De ese total, cuatro peticiones fueron denegadas, y en once casos la muerte sobrevino antes de que se determinase si se concedía o no, por lo que desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente piden agilizar los trámites
Cuesta negar que, con su aprobación en marzo de 2021, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia marcó un punto de inflexión en la cruzada colectiva por el derecho a una muerte digna. Sin embargo, son todavía muchos los flecos que quedan por recortar. Así lo ha explicado este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Muerte Digna, Pilar Cartón, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha puesto sobre la mesa que un total de veinticinco asturianos solicitaron en 2022 poder ejercer los derechos recogidos en la Ley de Eutanasia, aunque sólo se aplicó en diez casos, ya que once personas fallecieron antes de recibir esta prestación. Por su parte, fueron denegadas cuatro solicitudes.
La media de espera entre la solicitud y la respuesta de la administración es de cuarenta días, por lo que desde dicho colectivo han reclamado agilizar todos los procesos, aunque han recordado que en Asturias la ley se está aplicando «globalmente bien». Una reclamación a la que se ha sumado el sindicato Comisiones Obreras. Su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, ha rubricado públicamente el testamento vital, «un documento que nos permite poner en valor los derechos que están en el papel, pero que muchas veces no se conocen». Además, ha resaltado que tanto en Asturias como a nivel estatal no existen constatación de que haya «objeciones fuertes» por parte del personal sanitario ya que la ley «es clara y se aplica en situaciones terminales». Sin embargo, sí que ha enfatizado que se da una «falta de formación e información».
Cartón, a modo de broche, ha planteado que «no es tanto la objeción, sino las dificultades que se añaden», para reclamar que los profesionales «tengan las condiciones, y que no tengan que ser voluntarios» quienes apliquen la eutanasia. Y ha concluido resaltando que a esa dificultad se añade la burocracia, por lo que la ley «debería ser más abierta».
