El informe interno del PSOE devuelve todas las miradas hacia una gestión que sacudió a la agrupación gijonesa
El informe que ahora encamina hacia el archivo la denuncia interna contra Iván Álvarez Raja no solamente supone un giro para el exconcejal socialista después de seis meses suspendido cautelarmente de militancia. También devuelve el foco hacia una cuestión que provocó desde el principio importantes tensiones dentro del PSOE de Gijón: cómo gestionó su dirección un asunto del que había tenido conocimiento muchos meses antes de que Raja fuese finalmente apartado.
El Órgano contra el Acoso del PSOE ha concluido ahora que, después de analizar la denuncia, escuchar a denunciante y denunciado y estudiar las pruebas y testimonios recabados, «no puede concluir que la denuncia presentada sea procedente» como para proponer la incoación de un expediente sancionador.
Falta todavía la resolución definitiva de Ferraz. Pero el resultado provisional obliga a reconstruir una cronología especialmente incómoda para la organización gijonesa.
Según fuentes socialistas consultadas en su momento por este diario, ya durante la primavera de 2025 una afiliada había trasladado a responsables de la agrupación determinadas circunstancias relacionadas con Raja. El asunto volvió a aparecer internamente en junio.
Sin embargo, apenas unas semanas después, a finales de julio, el PSOE gijonés impulsó la contratación de Raja como asesor del Grupo Municipal Socialista. La dirección local argumentaría posteriormente que entonces no existía una denuncia formal y que la persona que había manifestado haber podido sufrir actitudes inapropiadas había sido invitada a utilizar los canales establecidos.
La pregunta sobre la gestión política quedó desde entonces encima de la mesa: si existían elementos suficientemente preocupantes, ¿por qué se promovió su contratación? Y si aquellos antecedentes no impedían contratarlo, ¿qué justificó meses después unas consecuencias tan inmediatas antes de existir una resolución sobre el fondo?
En diciembre, el PSOE gijonés trasladó información a la FSA y el asunto terminó llegando a Ferraz. El 26 de febrero se comunicó la suspensión cautelar de militancia.
La reacción política y laboral fue fulminante.
Raja quedó apartado de sus responsabilidades orgánicas y perdió también su puesto como asesor. El PSOE de Gijón y la FSA reivindicaron entonces conjuntamente su «tolerancia cero» ante cualquier conducta impropia y aseguraron actuar de manera «rápida y estricta» conforme a los protocolos internos.
Raja comenzó entonces una batalla pública reclamando garantías.
«Considero vulnerados completamente mis derechos al honor y a la presunción de inocencia», aseguró. También denunció encontrarse «atado de pies y manos para defenderme», porque inicialmente desconocía los hechos concretos que motivaban la decisión.
«No tengo ni el derecho a saber ni quién me denuncia ni por qué», llegó a lamentar.
La controversia terminó penetrando en el propio PSOE gijonés. Fran López, que había disputado anteriormente la Secretaría General a Monchu García, reclamó explicaciones sobre «qué se sabía y cómo se actuó» y pidió una asamblea extraordinaria para esclarecer la gestión política anterior al expediente y, particularmente, las circunstancias que rodearon la contratación de Raja como asesor.
Con el paso de las semanas apareció otra paradoja. El propio Monchu García reconoció públicamente en abril que existía una disposición federal sobre Raja en la que «no se conoce ni quién ni por qué se inicia, más allá de una acusación general de acoso».
Mientras tanto, Raja continuaba suspendido.
Pasaron marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Durante ese tiempo permaneció fuera de la actividad orgánica y perdió un empleo que había conseguido precisamente a propuesta de la organización socialista gijonesa meses después de que las primeras advertencias hubiesen empezado a circular internamente.
La demora llegó hasta el punto de que Raja remitió esta semana un burofax a la dirección federal reclamando una resolución y advirtiendo de posibles acciones judiciales. Su suspensión coincidía, además, con el arranque de las primarias socialistas de Gijón, lo que limitaba sus derechos como militante en uno de los procesos internos más importantes de los últimos años.
Ahora el órgano que ha investigado el asunto concluye que no existe fundamento suficiente para proponer siquiera la apertura de un expediente sancionador. De esta forma, deja una cuestión política pendiente en Gijón.
La misma organización que conoció internamente la existencia del problema, que después impulsó la contratación de Raja, que meses más tarde trasladó el asunto a instancias superiores y que finalmente lo apartó laboralmente mientras todavía estaba siendo investigado tendrá ahora que afrontar el desenlace de un procedimiento que, seis meses después, no propone ninguna sanción.
Raja ya lo había advertido cuando comenzó su particular calvario: «Sé que el tiempo, una vez más, demostrará la verdad y la inocencia. Solo espero que no sea demasiado tarde».
