Los vecinos han presentado un recurso contencioso-administrativo para que el consistorio ejecute la sentencia que dictamina la ilegalidad de una parte de la actividad de la cantera
La plataforma vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón por un Oviedo Saludable ha presentado un recurso contencioso-administrativo “para restaurar la legalidad” en la cantera de Priorio, a las afueras de la capital del Principado. Este colectivo lleva casi una década peleando contra el proyecto de instalación de una planta de asfalto y hormigón en el terreno que hoy ocupa Canteras Mecánicas Cárcaba, propiedad de la empresa asturiana Reasa.
En 2019, la plataforma denunció que la cantera estaba incumpliendo la legalidad al extralimitarse en la explotación más allá de dónde permitía la licencia municipal: “Canteras Mecánicas Cárcaba ha sacado miles de toneladas de forma ilegal y solicitamos la paralización de todas las actividades que no se ajusten a lo permitido”, exponían hace cinco años. Su denuncia sostenía que la cantera se había extralimitado “del perímetro exterior autorizado para la industria extractiva, apropiándose de decenas de miles de toneladas de material, extraído sin licencias habilitantes y en parcelas que presuntamente no son de su titularidad”.
Dos años después el Ayuntamiento de Oviedo reconoció la veracidad de la demanda y, por tanto, la ilegalidad de parte de la actividad de la cantera. Una resolución de la alcaldía fechada el 8 de noviembre de 2021 decretó el cese de actividad en las zonas donde la licencia municipal se había excedido. Sin embargo, y pese a los hasta once escritos presentados por la plataforma vecinal en el registro municipal, el consistorio ovetense aún no ha restaurado la legalidad obligando a la cantera a limitar su actividad. Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo para recabar su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.
En una nota de prensa, la asociación vecinal manifiesta que “agotada nuestra paciencia, nos vemos obligados a interponer un vergonzante recurso para restaurar una legalidad de la que el Ayuntamiento es consciente”. Para los vecinos agrupados en la plataforma, el consistorio popular es “cómplice del incumplimiento de los límites de actividad de la cantera”. En su comunicado señalan muy especialmente a Jorge Fernández-Mier, Director General de Urbanismo y Medio Ambiente, por su “vergonzosa complicidad con la empresa y sus actividades ilegales”.
Desde la plataforma señalan como ejemplo positivo la reciente y rápida intervención del Ayuntamiento de Gijón para paralizar sondeos mineros ilegales en una finca de Vega. Tras alertar los vecinos de que las prospecciones de fluorita estaban excediendo el ámbito de la licencia, suspendió las catas mineras, que estaban siendo realizadas por la Fluorspar, filial de Minersa, y le impuso a la compañía una multa de 1500 euros.
