¿Están Barbón y la FSA tan desconectados de la indignación que recorre Asturias como para pretender que un hecho de esta gravedad no implique ninguna consecuencia política?
Pretender, como hace la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, despachar una tragedia que costó cinco vidas como el resultado de una “actividad clandestina” empresarial, preguntándose con desdén “qué pinta ahí la administración”, supone ignorar —o querer ocultar— lo que ya han dejado negro sobre blanco los informes oficiales y las conclusiones de la Comisión de Investigación llevada a cabo en la Junta General del Principado.
Porque sí, señora Lastra, hubo actividad clandestina. Pero lo verdaderamente escandaloso es que esa actividad clandestina se desarrolló durante tiempo suficiente como para terminar en una explosión mortal sin que la administración hiciera nada por evitarlo.
Y aquí los hechos son claros: tanto el informe de la Inspección General de Servicios como la comisión de investigación en la Junta General coinciden en lo fundamental. No se trató solo de irregularidades empresariales, sino de “alarmantes deficiencias en la gestión administrativa” y, lo que es más grave, de una “total falta de control y eficacia para detectar actividades no autorizadas”.
La administración no es un actor decorativo. Por tanto, cuando una mina —en proceso de cierre, sin permisos para extraer carbón— sigue operando ilegalmente hasta provocar una explosión de grisú, la pregunta no es “qué pinta ahí la administración”, sino por qué no actuó. Y esa inacción tiene responsables concretos, con nombre y apellidos, que deben asumir las consecuencias políticas de no haber llevado a cabo eficientemente su labor.
Decía hace un año, tras el accidente, Adrián Barbón, que llegaría hasta el final “caiga quien caiga”. Hoy nos preguntamos: ¿“caiga quien caiga”, salvo que se trate de Nieves Roqueñí? ¿“caiga quien caiga”, salvo que se trate de Belarmina Díaz? ¿o “caiga quien caiga”, siempre que no se trate de Enrique Fernández? Resulta evidente que, cuando afirmaba esto, Barbón mintió.
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿de verdad, después de todo lo ocurrido, nadie va a dimitir? ¿Están Barbón y la FSA tan desconectados de la indignación que recorre Asturias como para pretender que un hecho de esta gravedad no implique ninguna consecuencia política? Porque si, tras una tragedia con cinco fallecidos, todo se salda con explicaciones genéricas, sin asunción de responsabilidades ni consecuencias personales, el mensaje que se traslada es devastador: que el sistema puede fallar de forma estrepitosa sin que nadie responda por ello.
Y cuando el poder se instala en la negación de la evidencia, lo que se constata, una vez más, es el agotamiento de un ciclo político que ya no da más de sí. En este punto, no es la oposición quien lo señala: es la propia realidad la que, más pronto que tarde, termina imponiendo la necesidad de un cambio.
David Cuesta García es secretario general del PP de Gijón
