Usuarios, repartidores y defensores de la movilidad sostenible serán los principales afectados
La decisión del Ayuntamiento de Gijón de prohibir la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, en buena parte del centro urbano a partir del próximo 1 de junio ha abierto un nuevo debate sobre el modelo de movilidad en la ciudad. La medida, defendida por el equipo de gobierno como una cuestión de seguridad y convivencia, ha encontrado ya oposición que cuestiona tanto su eficacia como su fundamentación técnica y jurídica.
El anuncio fue realizado este jueves por el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, acompañado por la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo. La restricción afectará a un amplio perímetro del casco urbano, incluyendo zonas como Capuchinos, Uría, Menéndez Valdés, la plaza del Instituto, Munuza, la plaza del Carmen, Begoña o Marqués de Casa Valdés, además de varias calles adyacentes.
Según explicó el Consistorio, la decisión responde a la necesidad de reducir conflictos entre peatones, autobuses urbanos y usuarios de patinetes en calles con gran densidad peatonal y elevada actividad comercial. Para ello se instalarán doce señales R-118 de la Dirección General de Tráfico, que prohíben expresamente la entrada de vehículos de movilidad personal.
El Ayuntamiento sostiene que el incremento de infracciones y conductas incívicas ha obligado a adoptar nuevas medidas. Solo en el primer trimestre del año, la Policía Local tramitó alrededor de 200 sanciones relacionadas con el uso de patinetes eléctricos. Entre las infracciones detectadas figuran la circulación por aceras, el uso del teléfono móvil o auriculares durante la conducción, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las sanciones previstas para quienes circulen por las zonas restringidas serán de 90 euros, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
La respuesta del Observatorio Xixonés de Movilidad (OXM) no se hizo esperar. El colectivo considera “injustificada” la prohibición y acusa al Consistorio de adoptar una medida “populista” que, a su juicio, tiene “poco que ver con la seguridad de los peatones y con resolver los posibles conflictos” derivados del uso de este tipo de vehículos.
Desde la entidad cuestionan especialmente el argumento municipal relativo a la ralentización del transporte público. “Debido a las múltiples paradas, la estrechez de calles y la elevada presencia de peatones, los autobuses urbanos ya circulan de por sí a velocidades bajas”, señalan. En este sentido, recuerdan que los VMP tienen limitada su velocidad máxima a 25 kilómetros por hora y sostienen que “rara vez” los autobuses alcanzan en esas zonas una velocidad comercial superior.
OXM también pone en duda que el foco del problema de seguridad vial deba situarse sobre los patinetes eléctricos. El colectivo denuncia la ausencia de estadísticas públicas completas sobre atropellos relacionados con VMP y sostiene que la siniestralidad urbana en Gijón continúa vinculada principalmente a coches y motocicletas.
“Según la información publicada en prensa y a falta de datos oficiales completos, la ciudad mantiene un grave problema de atropellos de vehículos a motor”, señalan desde el observatorio. Además, critican que el acceso a los datos municipales sobre movilidad y tráfico “se deniega sistemáticamente” en las comisiones de tráfico.
La organización considera además que la decisión puede tener consecuencias directas sobre determinados perfiles de usuarios, especialmente trabajadores de reparto que utilizan este tipo de vehículos para desplazarse por el centro urbano. “Además de coartar la libertad de desplazamiento, dificulta el trabajo de los repartidores al cortar de facto algunas de las principales vías de comunicación de la ciudad”, afirman.
El colectivo también pone el foco sobre el encaje jurídico de la medida. Aunque reconocen que la señal R-118 está contemplada en la normativa estatal y permite prohibir la entrada de VMP en determinadas calles, consideran que el Ayuntamiento todavía no ha aclarado suficientemente el régimen sancionador ni la cobertura normativa concreta sobre la que se apoyará la prohibición.
“No queda claro si las sanciones se tramitarán a través de una ordenanza municipal propia o mediante la normativa estatal”, apuntan desde OXM, que también cuestiona “la justificación de esa discriminación a la hora de circular”.
La situación normativa en Gijón añade complejidad al debate. La Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2021 fue anulada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por lo que actualmente continúa vigente una ordenanza anterior que no regula específicamente los vehículos de movilidad personal.
No obstante, la legislación estatal sí reconoce competencias a los ayuntamientos para ordenar y regular el tráfico en vías urbanas. La señal R-118, incorporada al catálogo oficial de señales mediante un real decreto aprobado en 2025, permite prohibir expresamente el acceso de VMP a determinadas calles.
Por lo que ha sabido este diario, el Ayuntamiento tiene capacidad legal para implantar restricciones de este tipo mediante señalización reglamentaria. Sin embargo, se apunta también que la solidez jurídica de las sanciones podría depender de la existencia de informes técnicos, resoluciones administrativas o criterios objetivos que justifiquen la medida desde el punto de vista de la seguridad vial o la convivencia peatonal.
En caso de recurso, algunas de las cuestiones que podrían entrar en discusión serían la proporcionalidad de la prohibición, la motivación técnica de la medida o incluso la correcta instalación y visibilidad de la señalización.
Mientras tanto, la entrada en vigor de la prohibición marca un nuevo episodio en el debate sobre la movilidad urbana en Gijón. El aumento del uso de patinetes eléctricos en los últimos años ha obligado a numerosas ciudades españolas a revisar sus normativas y redefinir los espacios de convivencia entre peatones, bicicletas, transporte público y vehículos de movilidad personal. Gijón se suma ahora a ese proceso con una medida que, previsiblemente, continuará generando discusión en las próximas semanas.
