La Junta de Gobierno Local aprobará esta mañana el texto definitivo, después de que los ciudadanos del municipio presentasen un total de ocho alegaciones; ninguna de ellas se ha aprobado, bien por imprecisas, bien por inviables
Gijón está hoy un peldaño más cerca de contar con su nueva Ordenanza de Protección y Bienestar Animal. A pocas horas, además. Porque, si todo va como se espera, y no hay contratiempos de última hora, esta misma mañana la Junta de Gobierno Local aprobará, de forma definitiva, el texto de dicha norma, sin que se aparte ni un ápice de aquel al que se le dio el visto bueno inicial el pasado 15 de julio, en el Pleno municipal. Y es que, una vez finalizado el proceso de información pública -que se prolongó del 30 de dicho mes al 10 de septiembre-, ninguna de las ocho alegaciones presentadas por otros tantos gijoneses ha sido aceptada e incorporada al documento, bien por carecer de suficiente precisión, bien por ya estar contempladas, bien por proponer cambios incompatibles con la legislación vigente. Así, la Ordenanza seguirá las líneas generales ya conocidas, como la tenencia de un máximo de cinco mascotas por vivienda, la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, la ilegalidad de dejar solo a un can durante más de doce horas seguidas -plazo ampliado a veinticuatro en el caso de los gatos-, o el incremento de las cuantías de las multas en casos de maltrato, abandono o deficiencia de mantenimiento, entre otras medidas.
El informe emitido por el Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental detalla en profundidad los motivos del descarte de las alegaciones, todas centradas en la convivencia con animales en el espacio público. Varias de ellas ya están recogidas en el texto, mientras que otras dependen no de esta Ordenanza, sino de normas como la de Ruido o la de Convivencia. Es el caso, por ejemplo, de cierta vecina que pidió, entre otras modificaciones, reducir la longitud mínima de la correa para perros de los dos metros planteados, a solo 0,75; tal cambio, aclara el informe, supondría hacer aún más severa una medida que emana del ámbito estatal, lo que se antoja innecesario. También quienes han pedido la prohibición completa de que los canes accedan a las playas han tenido que darse con un canto en los dientes; y, de nuevo, gracias a los dictados de la legislación nacional, que autorizan la entrada a los arenales de aquellos animales de compañía que no supongan riesgo, y que dan poder a los Ayuntamientos para que regulen a conveniencia. En un plano distinto, la lógica preocupación de un vecino de la ciudad, que pedía que los perros potencialmente peligrosos lleven bozal de rejilla cuando estén en la vía pública, es demasiado genérica, pues el tipo de bozal debe adaptarse a la tipología racial de cada animal. Y las esperadas demandas de mayor control sobre el efecto de los ladridos, recuerda el Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental, depende de la Ordenanza Municipal de Ruido.
¿Qué queda ahora por hacer, hasta que la Ordenanza comience a surtir efecto? Bien, de momento, y una vez disponga de la luz verde de la Junta de Gobierno Local, el texto normativo pasará por la Secretaría General del Pleno para, acto seguido, ser elevado a la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, último órgano encargado de su estudio. En función del dictamen que la mencionada Comisión emita, la propuesta se trasladará al Pleno, donde será debatida y votada definitivamente. Desde ese momento, el texto entrará plenamente en vigor, y dotará a la urbe, a juicio del concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, de «una normativa moderna, adaptada a la realidad social actual y comprometida con el bienestar animal y la convivencia cívica».
