Tras hacerse el Gobierno con la tecnológica, afloran hoy cuantiosas deudas con la Agencia Tributaria fruto de la gestión controvertida de los muy gubernamentales directivos de Duro Felguera
Lo que se presenta como solución a los ciudadanos no siempre lo es. La raíz de muchos males de empresas asturianas no se encuentra en los mercados mundiales, ni en los supuestos manejos de grandes empresas, sino más cerca de nosotros, en las maniobras de los gobiernos y sus políticas.
El caso de Duro Felguera es muy doloroso para los asturianos porque siendo empresa emblemática, la más antigua de las cotizadas de España y tractora de otras, está sufriendo un varapalo contable y financiero teniendo, paradójicamente, un nivel de trabajo, de contratos y de capacidad tecnológica excelentes.
El gobierno español intervino la empresa a través de la SEPI con un préstamo de €120 millones con el objetivo, pactado con los directivos, de encontrar un socio del sector de la construcción industrial que pudiese ser, a la vez estratégico para el mismo tipo de negocio y financiero para reflotar a Duro en este aspecto.
Este préstamo de la SEPI vino con algunas irregularidades. Las más destacables son:
- El gobierno impuso la presencia de dos miembros para su representación dentro del Consejo de Administración. No solo la SEPI ha colocado a dos de los suyos, sino que el actual CEO de la empresa, Jaime Argüelles, formalmente contratado por la propia empresa, es igualmente un directivo encajado por designio gubernamental.
- El gobierno impuso a Duro la cesión de la joya de la corona de la empresa: EPICOM, dedicada a la alta tecnología de encriptación y ciberseguridad. Y digo cesión porque el precio pagado por la SEPI a Duro fue de €5,3 millones, precio de saldo muy por debajo de su valor real. El gobierno de Sánchez buscaba y logró hacerse con EPICOM e integrarla en INDRA, la empresa para todo de Pedro Sánchez.
De todas las ocultas ofertas inversoras recibidas solamente se dio de paso a la del grupo mexicano formado por PRODI y Mota-Engil. El proceso de desembarco de los mexicanos se resume bien así:
– Hacer un préstamo a Duro Felguera de €90.000.000 cuyo tramo final se depositó el 11 de diciembre.
-La devolución de ese préstamo habría de hacerse en forma de conversión de ese dinero en acciones de la empresa.
-Tal conversión culminó tras una fase de ampliación de capital donde se ofertó la compra de acciones de la compañía a los actuales accionistas (cerca de 14.000, un accionariado muy disperso).
-Como al terminar el periodo de compra de acciones los actuales accionistas no acudieron en volumen suficiente para cubrir el total de las acciones, éstas pasaron mayoritariamente a manos del grupo mexicano (un 54%).
-Al tratarse de un inversor extranjero, Prodi-Mota solicitaron ser eximidos de lanzar una OPA y verse así libres de competencia en una puja. La CNMV les concedió la OPA con facilidad, acción que se justificó por la muy delicada situación contable y financiera de Duro. Pero no podemos dejar de vincular esas facilidades con el hecho de que la deseada EPICOM acabara en manos del Gobierno.
Y es así como, tras hacerse el Gobierno con la tecnológica, afloran hoy cuantiosas deudas con la Agencia Tributaria fruto de la gestión controvertida de los muy gubernamentales directivos de Duro Felguera.
No cuestionamos que esa deuda deba ser devuelta, pero ¿por qué aflora ahora cuando ya hay socio estratégico? Y, ¿por qué el Gobierno pagó por EPICOM una cantidad irrisoria que impidió a DF un alivio contable?
Preguntas que precisan respuesta.
Joaquín Santiago Rubio es miembro del Club de los Viernes
