«Es urgente que las instituciones miren de frente esta crisis y actúen con decisión: más vivienda pública, control del alquiler, incentivos para quienes ofrecen contratos estables y garantías reales para inquilinas e inquilinos»
Encontrar una vivienda en alquiler en Asturias se ha convertido en una misión imposible. Lo que antes era complicado, ahora es directamente desesperante. Ya no se trata del precio -aunque la más barata ronda los 800 euros al mes en Gijón-, sino de que ya no hay viviendas disponibles para larga estancia. Los anuncios desaparecen en cuestión de horas y las visitas se agotan como si se tratara de un concierto de tu artista del alma: más de cien personas interesadas por el mismo piso, todas compitiendo por un techo que cada vez se siente más lejano.
Y si por suerte aparece una oportunidad, lo que viene después roza la parodia. Tener un empleo y una nómina ya no basta. Te piden ser funcionaria, cobrar más de 2.000 euros, no tener mascotas, no tener descendencia, caer bien, presentar un aval con una buena nómina o una propiedad a su nombre (en una ocasión incluso pedían que tengas propiedades, ¡voy a alquilar para vivir, no estoy jugando a Los Sims!) y, por si fuera poco, adelantar varios meses de fianza. Algunas personas cuentan que les han llegado a exigir el equivalente a 5 meses de alquiler por adelantado.
Esta situación no es una anécdota, sino una realidad cotidiana que se extiende por todo el Principado. En Gijón, Oviedo y Avilés —pero también en concejos más pequeños—, el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio reservado a unas pocas personas. Mientras tanto, los salarios apenas superan los 1.200 euros, y las ayudas públicas resultan insuficientes o inalcanzables por culpa de unos baremos que no se ajustan al coste real de vivir (Por ejemplo, para acceder a la ayuda al alquiler en Gijón primero tienes que encontrar una vivienda por menos de 550 euros. Ese es uno de los requisitos. Irónico, ¿verdad?)
El problema no es solo económico, sino estructural. No hay oferta suficiente, la vivienda pública es inexistente y el mercado privado está más que saturado. Los pisos turísticos ocupan el espacio que antes se destinaba a residentes, y la falta de regulación permite que la especulación siga campando a sus anchas. Asturias, que presume de calidad de vida, está expulsando silenciosamente a quienes trabajan, estudian o crían aquí, porque no pueden permitirse seguir viviendo en su propio territorio. Y lo peor es que se vaticina un futuro más oscuro y frío, sin techo ni una forma real de conseguirlo.
Es urgente que las instituciones miren de frente esta crisis y actúen con decisión: más vivienda pública, control del alquiler, incentivos para quienes ofrecen contratos estables y garantías reales para inquilinas e inquilinos. Porque el derecho a una vivienda no puede depender de la suerte ni del salario.
Vivir en Asturias no debería ser un lujo.
Debería ser, sencillamente, posible.
