Mientras el PSOE alerta de que el acuerdo, como el de EMULSA, anuncia «otra entrada de la ultraderecha en el Gobierno», IU lo tacha de «auténtica infamia», y Podemos ve «surrealista» que se valoren criterios como la estabilidad laboral o el arraigo
Previsible como era, y más aún en el clima preelectoral surgido tras el anuncio de adelanto de los comicios generales, el acuerdo entre el Ayuntamiento de Gijón -concretamente, el PP- y Vox para obtener el apoyo de ese último partido a los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVISA) para 2027 ha desatado un torbellino de rechazo y temor en las tres fuerzas de izquierdas que componen el Pleno. Y el núcleo de tal reacción está en la valoración favorable que, en lo sucesivo, tendrán cuestiones como la estabilidad laboral o el arraigo de los demandantes a la hora de solicitar el acceso a una vivienda pública. Exigencias todas de los de Sara Álvarez Rouco que el PSOE, IU y Podemos interpretan como la entrada de la tan polémica ‘prioridad nacional’ en la empresa en cuestión, como un ejercicio de discriminación contra aquellos colectivos que realmente necesitan un techo público, y como una concesión más a un Vox en auge que, temen, podría volver a ser parte del Ejecutivo tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027.
«El PP actúa como facilitador del pacto del tripartito que llevó a Moriyón a la Alcaldía, y a Vox, a ser parte del Gobierno», denuncia el edil socialista Constantino ‘Tino’ Vaquero, convencido de estar asistiendo a una repetición de aquel «pacto de la basura» de la semana pasada en la Empresa de Servicios de Medio Ambiente (EMULSA). A juicio de Vaquero, tanto lo ocurrido entonces en EMULSA, como lo sucedido ayer en EMVISA, confirmaría que «el pacto Moriyón-Vox vuelve a las empresas municipales a ocho meses de las elecciones, como adelanto de que la ultraderecha volvería a entrar en el Gobierno». Eso, en cuanto a la dimensión política, pero en el PSOE también preocupa que la pretendida modificación de las bases del Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda «introduzca criterios que apartan de la vivienda social al que más la necesita, primando al que tiene estabilidad laboral frente al que está en situación de desempleo». Lo mismo pasa con «la prioridad nacional, que favorece el tiempo de empadronamiento», lo que supondrá «un elemento distorsionador y discriminatorio hacia ciertos colectivos, como los inmigrantes debidamente regularizados o, incluso, ya nacionalizados y establecidos». Un escenario que, para Vaquero, anuncia «la completa destrucción de la Empresa Municipal de la Vivienda».
«Las necesidades económicas y sociales no se pueden medir por los años que lleva uno residiendo en un lugar determinado»
Javier Suárez Llana, portavoz de IU Xixón
Igualmente severo en su análisis del acuerdo entre PP y Vox en EMVISA se muestra el portavoz de IU en el Pleno, Javier Suárez Llana, quien no ha dudado en tacharlo de «auténtica infamia». ¿La razón? La aceptación, según él, de criterios abiertamente discriminatorios por parte de los ‘populares’, cimientos de una alianza cuyas consecuencias temen. «Otorgar prioridad a las personas con mayor tiempo de empadronamiento, o con un arraigo demostrable en la ciudad, supone llegar a acuerdos racistas con Vox para bloquear el acceso a la vivienda pública a personas que, cumpliendo todos los requisitos, no sean, a su juicio, lo suficientemente españolas», ha cargado frontalmente Suárez Llana. Además, introducir tales criterios sería sinónimo de pervertir la esencia misma del funcionamiento de EMVISA, toda vez que «las necesidades económicas y sociales no se pueden medir por los años que lleva uno residiendo en un lugar determinado». De ahí que el líder gijonés de IU ya haya adelantado su intención de interpelar directamente en el Pleno de octubre a la alcaldesa, la ‘forista’ Carmen Moriyón, sobre el asunto. «Queremos saber si ella y su partido van a permitir políticas racistas en su Gobierno para volver a asegurarse el apoyo de la ultraderecha de Vox», ha sentenciado.
Precisamente con una referencia directa a la regidora ha iniciado su propia andanada la representante de Podemos en la ciudad, Olaya Suárez. Tirando de una hemeroteca no excesivamente lejana, Suárez ha recordado los días, hace tres años, en que Moriyón «se vanagloriaba de haber roto con Vox; la ruptura siempre fue falsa, y ahora lo vemos más constatado que nunca». Porque, al parecer de la líder local de Podemos, el equipo que capitanea la alcaldesa «siempre está dispuesto a asumir las tesis de la ultraderecha si es lo que necesita para mantener el poder y sacar adelante sus presupuestos sin dialogar con los demás», demostración empírica de que, «a la hora de la verdad, el centrismo siempre es aliado de la ultraderecha». Ahora bien, Suárez no elimina de la ecuación de la responsabilidad al PP ni, muy especialmente, al titular de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, concejal de dicho partido. «Esto lo firma él; es surrealista que para un programa de vivienda pública se dé mayor puntuación a quien demuestre estabilidad laboral, porque quien solicita este criterio y quien se lo concede demuestran no conocer la realidad de nuestra sociedad ni en qué consiste la vivienda de emergencia», ha apuntado Suárez. Eso, por no hablar de la prioridad nacional, expresión del «ánimo de Vox de discriminar hasta a un avilesino que ahora viva y trabaje aquí, y que esté en situación vulnerable».
