Recuerdan que la ‘policía de barrio’, reclamada por los vecinos de Pumarín y por el PSOE, «existe desde hace años», en la forma de la ‘policía comunitaria’, y llaman a actualizar el marco legal para «evitar la sensación de impunidad de ciertos delincuentes»
Es un hábito 100% humano tratar de buscar responsables cuando algo no sale como debería, o como se espera. Sobremanera cuando ese ‘algo’ afecta a cuestiones tan delicadas como la seguridad ciudadana. Y también es propio de la condición humana achacar la totalidad, o parte, de esa culpa a los elementos más evidentes del problema. En el caso de la escalada de delincuencia que, desde hace un año, se registra en el entorno de la calle Río Muni, en el barrio de Pumarín, resulta muy fácil achacar la falta de soluciones a la labor de las fuerzas policiales, cuyos agentes son los activos más visibles de cuantos tratar de combatir dicho mal. Pues bien, parte de esas fuerzas, cansadas de verse en el foco, han querido dar un paso al frente y dignificar su labor. En declaraciones hechas a este diario, fuentes sindicales de la Policía Local de Gijón aclaran que algunas de las reivindicaciones hechas en los últimos días, como la restitución de una supuesta ‘policía de barrio’, carecen de base, pues recursos así ya existen y están plenamente operativos. El problema, aseguran, radica en la necesidad de ajustar el marco legislativo para que la actividad de los uniformados sea lo más efectiva posible.
«Entendemos el hartazgo vecinal, por supuesto, pero esa ‘policía de barrio’ de la que hablan algunos ya existe: se llama ‘policía comunitaria’, y lleva años prestando servicio», acotan esas fuentes, dando respuesta a una petición vertida este martes por el presidente de la Asociación Vecinal ‘Severo Ochoa’ de Pumarín, Roberto Devesa, y secundada por la concejala del PSOE gijonés Marina Pineda. Aquel día Devesa recordó que, «estando ‘Tini’ de alcalde (el difunto Vicente Alberto ‘Tini’ Álvarez Areces,) había dos municipales paseando por el barrio», y auguró que «solo con eso, si el problema no desaparece, sí se atenúa muchísimo». Pues bien, los delegados sindicales consultados por miGijón insisten en que «ese mismo servicio es el que presta la ‘policía comunitaria'», integrada por medio centenar de agentes y cuatro subinspectores, todos ellos al mando de un intendente; de ese personal, la mitad patrulla a pie, y la otra, en pequeñas motocicletas eléctricas. Y las misiones de estos policías, distribuidos a razón de dos por barrio, son variadas: desde controlar los accesos a los centros educativos a primera hora de la mañana, hasta analizar la presencia de vehículos abandonados, o vigilar discretamente aquellas zonas conocidas por ser puntos de venta de droga al menudeo. En fin, un trabajo «amplio, completo y útil» que, opinan desde el cuerpo, «se desvirtúa al decir cosas como que no hacemos nada, cosa que no es cierta; pero de nada sirven más agentes sin apoyo de las leyes».
«La solución no pasa por un hipotético aumento de la presencia policial; lo que las Administraciones tienen que hacer es repasar sus planes antidroga, tanto a nivel nacional, como autonómico y municipal, y actualizarlas a la realidad»
La mención al marco legal reabre un recurrente foco de desacuerdo entre las organizaciones representativas de los profesionales policiales, y quienes han de elaborar y regular dichas regulaciones. En toda España son legión los agentes que opinan que, con demasiada frecuencia, su trabajo se ve lastrado por las decisiones judiciales; en redes sociales y foros especializados abundan los comentarios en ese sentido. En el caso concreto del dueño de la polémica floristería de Pumarín, detenido este jueves junto con el gerente, ambos por tráfico de drogas, acumula varios antecedentes por delitos similares. «Es gente que, muchas veces, ya ha estado en prisión, pero que sale después de poco tiempo y sin que haya habido más medidas, convencida de que puede volver a actuar», alertan las fuentes sindicales de la Local de Gijón. Lo mismo ocurre «con el menudeo; podemos detener a los que lo practican, pero si vuelven a la calle en cuestión de días… ¿De qué sirve?». Es más, tales actuaciones, en muchos casos, resultan «hasta beneficiosas para los traficantes; si se detiene a un vendedor y se le incauta la mercancía, tendrá que pagar el doble al proveedor, que siempre sale ganando».
Por eso, a su juicio, la solución «no pasa por un hipotético aumento de la presencia policial; lo que las Administraciones tienen que hacer es repasar sus planes antidroga, tanto a nivel nacional, como autonómico y municipal, y actualizarlas a la realidad». Y ponen como ejemplo el Plan Nacional sobre Drogas, un documento «que se ha quedado claramente desfasado; sin herramientas adecuadas a mano, poco más podemos hacer…».
