Mientras el socio del PSOE en el Principado exige «una bonificación del 100%», el PP pone en duda que los socialistas hayan presionado los suficiente a Moncloa; Foro habla de «injusticia» y de pago «ilegal», y Vox reitera que el Gobierno central «abandona a Asturias»
En la escena política española actual, independientemente de su escala, no es frecuente encontrar puntos de vista compartidos por todas las formaciones que dan voz a los ciudadanos, independientemente de su tendencia ideológica. Bien, en Asturias, y no sin matices, el peaje del Huerna está consiguiendo esa rareza. Sobre todo, después del reciente anunció de que las obras de rehabilitación del túnel del Negrón obligarán a limitar la circulación a una sola calzada hasta noviembre, a consecuencia de la dilatación de los plazos iniciales. Si ayer miércoles la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se lanzaba en tromba contra dicha demora y, por extensión, contra el mantenimiento del cobro, poco después hacían lo propio los representantes tanto de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, fuerza asociada con el PSOE en el Gobierno asturiano, como las principales fuerzas con presencia en la Junta General. El mensaje, común a todas ellas, es claro: el peaje debe desaparecer, sí, pero, sobre todo, ha de anularse mientras dure esa intervención.
«Es algo absolutamente inaceptable», exclamó Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, en referencia al mantenimiento del peaje. El suyo fue un exabrupto ligado a una propuesta efectiva: la bonificación del 100% del precio del trayecto hasta que concluyan las obras en el Negrón, viable siempre y cuando AUCALSA, empresa concesionaria del cobro, se avenga a ello. A tal fin, y ante la falta de voluntad por su parte, Vegas llamó a una intervención directa en el asunto por parte del Ministerio de Movilidad. El mismo Ministerio contra el que, por su parte, cargó Adrián Pumares, representante de Foro en el Grupo Mixto. Convencido de que la realidad del momento entraña una «doble vergüenza», detalló ese concepto explicando que, por un lado, está el retraso en las obras, al que «los asturianos ya están acostumbrados». Pero, por otro, se halla la «injusticia» de pagar un peaje «ilegal» que «no se termina porque el PSOE no quiere que se termine».
Los argumentos de Pumares fueron recogidos y secundados por Álvaro Queipo, presidente del PP autonómico. Si embargo, fue un paso más allá. En su calidad de voz de mando en el que es el principal partido en la oposición, Queipo recordó que el pasado fin de semana, en el curso del Comité Federal del PSOE, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, estuvo «a pocos metros» del presidente del Gobierno nacional, el también socialista Pedro Sánchez, una coincidencia física que, a juicio del líder del PP, podría haber abierto la puerta a poner el tema sobre la mesa. «No sé si aprovechó el momento, o había demasiada tensión en la sala», comentó ayer un irónico Queipo. Eso sí, en el caso de Vox todo atisbo de ironía fue ampliamente reemplazado por la ira más visceral. Su diputada en la Junta, Carolina López, tachó la situación de «totalmente injusta», afirmó que «es vergonzoso que paguemos dieciséis euros para ver carriles cortados y caravanas», y concluyó mencionando que, a su parecer, se está ante «una tomadura de pelo más» por parte de un Gobierno, el central, que «abandona a Asturias».
