La negativa del Consejo de Ministros de revisarla de oficio a petición de la patronal asturiana del sector, alegando el tiempo transcurrido desde la firma de la ampliación de la concesión, lleva a la inteporsición un recurso contencioso-administrativo ante este tribunal

Saben que será un proceso largo que podría llevar años, pero ni la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ni las asociaciones del transporte de la comunidad ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR renuncian a una cuestión que consideran de justicia: la supresión de la prórroga del peaje del Huerna. «Agotaremos todas las vías jurídicas para corregir un agravio histórico que ya dura un cuarto de siglo. El Gobierno ha tenido la oportunidad de poner fin a una prórroga ilegal y ha preferido el parche de las bonificaciones a abordar la raíz del problema. La decisión del Consejo de Ministros no cierra el debate: lo traslada al Tribunal Supremo», apuntó ayer María Calvo, presidenta de FADE.
El Gobierno rechazó la petición de la patronal, realizada en febrero, de revisarla de oficio alegando únicamente el tiempo transcurrido desde la ampliación de la concesión, firmada en el año 2000, que pasaba de finalizar en 2021 a 2050, sin entrar en el fondo del asunto, lo que les ha llevado a interponer un recurso contencioso-administrativo ante este tribunal, paso anunciado también por el Ejecutivo asturiano hace un mes. Entienden que este pago lastra la competitividad de las empresas asturianas y encarece la conexión por carretera con el resto del país, dejando a la comunidad en clara desventaja con las demás. «Es triste tener que llegar a estos extremos y que las empresas perdamos energías, tiempo y dinero en arreglar este problema. Pero llegaremos hasta donde haya que llegar», señala por su parte Manuel Ángel García, presidente de CESINTRA.
Ovidio de la Roza, presidente de ASETRA, expresa que «dada la falta de voluntad política, la judicial ha sido la única vía posible para tratar de eliminar la ampliación. No descarto que terminemos peleando el peaje en Luxemburgo; y lo haremos si es necesario». «Daremos los pasos que haganfalta para terminar con el aislamiento de Asturias»,añade Patricia Isla, presidenta de ASVIPYMET, mientras que Ana Belén Barredo, presidenta de CAR, señala que «debemos resolver cuanto antes una situación injusta tanto para las empresas de transporte como para los ciudadanos de Asturias, que, teniendo toda la razón, se tienen que enfrentar a un escenario injusto».
«Los asturianos están pagando dos veces por el mismo peaje: una al cruzarlo y otra a través de los más de 16 millones de euros públicos que el Estado ha destinado a la concesionaria para financiar las bonificaciones. No tiene sentido que el dinero de los contribuyentes asturianos termine sosteniendo el beneficio privado de un operador en una autopista que jamás debió prorrogarse», concluye Calvo.