Los 22 trabajadores, que el 15 de octubre serán víctimas de un despido colectivo, denuncian que la documentación aportada por la compañía no justifica el cierre de la nave gijonesa, que todavía recibe pedidos
Al mismo tiempo, gana fuerza la teoría de que la operación «estaba prevista desde antes de comunicarnos el cese», pues a finales de julio un robot y tres máquinas fueron retirados «sin dar explicaciones»
No ha sido un knock-out en toda regla, que dirían los amantes del boxeo, pero sí un golpe muy doloroso para los 22 trabajadores de la planta que Minova Ibérica, SL, mantiene, aunque por poco tiempo, en el Polígono de Roces. A solo tres semanas de que se consume el despido colectivo de toda la plantilla, fechado para el 15 de octubre, y el traslado de la producción a Estados Unidos, la primera reunión entre los representantes obreros y la dirección terminaba este martes sin que se hubiese alcanzado un acuerdo satisfactorio para los primeros, y sin que los representantes de la multinacional se mostrases dispuestos a modificar su voluntad de enviar a su gente a la calle. Y eso que, afirman los afectados, la documentación facilitada hasta la fecha por la compañía no justifica un cese de actividad de semejante alcance; es más, entre los inminentes despedidos gana peso la creencia de que el anterior no es más que una excusa para lavar una operación que estaba planeada desde mucho antes de comunicarse el futuro cese de actividad. En todo caso, la lucha todavía no ha acabado; con el periodo de consultas aún abierto, habrá una segunda reunión de las partes el próximo miércoles, 30 de septiembre.
Son varios los elementos que, en las últimas horas, han multiplicado la ya de por sí alta indignación de los trabajadores de Minova Ibérica -una de las divisiones del grupo estadounidense Minova, a su vez bajo tutela financiera del fondo alemán Aurelius desde 2022-. El principal de ellos, como se ha dicho, es la falta de base en las justificaciones presentadas por el director general de la multinacional, quien, según ha trascendido, acudió al encuentro como único representante de la firma, aunque acompañado por su abogado. «Los documentos no contienen ningún dato que acredite que la perdida de pedidos por parte de Minova USA (la nueva planta edificada en Denver, en estado de Colorado) tenga que suponer el cierre de la fábrica», insisten los trabajadores. Y es que, si bien el sector minero estadounidense ha sido el principal cliente de la planta gijonesa, «tenemos otros, y hemos realizado pedidos para otras filiales de Minova en Europa que podían dar ocupación si no a toda la plantilla actual, a la mayoría». Sin embargo, esa posibilidad no ha sido aceptada por la directiva, como tampoco acudir a un Expediente Regulador Temporal de Empleo (ERTE), ni realizar recolocaciones en otras factorías del grupo -como la situada en el langreano Polígono de Riaño-. Nada vale. «Nos quieren a todos en la calle; es así se simple», lamentan.
Esa falta de coherencia de los datos, unida al «decepcionante» desinterés de la empresa por encontrar soluciones que no impliquen el despido colectivo, está convenciendo a los trabajadores de que detrás de tamaña maniobra había un afán previo y deliberado de poner el candado definitivamente a la nave gijonesa. Y si ya detalles como la prohibición de nombrar un nuevo delegado sindical tras la marcha del anterior alimentaron esa teoría, hoy este diario ha conocido un nuevo dato al respecto: durante la última semana de julio, más de un mes antes de que se informase del despido, «la compañía se llevó un robot de inserción y tres máquinas automáticas para soldar tubos, sin darnos ninguna explicación». En fin, una mano, por ahora, perdedora, pero que hace que la posibilidad de llegar a juicio contra Minova sea cada vez más factible.
