El consejero sostiene que Asturias debe corregir una «anomalía democrática» tras más de una década sin legislación específica de protección al colectivo
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, defendió esta semana en la Junta General del Principado de Asturias el proyecto de ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI y sus familias, una norma con la que el Gobierno autonómico busca dotar a Asturias de una legislación específica en esta materia. Durante su comparecencia parlamentaria, Zapico aseguró que el Principado mantiene una situación de «anomalía democrática» al ser, junto a Castilla y León, una de las dos únicas comunidades autónomas sin una ley integral de protección para el colectivo LGTBI.
El consejero defendió que el texto se ajusta a la legislación estatal vigente y a las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos y no discriminación, y afirmó que el objetivo de la norma es «garantizar la igualdad real y efectiva de derechos», prevenir situaciones de violencia y reforzar la protección institucional hacia las personas LGTBI y sus familias: «Los poderes públicos tenemos la obligación de elaborar normas y activar políticas públicas para erradicar la discriminación y garantizar derechos para toda la ciudadanía».
Zapico incidió en que la futura ley no limita otros derechos ya consolidados, sino que amplía garantías y establece un marco jurídico estable para actuar frente a casos de discriminación. En este contexto, alertó además del aumento de agresiones y situaciones de rechazo hacia el colectivo. Según explicó durante el debate, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han atendido una treintena de casos, frente a los 41 registrados durante todo el año pasado. El titular de Derechos Ciudadanos defendió también la necesidad de ofrecer «seguridad jurídica» a profesionales de ámbitos como la educación y la sanidad, donde ya existen protocolos y medidas de atención específicas relacionadas con la diversidad sexual y de género. Entre ellas citó el protocolo contra conductas discriminatorias aprobado en centros educativos en 2023 y la actividad de la unidad de identidad de género de Avilés, en funcionamiento desde 2007.
«Nuestra obligación es dotar de un marco jurídico seguro a quienes sostienen nuestros servicios públicos esenciales», afirmó. Durante la intervención, Zapico rechazó las interpretaciones que presentan el proyecto como una norma dirigida únicamente a una parte concreta del colectivo y defendió que se trata de una ley «integral» elaborada a partir del diálogo con asociaciones, profesionales, familias y personas expertas. El consejero destacó además la voluntad del Ejecutivo autonómico de alcanzar un amplio consenso parlamentario durante la tramitación de la ley e invitó expresamente al Partido Popular a incorporarse al acuerdo.
«Las leyes que perviven en el tiempo son aquellas que suman mayorías amplias», sostuvo antes de emplazar a los populares a decidir «entre incorporarse a una mayoría en defensa de los derechos o alinearse con Vox». La tramitación parlamentaria del proyecto continuará ahora con el periodo de presentación y negociación de enmiendas entre los distintos grupos de la Cámara autonómica.
