El consejero asegura en la Junta que ha encontrado «un documento» que le permitirá la «eliminación completa, no solo la inscripción» del símbolo franquista, pero prefiere ocultar la información. Las asociaciones memorialistas critican una «lentitud insoportable» de la Consejería en materia de Memoria Democrática
El verano de 2024 un grupo de falangistas se acercó a la puerta del colegio La Inmaculada, propiedad de la Compañía de Jesús, y entonaron el Cara al sol ante el monumento que rinde homenaje a los soldados que participaron en el golpe militar y se sublevaron contra la República, en Gijón. Desde ese día, el símbolo fascista inaugurado en 1958 reapareció en la vida pública para ser tratado como ordena la Ley de Memoria Democrática de 2022. En este año, Foro, PP y Vox rechazaron la propuesta de IU, Podemos y PSOE que pedía al consistorio la retirada inmediata del mural que recuerda a los soldados sublevados en el cuartel de Simancas. Después de aquel Pleno municipal llegó el intento de Vox: propuso declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento para protegerlo de la Ley de Memoria Democrática y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, neutralizó la jugada. El Consejo de Patrimonio Cultural del Principado consideró que la obra del arquitecto Luis Moya y el escultor Manuel Álvarez carece de “valores singulares”.
El tiempo pasaba, las medidas no llegaban y las manifestaciones falangistas se repetían. Entonces la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) denunció, ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo, al Ayuntamiento de Gijón y al Gobierno del Principado por su “inacción” ante la retirada y el “incumplimiento” de sus obligaciones legales. El Defensor del Pueblo ha confirmado que la responsabilidad para retirarlo corresponde al Gobierno y hoy, miércoles, Ovidio Zapico ha tenido que responder en la Junta del Principado para informar sobre el estado de la cuestión. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha avanzado, de manera misteriosa, que han “encontrado una documentación” que les permitirá abrir un nuevo proceso en “la eliminación completa, no solo de la inscripción” y “con la seguridad jurídica”.
Mantiene el convencimiento pronunciado en septiembre de 2024 y su “voluntad política” para ejecutar el desmantelamiento del monumento. Pero ha preferido no detallar la información sobre la documentación que, supuestamente, permitirá la eliminación del símbolo. Este periódico ha pedido al grupo parlamentario una ampliación acerca de este punto pero el consejero prefiere “no decir más que lo que dijo”. Ha aprovechado para reconocer que en materia de memoria democrática “hay mucho por hacer” y que “al final de la legislatura habremos acabado con mal sabor de boca por no haberlo hecho todo”. “No lo hemos hecho todo, pero hemos avanzado”, resumió Ovidio Zapico. Es la segunda vez que la diputada Covadonga Tomé pregunta por este asunto y a tenor de la respuesta quizá haya una tercera.
Precisamente, la cuestión del Simancas se ha convertido en el examen de las políticas memorialistas del Gobierno progresista a mitad de la XII Legislatura. También divide a las asociaciones que se dedican a reivindicar la verdad, la justicia y la reparación. Para FAMYR, si al acabar este ciclo político, previsto en 2027, el monumento sigue en el mismo lugar que lo colocó el franquismo, habrá sido un fracaso político, como indica Rafael Velasco a este periódico. La asociación 13 Rosas Asturias, al contrario, no cree que debiéramos hablar de fracaso, porque la Dirección General de Memoria Democrática, “aunque podría haber hecho más cosas, hizo muchas cosas positivas”, explica su presidenta, Laura Díez. Alberto Rosón, de la Fundación Anselmo Lorenzo, resta valor al monumento e indica que “tiene una importancia relativa”. También cree que la Dirección General “ha tenido mucha actividad, ha estado haciendo su trabajo”.
José Ramón Fernández es el presidente de la Asociación Memorialista de Asturias y prefiere no señalar a la Consejería de Zapico como responsable de la inacción: “El fracaso no será solo de la Dirección General, también de la sociedad democrática por ser tolerante con esta circunstancia. Es una situación que no se sostiene, y aunque sea incómoda, debería ser iniciativa propia de la Administración y no de las asociaciones. No puede ser que la Administración tenga una actitud parasitaria y que no asuma las medidas que debería promover, como el reconocimiento de Lugar de Memoria Democrática a las fosas comunes de Oviedo, con más de mil trescientas víctimas, y El Sucu de Gijón, con más de dos mil. Las asociaciones no tenemos la obligación de dinamizar las políticas que debería asumir la Dirección General”.
Otra de las asignaturas pendientes por la criticada falta de actividad es el apoyo a la investigación. Para Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática, es “imprescindible investigar y documentar el periodo franquista para reparar una injusticia histórica”. Así lo aseguró hace unos días en la presentación del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CCOO, donde Collado defendió la necesidad de “esclarecer lo sucedido” entre el golpe militar de 1936, la dictadura y hasta la recuperación de la democracia.
La buena voluntad declarada por la directora general de Memoria Democrática no coincide con las políticas que ha ejecutado su departamento desde hace dos años, cuando IU asumió la cartera de Memoria en el pacto con PSOE para gobernar en coalición. En estos dos años la Dirección General, no ha convocado las ayudas de concurrencia competitiva para apoyar el conocimiento de la verdad de los hechos históricos y la reparación de la injusticia.
El diputado Ovidio Zapico tuvo que responder por escrito este verano a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que interrogó al Gobierno por qué el área de Memoria no ha sido capaz de montar las convocatorias. La explicación está en el exceso de trabajo: “En este ejercicio no está prevista la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva. Es interés de esta dirección que se puedan gestionar estas ayudas para favorecer la difusión y conocimiento de la Memoria democrática, pero el volumen de trabajo en este ejercicio no deja capacidad de tramitarlo al personal del Instituto”, contestó Zapico.
Consumida la mitad de la Legislatura, la Consejería de Zapico ha convocado por primera vez desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica del Principado, en 2019, al Consejo de Memoria. En este nuevo órgano recogido en la norma, figuran diez asociaciones que muestran su satisfacción. “Es una muy buena noticia, pero aparece con muy poco margen de maniobra, porque tendrá poco más de un año efectivo de acción. Lo que hemos echado en falta estos dos años es una planificación de actuación política desde la Consejería. Creemos que no ha habido proyecto y han ido improvisando. Han mostrado cierto respaldo a las asociaciones, pero todo ha sucedido con una lentitud insoportable”, añade Rafael Velasco, desde FAMYR.
“En Memoria Democrática llevamos retraso en muchos años, eso es evidente. Las asociaciones tenemos muy buen talante y, a pesar de la lentitud de la Administración, hemos seguido trabajando. Por fin, vamos a tener el Consejo de Memoria Democrática. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para que sea eficaz”, cuenta Laura Díez. Para José Ramón Fernández todo lo que se haga es poco, “porque hay muchísima tarea acumulada”. El próximo día 31, la Asociación Memorialista de Asturias ha organizado actos en las fosas comunes de Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón. Lo hacen con las contribuciones de sus socios, sin ayudas de la Consejería.
Fernández exige, al menos, respuestas a las reclamaciones de las asociaciones. Cuenta que el pasado 3 de julio de 2024 la asociación formalizó una petición para el reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática de la fosa común de Oviedo: “No hemos tenido contestación en 15 meses de la Dirección General”. Este aspecto también lo critican desde FAMYR, porque “siguen sin declararse lugares de la memoria, como El Mazucu”. Desde la asociación indican que en Asturias únicamente está declarada la casa de Rafael del Riego, en Tineo, y gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. “Las que se han pedido al Gobierno asturiano siguen pendientes de respuesta”, apuntan.
