El Gobierno incluirá en los presupuestos del año próximo una partida para costear el que ya es conocido como ‘Proyecto Barnahus’, que se edificará en una parcela de Llamaquique aún por definir, y que entrará en servicio a lo largo de 2025
Hacen falta demasiados dedos para contar las muchas lacras que se han cernido sobre la sociedad global en general, española en particular y, más concretamente, asturiana en las últimas décadas. Sin embargo, una de ellas despunta por lo trágico, injusto y repulsivo de su carácter: las consecución de delitos sexuales contra menores de edad. Y Asturias está decidida a armarse para proteger, en la medida de lo posible, a quienes son víctimas de semejantes actos. Así, el Gobierno del Principado confirmaba ayer que los presupuestos del año próximo, en fase de elaboración, incluirán una partida con la que costear la materialización del llamado ‘Proyecto Barnahaus’, cuyo mascarón de proa será la construcción en Oviedo de una ‘Casa de los niños y de las niñas’. ¿El objetivo de ese futuro equipamiento? Fácil: atender de manera integral a dichos menores de edad dentro de un entorno amable y específico, alejado de todas las connotaciones que, a menudo, entraña la escena judicial.
La buena nueva era trasladada este martes por el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, a la recientemente nombrada Fiscal Superior del Principado, María Eugenia Prendes, confirmando así la realización de una apuesta que es, en esencia, una demanda de esta última. El equipamiento resultante se levantará en el entorno de Llamaquique, en un emplazamiento concreto aún por definir, con la mirada puesta en que su entrada en funcionamiento se produzca a lo largo de 2025. Será allí donde se centralicen todos los servicios de atención a las víctimas menores que, en la actualidad, se hallan dispersos en distintas ubicaciones; algunas de ellas, incluso, fuera de la capital asturiana. El resto de detalles se irán conociendo progresivamente, una vez los pliegos hayan sido elaborados en detalle.
«Aunque nosotros necesitemos también medios, materiales y personales, desde luego que más lo necesitan los menores que son víctimas de este tipo de atrocidades», celebraba una visiblemente satisfecha Prendes, quien no ocultaba que «no puedo estar más contenta» ante lo que calificó como un «notición». Y lo cierto es que su utilidad es difícil de cuestionar… Según datos hechos públicos hoy por el servicio Educo y por la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, la violencia sexual hacia la infancia en España tiene un coste económico global de casi 4.500 millones de euros, el equivalente al 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra abrumadora, como también lo es la de los poco menos de 1.276 millones que se invierten directamente en atender a los afectados, tanto en los casos denunciados como en los que no lo son. La diferencia correspondería a aquellos gastos difíciles de cuantificar, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza o los daños emocionales de la víctima y su familia.
Alertando de que se trata de cifras «muy justas y muy conservadoras», la directora de Incidencia Política de Educo, Macarena Céspedes, ha elevado la voz para advertir de que «no seremos capaces de saber cuál es el coste de sufrimiento» hasta no haber implementado, a escala nacional, políticas de prevención y detección precoz, formación para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y una aplicación «correcta, efectiva y rápida» de la legislación protectora vigente. No en vano, y tal como Céspedes ha matizado, se trata de un problema de amplio alcance, del que «sólo conocemos la puntita del iceberg».
