa donde participaba como orador Jesús Iglesias, entonces senador de Izquierda Unida. Desde su asiento el vecino escuchó como el político proclamaba al auditorio: «¡Ya conseguimos que los ricos laven su mierda, la depuradora la van a tener que tragar!». Entonces Manuel se levantó y le preguntó a viva voz al senador asturiano si, cuando hablaba de aquellos ricos, se refería a él, vecino de El Pisón, allí presente. Iglesias se quedó blanco y se disculpó sobre la marcha, argumentando que no pretendía molestarle.

«Yo ya sé que no quería molestarme. Lo que quería era vender su producto y que le aplaudieran. Si la política y la sociedad es así, no me interesa. Siento pena y vergüenza, pero mientras la justicia sea independiente tendremos la seguridad de que la depuradora no podrá funcionar nunca. Ojalá tuvieran que pagarlo ellos, y no los ciudadanos de Gijón y de la Unión Europea», lamenta Manuel Llano.