Los sindicatos de Asturias y León reclaman el rescate de la AP-66 y denuncian el «agravio económico y territorial» que sufren quienes utilizan la principal conexión entre ambos territorios

El peaje del Huerna vuelve a estar en el centro de la batalla sindical. CCOO de Asturias y CCOO de León han unido fuerzas este jueves para reclamar la supresión del peaje de la AP-66, una barrera que consideran un «agravio económico y territorial» para quienes viven, trabajan o se desplazan entre Asturias y León. Los sindicatos han protagonizado una acción conjunta en las inmediaciones del peaje para denunciar el coste que soportan diariamente los usuarios de esta autopista. Según CCOO, el precio supera los 16 euros por trayecto para los turismos, mientras la concesionaria, Aucalsa, continúa cobrando el importe íntegro.
El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha calificado la situación de «agravio, una injusticia y una ilegalidad» y ha reclamado al Gobierno de España el rescate inmediato de la concesión. Zapico ha criticado además la responsabilidad de los dos principales partidos en la situación actual. Según ha señalado, un Gobierno del PP privatizó el peaje en el año 2000, mientras que el PSOE «se niega a rescatarlo».
El dirigente sindical ha defendido que Asturias y León deben recibir «la misma actuación» que otros territorios y ha reclamado acabar con lo que considera un trato desigual. CCOO sostiene además que la concesión estaría afectada por un pronunciamiento de la Comisión Europea que, según la organización sindical, cuestionó su adecuación al derecho europeo por incumplimientos relacionados con las normas de igualdad, transparencia y libre competencia.
El sindicato también pone el foco en los beneficios de Aucalsa. Zapico ha asegurado que sus cálculos apuntan a que la empresa podría obtener más de 2.600 millones de euros de beneficios de aquí a 2050. Por su parte, la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, ha denunciado que los usuarios pagan por una autopista en la que, según ha señalado, son habituales las obras, las retenciones y los carriles cortados. «Estamos hablando de un peaje que, insisto, es abusivo, ilegal, y que es un agravio comparativo con estos dos territorios», ha afirmado.
CCOO calcula que la AP-66 registra más de 10.000 usuarios diarios de media y advierte de que el coste afecta especialmente a estudiantes, transportistas, trabajadores y personas que cruzan la cordillera para visitar a sus familias. Para el sindicato, el peaje ha terminado convirtiéndose en algo más que un pago por utilizar una autopista: «Una frontera social».