La formación que lidera Javier Suárez Llana tacha de «infamia» el intento de convertir la empresa de vivienda en «una policía migratoria y de la moral», repite su amenaza de acudir a los tribunales, y responsabiliza a la alcaldesa, Carmen Moriyón
La regidora guarda silencio, pero desde la Concejalía de Servicios Sociales el ‘popular’ Guzmán Pendás acusa al partido en la oposición de incurrir en «falsedades» y «demagogia», e insiste en que todo cuanto se haga «respetará la legalidad»
Que el futuro de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón (EMVISA) iba a colarse en el debate política era algo sabido desde el mismo momento en que trascendieron los cambios exigidos por Vox para apoyar los presupuestos de la entidad para el año próximo… Y desde que se supiese que el Gobierno de la ciudad accedía a aplicarlos. Esa certeza quedó demostrada este miércoles, durante el Pleno ordinario de octubre; más aún, la sesión demostró a las claras el abismo que separa al Ejecutivo de la oposición de izquierdas en lo referente al futuro de EMVISA. Aprovechando el turno de preguntas, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, arremetió frontalmente contra el tándem Foro-PP por «compran tanto los programas políticos de la ultraderecha, como su cobardía», en un ataque dirigido específicamente contra la alcaldesa, la ‘forista’ Carmen Moriyón. Pese a haber dado su apoyo al acuerdo desde distintos medios de comunicación, la regidora rechazó pronunciarse; no obstante, sí lo hizo el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el ‘popular’ Guzmán Pendás, quien acusó a Suárez Llana de incurrir en «falsedades», y en recurrir a la «demagogia» en su argumentación.
Fue el afán del líder de IU Xixón de conocer cómo se aplicará el contenido del pacto lo que motivó su pregunta inicial, a la que Pendás respondió dejando claro que «nada de lo acordado, ni de lo que se pueda desarrollar, infringirá la normativa autonómica» en materia de vivienda. Ahora bien, el propio edil aclaró que el desarrollo en profundidad de dicha regulación aún no ha sido llevado a cabo por el Principado, por lo que, hoy por hoy, «muchos de esos aspectos del contenido mínimo de la ley no están sujetos a criterios específicos, ni determinados». Una suerte de campo abierto que alimenta el temor de la izquierda a que los postulados de Vox -que, a la hora de priorizar la asignación de una vivienda de emergencia social, incluyen criterios como los años de empadronamiento, la solvencia económica, el comportamiento cívico o la estancia regular en España- se ‘cuelen’ en la labor de EMVISA. «Pretenden restringir el acceso a un recurso esencial a toda una serie de vecinos de la ciudad», denunció Suárez Llana, antes de reiterar su amenaza de «llevar a los tribunales» el acuerdo suscrito por el PP y que, en última instancia, «la alcaldesa avala». Acuerdo, por cierto, que no dudó en tachar de «infamia política».
«Lo que pretendemos es priorizar a aquellos vecinos de Gijón que llevan más años en situación de vulnerabilidad»
Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón
En un recorrido por las exigencias de Vox, el portavoz de IU fue criticando los puntos de lo que definió como «una ‘prioridad nacional’ a la gijonesa». De entrada, el del tiempo de empadronamiento es «un criterio de acceso, pero no baremable; si estás empadronado, estás dentro del programa». Eso llevaría a un segundo aspecto polémico: el de la solvencia de los candidatos, y su conexión con el tiempo pasado en el padrón; una perspectiva que escandaliza a Suárez Llana. «¿De verdad defiende eso?», espetó, incrédulo, a Pendás, antes de tirar de ironía e invitarle a «introducir el criterio de la ‘prioridad vecinal’ al acceder al conjunto de prestaciones y servicios públicos; ¿Es esa la política social de Foro y del PP?». Por si fuese poco, Vox también reclama ponderar los comportamientos cívicos y responsables, y las conductas prosociables. «¿Qué criterios son esos? Nada está tipificado en la normativa en este país, es algo subjetivo», alertó, acusando al Gobierno de querer «convertir a EMVISA en una ‘policía de la moral'». De la moral, y «migratoria», pues la cuarta medida, «el orgasmo de la ultraderecha», sería la realización de auditorías para determinar si los solicitantes están en situación regular en España.
Como se ha dicho Moriyón, pese a las reiteradas llamadas a que se expresase en el que es el órgano de máxima representación de la ciudadanía, optó por guardar silencio, lo que le valió la acusación de Suárez Llana de «no solo comprar los programas políticos de la ultraderecha; también su cobardía». A ese respecto, tampoco la representante gijonesa de Vox, Sara Álvarez Rouco, pudo reaccionar por alusiones, ya que renunció a acudir a la sesión para estar presente en el Pleno de la Junta General del Principado. Sí lo hizo, en cambio, Guzmán Pendás. El titular de Servicios Sociales afeó al portavoz de IU «su forma de hacer demagogia», y apuntó que «es falso lo de ‘prioridad nacional’; aquí no hablamos ni de origen, ni de nacionalidad». Muy al contrario, recalcó que el objetivo de los cambios en la metodología de EMVISA responde a un afán de «priorizar a aquellos vecinos de Gijón que llevan más años en situación de vulnerabilidad». Y, respecto a los criterios de comportamiento, concluyó poniendo un ejemplo: «¿Usted me puede decir que a una persona a la que se la da una vivienda de emergencia, que la daña y que obliga a pagar 30.000 euros en reparaciones no se le puede rescindir el contrato?».
