El 1 de febrero de 2014 se celebró en Madrid una de las mayores manifestaciones de la historia del feminismo en España. El objetivo de la movilización, conocida como el «tren de la libertad”, era la retirada del anteproyecto de ley del aborto presentado en diciembre de 2013 antes por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La nueva norma promovida por el Gobierno del Partido Popular sustituiría la vigente ley de plazos por una ley de supuestos, similar a la que estuvo en vigor en España entre 1985 y 2010.
Gijón y Asturias, a través de su consolidado tejido asociativo feminista y el apoyo institucional del Gobierno del Principado de Asturias, fueron la cuna de la multitudinaria marcha, en la que convergieron mujeres llegadas en tren a la capital española desde todos los rincones del país. Además, movilizaciones similares fueron convocadas simultáneamente en otras capitales de Europa y América Latina.
«El 23 de septiembre de 2014, menos de ocho meses después de la partida del «tren de la libertad» de la gijonesa estación de Sanz Crespo, Ruiz-Gallardón dimitía»
Tras recorrer las calles de Madrid, la manifestación culminó con la entrega en el registro del Congreso de los Diputados del manifiesto «Porque yo decido», redactado por la doctora en Filosofía y feminista asturiana Alicia Miyares. El 23 de septiembre de 2014, menos de ocho meses después de la partida del «tren de la libertad» de la gijonesa estación de Sanz Crespo, Ruiz-Gallardón dimitía tras el anuncio ese mismo día por parte de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, de la retirada de su anteproyecto de ley del aborto.
La movilización masiva de las mujeres y el mayoritario rechazo social a la reforma obligaron a la derecha a dar marcha atrás y mantener la ley de plazos del año 2010. El tren violeta logró así detener lo que habría sido una histórica involución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas. Toda una victoria del feminismo.
Siete años después de nuestro «tren de la libertad», otros países de la Unión Europea se enfrentan a situaciones parecidas a la que se vivía en España entonces. Actualmente, son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres polacas los que han sufrido un durísimo golpe. Desde el pasado 27 de enero, Polonia aplica una normativa que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación, supuesto bajo el que se llevaban a cabo la mayoría de abortos en el país.
De acuerdo con esta ley, solo es legal el aborto en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la madre, sea fruto de una violación o de una situación de incesto. La nueva norma, promovida por el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional polaco el pasado mes de octubre.
Desde el pasado 27 de enero, Polonia aplica una normativa que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación
A partir de ese momento, las mujeres salieron a la calle de manera masiva para exigir la retirada de esta ley. Las movilizaciones llegaron también a otras ciudades europeas. Entre ellas, Bruselas, donde representantes de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo se manifestaron reiteradamente en contra de esta nueva normativa y brindaron su apoyo a las mujeres polacas.
Tras el anuncio de la aplicación de la ley que prohíbe el aborto en caso de malformación, se han convocado nuevas movilizaciones en distintas ciudades de Polonia, aunque las concentraciones de personas están limitadas en el país para frenar los avances de la pandemia del coronavirus.
Pese a que en toda Europa existen restricciones similares, es fundamental que desde todos los rincones de la UE expresemos nuestro rechazo más rotundo a la nueva ley del gobierno polaco. En materia de derechos sexuales y reproductivos, al igual que en la inmensa mayoría de ámbitos, cuando un país europeo involuciona, lo hace el conjunto de la Unión. Así pues, el tren violeta debe volver a ponerse en marcha, en esta ocasión en defensa del derecho a decidir de nuestras compatriotas polacas.
Ana Martínez es colaboradora de miGijón y asistente en el Parlamento Europeo
