La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias ha interpuesto ante Delegación de Gobierno una denuncia por el supuesto empleo de varios de dichos auxiliares en tareas de seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores
Afirma que algunos «carecían de permiso de trabajo», o estaban «en situación irregular en España»; ASEPRO tacha lo anterior de «bulos», los trabajadores ven algo así «improbable», y ni la Policía Nacional, ni el Principado confirman las acusaciones
Sobre lo que sucede, lo que no y lo que debería en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio han corrido ríos y más de tinta, nutridos por una retahíla de incidentes que incluye agresiones a funcionarios, peleas entre internos, fugas más o menos exitosas, y déficits en seguridad, debidos, según fuentes sindicales, a una crónica falta de recursos por parte del Principado. Sin embargo, la última acusación vertida contra el centro roza lo grotesco… Pese a haber sido ampliamente puesta en duda. Según trascendía ayer, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha interpuesto ante la Delegación del Gobierno una denuncia contra el Grupo ASEPRO, adjudicatario de los contratos de servicios auxiliares y de seguridad, por el presunto empleo de profesionales de la primera categoría para desempeñar labores propias de la segunda, algo terminantemente prohibido por la legislación vigente. Nada sorprendente, siendo como es una queja recurrente de AVISPA, pero que, esta vez, incluye una derivada nueva: siempre según la Asociación, la Policía Nacional habría descubierto que varios de esos auxiliares «carecían de permiso de trabajo» o, directamente, estaban «en situación irregular en España». Un punto que no ha podido ser demostrado; que ni el citado cuerpo policial, ni el Gobierno autonómico confirman, y que tanto ASEPRO, como sindicatos y miembros de la plantilla, cuestionan o, directamente, niegan de todo punto.
De entrada, sí hay algo en lo que todas las fuentes coinciden: el pasado viernes, poco después de las 10.30 horas, varios agentes de la Policía Nacional -tres, según varios de los testimonios recogidos por este diario- acudieron al Centro de Menores de Sograndio, como parte de una inspección rutinaria, y procedieron a identificar a los siete auxiliares que en ese momento estaban en activo. Profesionales que, conviene matizarlo, son parte de la plantilla de ASEPRO Servicios Auxiliares, una de las múltiples empresas del Grupo ASEPRO, y que nada tiene que ver con ASEPRO Seguridad, en la que están integrados los vigilantes propiamente dichos; de hecho, cada una de esas dos divisiones mantiene suscrito con el Principado un contrato específico, si bien ambos expirarán el próximo noviembre. En cualquier caso, es a partir de aquí cuando las versiones de bifurcan. AVISPA asegura que cinco de los auxiliares «fueron localizados en distintas plantas» del Centro, y que otros dos estaban «escondidos» en el aula terapéutica. Una vez sorprendidos, la Policía Nacional habría descubierto esa supuesta indocumentación de parte de los aludidos. Por si fuese poco, habrían incurrido en un caso de «intrusismo profesional», ya que estarían desempeñando tareas de control de accesos y personas, vigilancia, custodia, seguridad y protección, para las cuales no estarían legalmente capacitados. No obstante, solo esto último figura en la denuncia interpuesta ante Delegación, que aún no ha sido resuelta.
Ni la citada Delegación, ni la Policía Nacional han confirmado, ni tampoco desmentido desmentido, esa presunta falta de permisos de trabajo o de residencia de los auxiliares en cuestión. En cambio, sí se ha pronunciado el Grupo ASEPRO. En conversaciones con este periódico, sus responsables han descartado categóricamente las acusaciones de AVISPA, tachándolas de «bulos», y han asegurado que todos sus trabajadores, ya pertenezcan a Servicios Auxiliares o a Seguridad, «están en situación regular, con sus contratos correspondientes y dados de alta». De hecho, la firma se ha ofrecido a mostrar dichos contratos, a fin de probar fehacientemente la veracidad de sus declaraciones. Ahora bien, no solo el Grupo se ha posicionado en esa línea. Con el Comité de Empresa formado por los sindicatos USIPA, UGT, CSIF y CCOO, fuentes del CSIF -única de las cuatro organizaciones que ha alzado la voz- ven «improbable» que ASEPRO haya incurrido en «algo tan descarado, y flagrantemente ilegal», como tener a profesionales indocumentados en un destino tan sensible, y tan mediático, como el Centro de Sograndio. Y todavía queda un testimonio más, alineado con los dos anteriores: el de varios trabajadores las dos empresas del Grupo ASEPRO. Aunque todos ellos prefieren mantener el anonimato, rechazan las acusaciones de AVISPA. «Que tenemos compañeros extranjeros es cierto, pero no por eso están indocumentados, obviamente; no nos consta que ninguno esté aquí irregularmente», sentencian.
Pese a las dudas existentes acerca de la veracidad de ese hecho AVISPA, que en varias ocasiones ha acusado a USIPA y a CSIF de enmascarar las presuntas irregularidades de ASEPRO, ha iniciado una campaña de divulgación en sus redes sociales, exigiendo la toma de «medidas urgentes» y la «depuración de responsabilidades». Una exigencia, la suya, que coincide con uno de los momentos más críticos en la historia del Centro. El pasado 3 de agosto, en el marco de un motín, cinco internos se fugaron, y el 7 de ese mes otros tres hicieron lo propio, no sin antes herir a un vigilante, dejándolo inconsciente; tal fue la gravedad de ambos incidentes, que el mismo 7 de agosto dimitió la directora, Aida Rodrigo Norniella. Por su parte, el 18 de septiembre el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, aprovechó la celebración de la Comisión de su área para reconocer el agravamiento de la situación en Sograndia. Y, si bien es cierto que lo achacó a cuestiones como el incremento del número de internos desde 2025, la llegada de perfiles más violentos o la realización de obras en las instalaciones -especialmente, en el vallado perimetral, lo que compromete la seguridad-, también acusó a ASEPRO de «no haber cumplido siempre con sus obligaciones», razón por la que «se le han impuesto penalidades».
De todos modos, la situación no es nueva; si bien ASEPRO, única aspirante, se hizo con los dos contratos a finales de 2025, por 2,5 millones de euros, ya su predecesora, ALCOR, incurrió en diversos incumplimientos, señalados por el Ejecutivo autonómico en reiteradas ocasiones. Y por el momento, y a la espera de que el acuerdo actual expire en noviembre, no constan ni pliego de condiciones para abrir una nueva licitación, ni pliego de emergencia que garantice la permanencia de ASEPRO.
