Amnistía Internacional cierra filas con las comunidades partidarias de acoger a los menores de Ceuta, incluida Asturias

Mientras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se prepara para debatir el reparto, con el rechazo de Vox y críticas del PP, la ONG recuerda que prestar atención digna a los migrantes sin tutela es «una responsabilidad compartida», y recuerda que la ley «debe cumplirse sin excepciones»

Es difícil decir si el polvorín sociopolítico en que se ha convertido la crisis migratoria ocurrida en Ceuta ha estallado ya con toda su potencia, o si todavía conserva pólvora que inflamar en el futuro próximo. Lo que sí es indudable es que el cruce masivo por mar de unas 80.000 personas desde Marruecos hace ya un mes mantiene dividida a la opinión pública, a las Administraciones y a las entidades no gubernamentales sobre de qué moto atajar el problema, prevenir que se repita y, hasta entonces, asistir a los cerca de 2.000 migrantes irregulares que continúan en suelo ceutí, con un futuro incierto ante sí; en especial, a los niños y adolescentes no acompañados. Pues bien, en Amnistía Internacional lo tienen claro. A la espera de conocer las decisiones adoptadas hoy por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ayer miércoles la organización se mostraba tajante en su defensa de reubicar a esos menores sin tutela en condiciones adecuadas, distribuyéndolos entre las distintas regiones que conforman el territorio español. Una postura que, en la práctica, es un espaldarazo a aquellos Gobiernos autonómicos y municipales partidarios de dicha reubicación, entre los que se incluye el del Principado, y una crítica acérrima hacia aquellas Administraciones o fuerzas políticas opuestas a ello, o partidarias de utilizar el caso de los menores como arma política.

La propuesta lanzada por el Ejecutivo central -la misma que se debatirá hoy en la citada Conferencia, de la que se ausentará Vox, presente en las vicepresidencias de Aragón, Castilla y León y Extremadura– prevé derivar veinticinco millones de euros para atender a la infancia migrante en Ceuta. A mayores, el gabinete que preside la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, contempla el traslado a la Península de medio millar de niñas y adolescentes, al ser consideradas, en las actuales circunstancias, un colectivo particularmente vulnerable, expuesto a la acción de redes de trata de personas y a conductas incívicas por parte de particulares. La forma en que ese traslado se ejecutaría será uno de los puntos a tratar este jueves, con la aplicación del Real Decreto-Ley para «la acogida vinculante y solidaria» como una de las fórmulas predilectas; no obstante, en el equipo de Rego insisten en que la tutela de esas menores no recaería en las Administraciones autonómicas, liberándolas de tamaña responsabilidad. Aun así, la idea del Gobierno central se ha topado con dos escollos: el descarte frontal de Vox, radical en su oposición a «cualquier reparto de MENAS», y la más tibia oposición del PP, partidario de que «el interés superior del menor es estar con su familia» y, por ende, de su retorno a Marruecos. No obstante, por el momento solo los citados Ejecutivos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, presididos por el PP, han lanzado un rechazo frontal, en línea con los postulados de Vox.

Las división de puntos de vista, ya conocida desde hace semanas, es la que ha impelido a Amnistía Internacional a trazar una línea en la arena, dicho metafóricamente, y a marcar claramente su posición. «La acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central; tienen que quedar fuera de la pelea política y garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos», plantearon ayer sus representantes. Y es que en el fondo de su discurso no solo radica su convencimiento de que «todos los niños y las niñas, independientemente de su origen o su nacionalidad, tienen derecho a que el Estado en el que están les proteja sin ningún tipo de discriminación»; hay también un dato irrefutable, de carácter normativo: que la ley que rige tales repartos es clara, común para todos los territorios y, por consiguiente, «debe cumplirse sin excepciones». Ahora bien, no basta solo con esa reubicación. Desde Amnistía Internacional recuerdan que su presencia en España ha de ir acompañada de recursos como la implementación de protección jurídica «efectiva», la creación de protocolos de determinación de la edad «respetuoso», o una escucha activa para conocer sus necesidades, anteponiendo el interés superior del menor a cualquier otra consideración. Del mismo modo, en la ONG recalcan que eso menores necesitarán documentación, formación e itinerarios de integración para que cuenten con expectativas de futuro sólidas. Y, por último, se llama a acometer campañas efectivas contra el racismo, la xenofobia y el rechazo social, a fin de posibilitar dicha integración.