El partido en la oposición exige que los padres y tutores de menores de entre 12 y 16 años tengan «voz y voto» en decisiones que afectan a su salud; es un condicionante innegociable, y el más importante de los contenidos en las diecisiete enmiendas presentadas por los populares

¿Tendrás Asturias, al fin, su propia ‘Ley LGTBIAQ+’, abandonando así una categoría de dudoso honor de la que, hoy por hoy, solo forman parte la misma y Castilla y León? Es posible, sí… Al menos, en ello se está trabajando en la Junta General del Principado. Pero, claro, todos los grupos políticos tienen sus condiciones para brindar sus respectivos apoyos a la futura norma. Ayer jueves el Partido Popular (PP), a través del diputado Manuel Cifuentes, dejó claras las suyas. Y, de entre las diecisiete que integran las otras tantas enmiendas presentadas al texto preliminar -de un total de 67 registradas por el total de formaciones-, una despunta como ‘línea roja’ innegociable: la obligatoriedad de que, en el caso de los menores de entre 12 y 16 años, sea sus tutores quienes consientan expresamente cualquier posible terapia de transición de sexo. Solo así los populares votarán a favor de una ley que, opinan, debe contar «con el consenso más amplio posible» para evitar males futuros.
«Se debe garantizar que las familias o tutores legales de esos menores tengan voz y voto en aquellas decisiones que afecten al ámbito sanitario», planteó Cifuentes, convencido de que, tras años de espera y de debates sin resultados tangibles, por fin «hay voluntad» en la Junta. No obstante, por el momento el PP ignora si el Ejecutivo que encabeza el socialista Adrián Barbón estará dispuesto a aceptar esa condición sine qua non, como tampoco sabe si se dará paso a otras enmiendas, como aquellas que versan sobre el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia en aquellos casos en los que practicar un cambio de sexo les pueda entrañar alguna forma de compromiso ético o moral. Sea como sea, aún hay margen para que las distintas formaciones acerquen posturas, limen asperezas y decidan ante qué ceden. No en vano, los trabajos en torno a la norma arrancarán en el Parlamento asturiano no antes del 14 de junio, lo que concede una ventana temporal nada desdeñable.