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Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Asturias acampan por sus derechos: «Los contagios Covid no se reconocen como enfermedad profesional»

Paula G. Lastra por Paula G. Lastra
5 de noviembre de 2021
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Profesionales de la SAD duermen a la intemperie desde el lunes frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid para denunciar la discriminación del sector

Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, a las puertas del Ministerio de Trabajo en Madrid

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) han dicho “basta” ante sus precarias condiciones laborales. Lo hacen pasando a la intemperie las frías noches madrileñas, ataviadas con abrigos, mantas y sacos de dormir frente al Ministerio de Trabajo en Madrid. La Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio busca así poner de relieve lo que considera un abuso por parte de la administración. Entre ellas hay representación asturiana desde la plataforma regional. “Estamos cansadas de reuniones con distintos ministerios en los que hemos presentado argumentaciones y trabajos para resolver nuestra situación”, protesta para este diario Carmen Diego.

Esta trabajadora del servicio de ayudas a domicilio en Gijón expone la “discriminación” que sufre su sector en la norma de prevención de riesgos laborales. A pesar de ser trabajadoras por cuenta ajena, señala, se encuentran excluidas del amparo legal de esa norma, porque no es posible evaluar su puesto de trabajo, es decir, los domicilios a los que acuden. «Esto ocurre porque hay una colisión entre dos derechos fundamentales, el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad del domicilio y el 15, que garantiza el derecho a la vida». “Prevalece el 18”, explica, sin embargo “las personas usuarias del servicio, para poder recibirlo, deben presentar a la administración documentos tan personales como informes médicos, económicos, sociales…pero evaluar nuestro puesto de trabajo no se permite».

Pancarta de la reivindicación

Al no estar protegidas por la ley de prevención de riesgos, cuenta, “no hay ni un solo estudio sobre la prevalencia de nuestras enfermedades profesionales, por lo que no se reconocen; no tenemos ninguna reconocida, ni epígrafe de reducción de edad de jubilación por actividad, a pesar del esfuerzo y los riesgos a los que estamos sometidas”.  De hecho, apostilla, fueron el sector más contagiado tras los sanitarios. “Sin embargo, no se reconoce como enfermedad profesional”. La última vez que hablaron con el Ministerio de Trabajo fue en diciembre de 2020. Entonces Joaquín Pérez, secretario de Estado, les dio la razón, “nos dijo que había que poner solución a esto ya. Ha pasado casi un año, y no hemos vuelto a saber nada”.

También tiene palabras para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “Le diría que trabaje él de sociosanitario hasta los 67 años”. Como ejemplo de ese trabajo físico que soportan, Carmen Diego explica que pueden realizar 4 o 5 movilizaciones cada hora. “Si la persona pesa unos 75 kilos, supone movilizar 300 kilos cada hora. Y para ello, el único medio técnico que tenemos son nuestros cuerpos”. Por eso, añade, trabajar hasta esa edad es “un abuso”.

Para poder estar presentes en esta acampada las trabajadoras han tenido que sacrificar vacaciones o días de asuntos propios, por eso han decidido ir rotándose (hoy viernes llegarán tres trabajadoras más de Asturias y algunas otras de toda la geografía española). El objetivo es resistir: “Estamos acostumbradas a aguantar frío, calor, pasar hambre… porque nosotras (la plataforma de auxiliares) en Gijón hemos conseguido el descanso de 30 minutos, pero las compañeras del resto de España siguen con los 5 minutos de descanso. Que me digan quien puede descansar en cinco minutos”. El sector tampoco escapa de la precariedad, “tenemos compañeras pasando frío en casa”. Esas, aclara, las que pueden trabajar, porque “hay muchas que no están llegando a la jubilación, están saliendo por la puerta lateral”.

Manifestación en Gijón

Además, también luchan para que los servicios esenciales de cuidados sean públicos, “es la Constitución la que dice que hay que velar por los ciudadanos”. En Asturias, las trabajadoras de la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se manifestaron este martes en distintos puntos de la región en apoyo a las compañeras desplazadas y para denunciar y dar visibilidad a su situación.

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