El acuerdo con el Gobierno local dará mayor peso al empadronamiento e incluirá una auditoría de las adjudicaciones
Vox votará a favor del presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa) para 2027 después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno municipal que contempla cambios en los criterios para acceder y permanecer en las viviendas públicas. Entre las principales novedades figura otorgar una mayor valoración a los solicitantes que acrediten más años de empadronamiento en Gijón.
La portavoz municipal de la formación, Sara Álvarez Rouco, ha anunciado este lunes el respaldo a las cuentas después de conseguir varios compromisos para modificar las bases del Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda. El objetivo planteado por Vox pasa por introducir factores relacionados con el arraigo en la ciudad, la situación laboral, la necesidad habitacional y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al uso de una vivienda pública.
Uno de los principales cambios afectará precisamente al empadronamiento. Las futuras bases incrementarán la valoración a medida que aumenten los años que una persona pueda acreditar residiendo oficialmente en Gijón. Los criterios, además, deberán adaptarse a eventuales modificaciones de la normativa autonómica que puedan establecer nuevos requisitos.
La situación laboral será otro de los elementos que se tendrán en consideración. El acuerdo contempla valorar tanto la estabilidad laboral como la inscripción continuada como demandante de empleo no ocupado en el SEPE. Estas circunstancias podrán comprobarse no solo cuando se produzca la adjudicación, sino también posteriormente.
Las nuevas bases incorporarán igualmente criterios específicos para colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos estarán los menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, hogares con personas dependientes, personas con discapacidad, ciudadanos sin una solución habitacional y unidades de convivencia que se encuentren en situaciones de hacinamiento.
Rouco ha defendido que los recursos municipales deben tener en cuenta a quienes llevan años desarrollando su vida en la ciudad, al tiempo que se atienden las dificultades que encuentran jóvenes y familias para acceder a una vivienda.
Una auditoría sobre las adjudicaciones
El pacto incorpora también la realización de una auditoría operativa y de gestión de Emvisa. Su finalidad será revisar los criterios empleados en las adjudicaciones y comprobar que las condiciones exigidas se mantienen durante el tiempo de utilización de las viviendas.
Si se acreditasen fraudes o incumplimientos relacionados con el empadronamiento o con otras condiciones establecidas en las bases, el acuerdo contempla la posibilidad de resolver la adjudicación conforme a los procedimientos correspondientes.
Vox ha reclamado además que se valore el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las normas de convivencia. De esta forma, podrían establecerse mecanismos para excluir a quienes hayan protagonizado incumplimientos considerados graves y reiterados, hayan sufrido una resolución contractual o un desahucio por causas atribuibles a su conducta o vulneren persistentemente las reglas de convivencia.
La formación sostiene que, al tratarse de un parque público limitado y financiado con recursos municipales, las viviendas deben adjudicarse atendiendo a la necesidad, pero también garantizando su utilización responsable.
El acuerdo, sin embargo, no recoge todas las propuestas defendidas por Vox. Queda fuera la integración de las funciones de Emvisa en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, una medida que la formación había planteado previamente. Rouco ha señalado que su grupo mantiene sus diferencias respecto a la estructura y gestión de la empresa municipal, aunque considera posible alcanzar mejoras en su funcionamiento mientras esta continúe existiendo.
