El sujeto se hizo pasar por intermediario en la venta de una vivienda en Gijón y logró un botín de 5.500 euros de las arras penitenciales, aunque posteriormente indemnizó a su víctima con 11.000 euros
Que la picardía puede convertirse en un valioso talento es algo que muy pocos podrían discutir. Que, cuando se aplica a actividades ilícitas, puede llegar a poner a una persona contra las cuerdas, también. Eso es lo que le ha ocurrido a un hombre de 49 años que este miércoles, a las diez de la mañana, se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa. Y es que el sujeto se hizo pasar por intermediario de una transacción inmobiliaria para sustraer a una mujer hasta 5.500 euros, si bien no es menos cierto que, con posterioridad, devolvió ese dinero e indemnizó a su víctima con otros 11.000. Aun así, la Fiscalía pide para él dos años de prisión y multa de ocho meses, a razón de doce euros por día como cuota.
Según el relato presentado por el Ministerio Fiscal el acusado, tras enterarse de que la que la mujer estaba interesada en adquirir una vivienda sita en la calle Cuba, simuló realizar actividades de intermediación inmobiliaria, aun sin tener ninguna vinculación, ni relación laboral, con la entidad a la que decía representar. Tras reunirse con la que sería su víctima ofertó la venta de la casa y celebró un contrato privado de compraventa, confeccionando para ello un documento privado con apariencia de auténtico. En él, supuestamente, la legítima propietaria de la vivienda vendía el inmueble a la mujer, que lo adquiría por el precio total de 72.000 euros. Valiéndose de semejante engaño, el acusado logró que su víctima le entregase 5.500 euros en concepto de arras penitenciales. Posteriormente, tras la formulación de una denuncia por parte de la afectada el 13 de julio de 2020, el acusado, con la finalidad de reparar el daño ocasionado, indemnizó quince días después a la perjudicada con 11.000 euros por el dinero obtenido y los perjuicios económicos ocasionados.
Por todo lo anterior, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento privado y en concurso de normas con un delito de estafa. Concurre la circunstancia atenuante modificativa de la responsabilidad criminal de reparación del daño.
